A poco más de un mes de que se publicara en el DOF el Acuerdo que permite abiertamente el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el gobierno de Michoacán presentó una Controversia Constitucional contra el Acuerdo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que invade sus facultades como entidad. Lo mismo hizo el Ayuntamiento de Colima. En este mismo sentido, la sorpresa fue la presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas,quien interpuso una tercera Controversia contra el acuerdo por alejarse de los parámetros constitucionales y para verificar que las acciones del Ejecutivo estén ancladas a la legalidad. Integrantes de Morena en la Cámara de Diputados tacharon la acción de la diputada del PAN de falsas y partidistas, afirmaron que la mayoría parlamentaria apoyaba el Acuerdo, calificaron de grave la acusación de la diputada contra el Presidente de realizar un fraude a la Constitución. Al defender el Acuerdo, argumentan que se busca responder al agudo problema de inseguridad que vive el país y es, al mismo tiempo, la ruta para llevar de nuevo a los cuarteles a las Fuerza Armadas. Al cierre de esta edición la SCJN no había conocido las Controversias Constitucionales, aunque existe el precedente de la invalidación de la Ley de Seguridad Interior, la creación de la GN fue plenamente aprobada y en ese momento ya se establecía lo que bien dijo el Presidente: era parte del proceso de creación del nuevo cuerpo policial, ya veremos qué dice el Alto Tribunal.
