El Senado aprobó una polémica reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a los agentes norteamericanos de aduanas y migración portar armas en territorio mexicano. En estricto sentido, con esta reforma no se pretende darles un beneficio injustificado para que los agentes extranjeros porten armas de fuego en México, ya que la medida va más allá y tiene el objetivo de agilizar la inspección migratoria o aduanal en los pasos fronterizos de inspección de mercancías y de personas, con los que disminuirán sensiblemente los tiempos de espera en este tipo de trámites. La autorización de la portación de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas acreditados para las funciones establecidas, tendrá una vigencia de 6 meses y podrán usar las que utilizan en su país de origen, con lo que se limita el tipo de armamento. De acuerdo con los argumentos del Senador priista Patricio Martínez García, quién fue Gobernador de Chihuahua, más allá de un patriotismo barato, esta medida tiene importantes ventajas económicas y jurídicas, ya que, por un lado, el flujo de visitantes aumentará hacia ambos países, y por otro lado, se abatirán los complicados y retardados trámites de despacho de todo tipo de mercancías en las aduanas mexicanas, que podrán ser previamente autorizadas por los agentes extranjeros, así que la medida no sólo pondrá a nuestra legislación en la materia a la altura de las mejores prácticas en el mundo del Derecho Internacional, sino también, agilizará los trámites aduanales reduciendo sensiblemente los tiempos que hoy se emplean para la revisión de mercancías y documentos. Desde luego que es necesaria la aprobación de reglas claras para la portación de las armas por parte de los agentes fronterizos, quienes deberán estar bien capacitados para su uso y manejo y que éstas sólo podrán permanecer dentro de las instalaciones en donde se encuentren realizando su labor. Señaló el Sen. Patricio Martínez, miembro de la Comisión de Defensa Nacional y uno de los principales impulsores de la medida, que también busca armonizar el concepto de residente permanente, en términos de la Ley de Migración.
Con el desencanto de representantes de organizaciones de defensa de Derechos Humanos (DH), con una precaria mayoría de 6 contra 5 votos de los ministros, la Suprema Corte reiteró que el arraigo es constitucional en nuestro país. El Pleno del máximo tribunal de la República resolvió que dicha figura jurídica, establecida en el artículo 133 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser solicitada por la PGR sólo en delitos graves. Entre los ministros que votaron a favor, se encuentra el polémico Eduardo Medina Mora, ex Procurador General de la República, quien apoyó el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La buena noticia para los activistas sociales es que sólo tendrá vigencia hasta junio de 2016, una vez que entre en vigor en el ámbito nacional el nuevo sistema procesal penal, ya que a partir de entonces, únicamente aplicará cuando existan indicios de delincuencia organizada. Este criterio se sostuvo al resolver el amparo No. 1250/2010. Otro resultado relevante del fallo de la SCJN, es que invalidó la Detención con Control Judicial que establecieron en el df los diputados locales, en sustitución del arraigo, en virtud de que esta medida no está regulada en la Constitución. Vale la pena recordar que ya el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado a México la abolición del arraigo.
La renuncia de David Korenfeld Federman al cargo de Director de CONAGUA, por el uso con fines personales de un helicóptero oficial, es una muestra de que la sociedad mexicana está cansada de la corrupción y el mal uso de los recursos públicos y, particularmente, de la eficacia que hoy tienen las “redes sociales” como un medio de control social. El principal instrumento para que rodara la cabeza del ex Director de CONAGUA -no obstante ser un hombre cercano al Presidente de la República-, fue la oportuna difusión y retuiteo del uso del helicóptero de la dependencia para transportar a su familia. La relevancia de este hecho está, más allá de haberle aceptado la renuncia a Korenfeld (o habérsela pedido), en el mensaje que envía al resto del gabinete el Presidente Enrique Peña Nieto y en su interés por frenar la galopante corrupción que permea en todo el país. A poco menos de la mitad de la presente gestión presidencial y en la víspera de las elecciones federales intermedias, es necesario un golpe de timón en este tema de la prevención y combate a la corrupción, para que sea congruente con la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobado por el legislativo. Y para que el mensaje sea completo y verídico, debería de realizar la Secretaría de la Función Pública y la PGR, una investigación a fondo y proceder en contra de David Korenfeld, pues tal parece que también cometió conductas sancionadas por la ley penal.
El Presidente Peña Nieto nombró al Lic. Max Alberto Diener Sala, Procurador Fiscal de la Federación de la SHCP, en sustitución de Javier Laynez Potisec, quien a su vez fue designado Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Diener Sala se venía desempeñando como Asesor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la administración anterior fungió como Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fue también Subprocurador de Legislación y Consulta de la propia Procuraduría Fiscal de la Federación. Max Alberto Diener es licenciado en Derecho por la UNAM y ha sido profesor en el ITAM y el CIDE, así como en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
El otrora comodín preferido del Presidente de la República, Alfredo Castillo Cervantes, cayó de su gracia y fue enviado a vigilar a los deportistas, quedando por lo pronto truncadas sus aspiraciones para ser el primer Fiscal General de la República. Su nombramiento como titular de la CONADE se da en el momento en que salen a la luz pública los verdaderos motivos de su salida de Michoacán, con motivo del fuego cruzado en Apatzingán, en donde tal parece que no proporcionó públicamente toda la información sobre la presencia de agentes federales en la matanza. El video inédito que está circulando en las redes sociales, retomado por varios medios de comunicación, ha generado un gran escándalo sobre el tema y una ola de ataque a los gobiernos estatal y federal sobre violaciones a Derechos Humanos (DH), contradiciendo la versión del entonces Comisionado Castillo, quien afirmó que en los hechos de Apatzingán, no estaban involucrados agentes federales. De corroborarse la versión popular, es muy probable que no llegue a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, como máximo dirigente del deporte mexicano.
