En la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2020, Rosario Piedra Ibarra llamó a las instituciones del Estado mexicano para que, en el ejercicio de sus funciones y conforme a un enfoque diferencial, especializado, con perspectiva de género, e interseccional, respeten los derechos de las personas privadas de su libertad y garanticen su acceso a todos aquellos servicios que les permita una vida digna en reclusión y favorezcan su reinserción social, sin corrupción, distinción ni privilegios.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que el DNSP da a conocer las irregularidades cometidas y deficiencias detectadas en los centros estatales, federales, así como militares, específicamente en agravio de las personas mayores, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, las pertenecientes a la población LGBTTTIQ+ y quienes viven con VIH, así como las omisiones y exclusión que continúan cometiéndose en su contra.
Asimismo, permite observar las gestiones implementadas para prevenir, atender y/o mitigar los contagios de COVID-19 al interior de las cárceles.
Por su parte, la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, explicó que en el DNSP 2020 se verificaron las condiciones de reclusión de 113 centros penitenciarios, cubriendo de acuerdo con el muestreo seleccionado todas las entidades federativas del país y, gracias al rediseño de dicho instrumento de evaluación, en esta ocasión participaron organizaciones de la sociedad civil en su revisión y mejora.
De acuerdo con los resultados obtenidos, los centros penitenciarios de Sonora, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas y Nayarit siguen obtenido calificaciones inferiores a seis por varias deficiencias.
Los penales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas obtuvieron calificaciones promedio entre 6 y 7.60.
Las prisiones de la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro observaron mejoras en sus servicios y obtuvieron calificaciones entre 8 y 8.47.
En el caso de los Centros Federales de Readaptación Social, los CEFERESOS Número 2 (Jalisco); Número 5 (Veracruz); Número 7 (Durango); Número 9 (Chihuahua); el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Morelos) y los Centros de Prestación de Servicios (CPS) de Sonora, Guanajuato, Durango, Chiapas, Michoacán y Coahuila obtuvieron calificaciones entre 6 y 7.83.
Por su parte, los Centros Federales de Readaptación Social Número 1 (Estado de México), Número 4 (Nayarit), Número 8 (Sinaloa) y los CPS 13 (Oaxaca) y 16 (Morelos) obtuvieron calificaciones entre 8 y 8.64.
En el caso de las prisiones militares ubicadas en la Ciudad de México, Sinaloa y Jalisco, Téllez Lino señaló que obtuvieron evaluaciones al alza entre 9.0 y 9.1; aunque aclaró que, en todos los casos, las calificaciones deben interpretarse de acuerdo con el contexto de cada entidad y no se pueden tomar como un listado comparativo entre sistemas penitenciarios, ya que cada uno de ellos reviste características y enfrenta desafíos distintos.
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