La respuesta del Gobierno Federal y local fue casi inmediata, el esfuerzo es el resultado de contar con una sólida cadena normativa de operación, sin embargo, el punto débil de la cadena ha sido el fenómeno de la corrupción, el compadrazgo y el conflicto de intereses. Aunque es imposible predecir los sismos, los daños pueden aminorarse con el andamiaje regulatorio que se tiene, o al menos eso se creyó hasta que la sociedad fue testigo de cómo funcionarios se coludieron por intereses económicos para avalar construcciones sin las garantías mínimas de seguridad.
La corrupción mata, así se resumió en la Ciudad de México con la caída o los severos daños sufridos en edificios nuevos (no más de 1 año de ser entregados). Un ejemplo fue Residencial San José, en la colonia Portales, en donde 2 personas perdieron la vida, luego de que una cuarta parte del inmueble se colapsó. A este lamentable caso, se sumó el del Colegio Rebsamen en la Delegación Tlalpan, en donde 19 niños y 7 adultos perdieron la vida. La serie de irregularidades inicia con las autorizaciones y permisos a cargo del DRO y la autoridad delegacional.
A raíz de los casos denunciados surgió a la luz pública la figura del DRO, poco conocida para la mayoría de los mexicanos, más aún la importancia que representa y un eje central para la desgracia. El Reglamento de Construcción para la Ciudad de México, en su artículo 5 señala que, “Las áreas competentes de las Delegaciones o de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción especial, permisos y/o autorizaciones, deben contar cuando menos con un profesional calificado con registro vigente de Director Responsable de Obra o Corresponsable, con objeto de que emita las opiniones especializadas que le sean requeridas.” Asimismo, se establece en el artículo 35, párrafo III, que como parte de sus obligaciones cuando el propietario de un inmueble o constructor no cumpla con el reglamento, debe notificar de inmediato a la Delegación política correspondiente. Algo que no sucedió.
Ante lo anterior, la PGJCDMX, hasta el 25 de octubre había iniciado un total de 184 carpetas de investigación. De ellas, 137 de oficio y 47 por denuncias; todas por diversos delitos relacionados con el sismo del 19/S, en su mayoría dirigidas a constructoras. Incluso ciudadanos líderes de la sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas presentaron demandas para que investigue si los derrumbes ocurridos fueron a causa de la corrupción, y de esta manera se finque la responsabilidad penal, por homicidio culposo, fraude especifico o uso ilegal de atribuciones.
