La Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) documentó hechos que ocurrieron entre 2016 y 2018 en los que siete personas privadas de su libertad fallecieron a causa de de riñas, pleitos y ajustes de cuentas entre reclusos.
En la presentación de la Recomendación 03/2020, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la CDHCM, hizo un enérgico llamado a considerar los impactos integrales que tendrá el rompimiento de la de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal en el país, ante la actual discusión legislativa, orientada a aumentar el catálogo de delitos por los cuales se permitirá la prisión preventiva oficiosa.
Respecto a la Recomendación, explicó que se vulneró el derecho a la vida de siete personas y que los fallecimientos derivaron de riñas, pleitos y ajustes de cuentas entre personas privadas de libertad, y en ellas se evidencia no solo una omisión en el deber de cuidado por parte de personal técnico penitenciario y de custodia, sino una situación de violencia generalizada en los centros.
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Además de que la autoridad omitió también realizar un adecuado control en el ingreso, para evitar la presencia de objetos y sustancias prohibidas en los centros penitenciarios, que ponen en riesgo a la población, señaló.
Enfatizó, es preciso asegurar que los diseños institucionales penitenciarios realmente contribuyan a resolver el problema originario al que buscan dar respuesta, y no a agravarlo.
La recomendación contempla impulsar la inscripción de las víctimas indirectas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México para la aprobación de planes individuales de reparación integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
También ejecutar todas las medidas contenidas en los planes de reparación aprobados, bajo los principios de máxima protección, debida diligencia y no victimización secundaria.
La Ombudsperson capitalina apuntó que hechos similares ya habían sido motivo de la Recomendación 18/2015, en la cual se documentó 40 casos que acumulaban 46 víctimas de muerte violenta.
La recomendación fue dirigida a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, como autoridad responsable.
