El pasado 8 de junio, la Consultora Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en conjunto con Control Risks, publicaron en Nueva York la segunda edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC 2020), que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción. El Índice evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción.
“El Índice muestra en detalle cómo la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza, y en algunos lugares está retrocediendo peligrosamente. Lo más preocupante es que esto está sucediendo en medio del Covid-19, lo que aumenta el riesgo de corrupción en toda la región”, dijo Roberto Simón, Director Senior de políticas públicas de AS/COA.
Uruguay tiene el puntaje más alto (7.78 de 10), lo que significa que se considera el país que más probabilidades tiene de combatir o detener la corrupción. Le siguen Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52).
“Los resultados del Índice CCC 2020 revelan un panorama de reforzamiento de la ley desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva.”
De acuerdo con la consultora, los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina. Revelan un panorama de reforzamiento de la ley desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva.
El Índice CCC analiza 14 variables clave, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. El Índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.
México se Estanca en Combate a la Corrupción
No obstante el discurso político del combate a la corrupción y la bandera de la austeridad en las Instituciones del Gobierno Federal, en el CCC 2020 nuestro país ocupa el 8º lugar de Latinoamérica en su capacidad de descubrir, castigar y detener la corrupción con una puntuación de 4.55 de 10 puntos. Es decir, a pesar del discurso oficial de AMLO de estar terminando con la corrupción y ser un tema prioritario en su agenda, el índice CCC 2020 muestra que en la práctica no ha cambiado mucho este fenómeno negativo en México. De hecho, se muestra un estancamiento y mantiene una pobre habilidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El análisis indica que el estancamiento obedece a que no existe un progreso en las reformas institucionales. Hace énfasis en que AMLO ha ignorado por completo el Sistema Nacional Anticorrupción; no obstante, se ha aumentado la adjudicación discrecional en contrataciones públicas, así como el debilitamiento de los órganos reguladores y la falta de independencia de unidades como la de Inteligencia Financiera, aunque se reconoce el papel de la UIF en descubrir y perseguir casos de corrupción en la oposición o el Poder Judicial, empresarios, etcétera.
“Una parte importante de la metodología del índice es que se hace un análisis muy particular de qué reacción hay a las investigaciones y casos de corrupción contra la oposición y contra el partido o el grupo en el poder”, explicó Francisco García, analista senior de Control Risks México, concluyendo que la actual administración no ha demostrado voluntad de sancionar a sus allegados cuando se denuncian actos de corrupción.
En ese sentido, la independencia y eficiencia de organismos anticorrupción ha ido a la baja. En subcategorías bajo la variable de Capacidad Legal, como independencia y eficiencia judicial, México se ubica por debajo de Brasil, Colombia e incluso Perú y se acerca más a Guatemala y República Dominicana. También se registra una baja en la participación de la sociedad civil en denunciar actos de corrupción, señalan dos causas probables, que AMLO se ha adueñado de la causa y los ataques retóricos contra las ONG y grupos independientes.
Entre los sucesos a monitorear, el CCC 2020 indica los procesos contra Emilio Lozoya, Javier Duarte y Genaro García Luna. Además, se debe observar la completa implementación del modelo del sistema penal acusatorio que quizá traiga cambios importantes para combatir la corrupción, incluyendo la utilización de medios alternativos de solución de controversias. También observa riesgos latentes en los contratos públicos adjudicados a discreción y la imposición de los proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Aeropuerto internacional.
En la variable capacidad legal, las subcategorías mejor calificadas son el acceso a la información y transparencia gubernamental; cooperación internacional en el cumplimiento de la ley; nivel de experiencia y recursos para combatir criminales de cuello blanco. En el nivel más bajo se encuentra la independencia de los titulares de oficinas de investigación y fiscalías.
Democracia e instituciones políticas es calificada con un buen desempeño en la calidad de la democracia en general, así como la legislación de financiación de campañas políticas; sin embargo, por debajo de 3 puntos se encuentra el proceso legislativo. Mientras que en el sector civil, medios y sector privado, la calificación menor es para la comunicación digital y las redes sociales; la más alta es para la movilización de la sociedad contra la corrupción; con poco más de 6 puntos, la educación y con 6 la calidad de la investigación periodística.
“El 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos.”
En el territorio, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) también reportó un retroceso en el combate a la corrupción, sobre todo en la que sucede entre ciudadanos y servidores públicos. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 proporciona información sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y las experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con servidores públicos.
El costo total a consecuencia de corrupción en pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos fue de 12,770 millones de pesos en 2019. En cuanto al contacto con autoridades de seguridad pública fue de 2,244 millones de pesos. El 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos.
La tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.
No obstante, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.
Asociaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advierten que para el combate a la corrupción fuera de la retórica presidencial, es necesario consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, como bien menciona el CCC 2020. Sin embargo, MCCI encuentra 4 elementos que han obstaculizado su funcionamiento: 1) nombramientos pendientes; 2) medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz; 3) descalificaciones públicas sin sustento por parte de los representantes políticos, particularmente del Presidente de la República; y 4) nulo compromiso de los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el Sistema.
“Dada la situación, es necesario retomar las tareas pendientes para consolidar al SNA: es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concluyó la ONG.”
El presidente López Obrador ha acusado al SNA de ineficaz y costoso y sustenta su combate en la tipificación de la corrupción como delito grave, sin embargo, esta reforma lesiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia y debería ser derogado, argumenta la asociación. Dada la situación, es necesario retomar las tareas pendientes para consolidar al SNA: es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concluyó la ONG.
