Gran revuelo jurídico y político ha causado el proyecto del Ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para legalizar el cultivo y consumo de la marihuana, con motivo de un juicio de amparo en revisión que debe resolver la Primera Sala. El origen del asunto es una solicitud a la COFEPRIS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, para autorizar a los miembros de una asociación el consumo personal con fines lúdicos o recreativos de marihuana, así como su siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, excluyendo su comercialización. La COFEPRIS negó el permiso en virtud de que la Ley General de Salud prohíbe la realización de cualquier acto relacionado con dicha sustancia, por lo que promovieron un juicio de amparo al considerar que se violan los Derechos Humanos (DH), porque las personas tienen derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes, que por ello el Estado no puede imponer estándares de vida a los ciudadanos, ni intervenir en los asuntos de su esfera personal y privada. El citado amparo será resuelto en definitiva por la Corte y el proyecto que presentó el Ministro Zaldívar propone dar la razón a los quejosos, conceder el amparo y declarar inconstitucionales los artículos relativos de la citada Ley de Salud, abriendo la puerta al consumo y siembra legal de la marihuana. Como era de esperarse, este tema ha causado gran polémica ya que se trata de un importante paso para legalizar, por vía judicial, el cultivo y consumo de la marihuana en México, como ya sucede en varios estados de la Unión Americana. Además de ONGs y varios juristas, algunas autoridades federales han solicitado a la SCJN que se retire el proyecto. Destaca la posición de Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, al sostener que es mentira que en México se criminalice el consumo de marihuana e inexacta la hipótesis en que se basa el proyecto, ya que nadie está preso por consumir marihuana y que lo importante es evitar daños severos en niños y adolescentes, porque el consumo de drogas impide la maduración del cerebro en las áreas de pensamiento, memoria y el control de impulsos. Por otro lado, también se dice, que de aprobarse este proyecto, con el mismo argumento el siguiente paso sería legalizar el consumo de otras drogas, como las anfetaminas y la cocaína, que indudablemente son dañinas para la salud. Tal parece que no se trata de un asunto de DH, como afirman quiénes simpatizan con el proyecto, sino de salud pública.
A propios y extraños sorprendió positivamente la Procuradora Arely Gómez González, cuando anunció durante su comparecencia en el Senado, la captura del piloto que trasladó al «Chapo” Guzmán luego de su fuga del penal del Altiplano a su casa de seguridad en Sinaloa. Sin compartir crédito con nadie, ni con el Secretario de Gobernación, adelantó el resultado de las investigaciones de la dependencia a su cargo, que conducirían a prisión a las personas más importantes que ayudaron a escapar al «capo de capos», inclusive, adelantó su posible recaptura, lo que estuvo a punto de ocurrir en días pasados, como lo anunció una cadena televisa de EEUU. Hasta ahora ya se han consignado ante el juez penal casi una docena de personas que apoyaron la fuga, incluido el abogado de «El Chapo» y 23 ex-servidores públicos. Aunado a este hecho, también sorprendió la Abogada de la Nación a los senadores de todos los partidos al anunciarles que ordenó la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la elaboración de un tercer peritaje en el asunto de la posible incineración de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el basurero de Cocula. Reveló que serán 7 reconocidos especialistas internacionales y que se permitirá la participación y opinión del polémico Doctor peruano José Toledo, quien emitió el peritaje que sirvió de base a los expertos internacionales del GIEI, para afirmar que no fueron incinerados los cuerpos en ese lugar. Se trata de René Cosalca de Canadá; Úrsula Woodward de Alemania; John Dinan de Estados Unidos; Antonio del Amo Rodríguez de España y Mario Saldaña, Enelio Torres García y Ricardo Damián Torres de México. Esperemos que con este nuevo peritaje los padres de los normalistas, la sociedad y la autoridad, queden conformes con los resultados de este tercer dictamen y conozcamos, de una vez por todas, que sucedió en Cocula.
El linchamiento de 2 encuestadores de la empresa Marketing Research, suscitado el pasado mes de octubre, en el municipio de Ajalpan, Puebla, es una llamado de atención a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno sobre los altos niveles de impunidad que estamos viviendo. Este terrible acontecimiento puso de manifiesto las 2 caras de la moneda de la impunidad. Por un lado, frente a un posible hecho delictivo, los ciudadanos no sólo no solicitan o esperan el auxilio de las autoridades competentes, sino que les arrebatan violentamente a los presuntos delincuentes y, por el otro, sabedores que en este país casi siempre no le sucede nada a quien viola la ley, las personas hacen justicia por su propia mano, aún si se equivocan en sus juicios sumarios, al grado de quitarle la vida a otros, hecho que ni siquiera está permitido legalmente en México, por tener prohibida la pena de muerte. Esta situación provoca no sólo cansancio social, sino que la sociedad mexicana viva prácticamente al vilo del miedo. Aunque fueron detenidas 5 personas por el homicidio de los encuestadores, es urgente aplicar políticas públicas y protocolos que garanticen la seguridad de los ciudadanos de a pie. Es también urgente que las autoridades implementen acciones efectivas para generar confianza ciudadana en las instituciones públicas. El hartazgo comienza a mostrar sus peores facetas que se evidencian cotidianamente a través de las redes sociales o de videos que se hacen públicos y que muestran el cansancio de la población ante los delincuentes, mandando mensajes que aumentarán acciones para tomar la justicia en propia mano. Cada vez es más común observar en colonias populares, mercados, centros de transferencia modal, etc, mantas que advierten a delincuentes de las consecuencias si son sorprendidos, fenómenos a los que se suman nuevos grupos de autodefensa ciudadanas. Esperemos que las autoridades pronto tomen cartas en este delicado asunto.
30207089. México, D.F.- Aspecto de la la Sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
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Pésimo comienzo de el PRI y su aliado el PVEM en su gestión en la Cámara de Diputados al impulsar la impopular y aberrante reforma de la miscelánea fiscal que reduce en un 50% el impuesto a las bebidas azucaradas (refrescos). Habrá que preguntarse quiénes son los efectivos «cabilderos» de las refresqueras que lograron convencer a los líderes parlamentarios de estos 2 partidos para reducir este impuesto, que generará varios miles de millones de pesos de ahorro, no a los consumidores, sino a los dueños de las empresas refresqueras beneficiadas. Ojalá en el Senado rechacen esta medida y le hagan caso a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, quien inmediatamente criticó la medida asegurando que perjudicaba a los niños mexicanos, que gradualmente se iban acostumbrando a consumir agua en lugar de los perjudiciales refrescos. Con este impuesto, en 2014 se redujo el consumo de estas bebidas en un 6% y se incrementó el de agua potable en un 4%. Quién le podría señalar a los senadores priistas y del Partido Verde que uno de cada 3 niños en México sufren sobrepeso y obesidad, que las bebidas azucaradas de las que se pretende reducir el impuesto son para ello. También habría que preguntarles a los diputados que aprobaron la reforma si nadie les explicó que la reducción de este impuesto representa un ingreso de 500 millones al año para los empresarios refresqueros en perjuicio del fisco y sin beneficiar a ningún consumidor. Con este tipo de medidas ¿cómo le piden a la sociedad que confié en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción?
