En votación unánime, el Pleno de la ALDF nombró a Estela Fuentes Jiménez Magistrada de Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. La Dra. Fuentes Jiménez fungió como Magistrada de una Sala Ordinaria de dicho Tribunal, pero debido a su experiencia, conocimientos académicos y trayectoria laboral, fue propuesta por el Jefe del GDF para ocupar una vacante que existía en la instancia superior del tribunal. La nueva Magistrada es Licenciada en Derecho por la UNAM, con estudios de maestría y doctorado en Derecho y con más de 10 años de experiencia en el campo de su especialidad, como lo establece la ley para ocupar el cargo. Durante su comparecencia en Comisiones de la ALDF, la Mgda. Fuentes, se pronunció como una persona creyente de la capacitación y sensibilización del personal jurisdiccional, proponiendo que los operadores jurídicos dejen de ver el Derecho como un simple conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad y limitarse a hacer interpretaciones literales de la ley, y en su lugar, se comience a realizar un análisis reflexivo de la norma jurídica nacional, apoyados en otros métodos de interpretación para encontrar y tutelar el derecho humano. La designación de Estela Fuentes Jiménez, fue bien recibida por todo el personal del TCADF, por ser un estímulo para los miembros de carrera judicial y al esfuerzo cotidiano de los impartidores de justicia.
Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encomendaron una seria tarea a la titular de la PGR, Arely Gómez González, luego de conminar al gobierno mexicano a continuar con la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pidieron también que el caso sea tratado como una desaparición forzada, y que la búsqueda sea centralizada en la PGR. Otra de las tareas que dejaron a la Procuradora es la actualización del mapa de fosas encontradas en la entidad, ante los descubrimientos recientes. Tal parece que el caso de Ayotzinapa aún no está cerrado –como expresó el anterior Procurador Jesús Murillo Karam-, y que el asunto irá para largo, a pesar de que el Gobierno Federal quiere darle carpetazo, sobre todo, frente a las próximas elecciones. Lo cierto es que, a 6 meses de la desaparición de los normalistas, los familiares siguen inconformes con la versión oficial y confían en que los expertos internacionales sirvan para presionar y llegar a la versión histórica de los hechos.
Tremendo golpe propinó un juez federal al gobierno capitalino, al declarar inconstitucionales algunos artículos de la ley de movilidad por considerar que vulneran la libertad de expresión y de manifestación. En un Juicio de Amparo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, en el Distrito Federal, declaró inconstitucionales los artículos 212, 213 y 214 de la citada ley porque, en su opinión, vulneran la libertad de expresión y de manifestación de los capitalinos. De acuerdo con José Ramón Amieva, titular de la Consejería Jurídica capitalina, la última palabra no está dicha en este tema y llevará el caso para que sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal parece que los capitalinos seguirán padeciendo las múltiples manifestaciones que a diario se viven en la Ciudad de México. Esperemos que el Máximo Tribunal del país tome en cuenta el derecho que tienen los terceros hacia un libre tránsito y que lo único que piden los capitalinos es el orden y la aplicación de la ley.
Luego de un amplio debate legislativo y una complicada presión social, enmarcado en el ambiente electoral que vivimos, fue aprobada en el Senado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El éxito es en gran parte atribuido al seguimiento y claro posicionamiento que tuvo el IFAI a través de su Presidenta Ximena Puente, luego de que hiciera llegar un documento con 10 puntos en los que se alertaba del terrible retroceso que habría en las modificaciones “aparecidas” en la norma. Ya aprobada la Ley en el Senado, con 110 votos a favor, uno en contra, y una abstención, elevando a derecho humano el acceso a datos de sujetos obligados, entre los que destacan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, entre otros. La sociedad confía en que sea aprobada rápidamente por la Cámara de Diputados y publicada por el Presidente de la República, para abatir opacidad y corrupción en el ejercicio público, y que se avance hacia la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
El Magistrado Manuel Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue designado para Presidir la Academia Mexicana de Derecho Fiscal durante el bienio 2015-2017. En la sesión de renovación de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF), celebrada el pasado mes de marzo, se nombró Presidente al Dr. Hallivis Pelayo, en substitución del Presidente saliente Rodrigo Muñoz Serafín, quien rindió su informe de labores. La elección se llevó a cabo en presencia de los integrantes de la propia Academia, de los magistrados integrantes del propio Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y de su Junta de Gobierno. Luego de rendir protesta, Manuel Hallivis se comprometió a impulsar un intenso plan de trabajo en diversos ámbitos, para que ese organismo siga conservando su prestigio, pidiendo a sus integrantes se sumen para enfrentar los nuevos retos y su comprensión para aceptar el desafío de las circunstancias que se modifican incesantemente, sobre todo en el ámbito de Derecho Fiscal. La mesa directiva que lo acompañará en este nuevo período son: el Mtro. Arturo Pueblita Hernández, Vicepresidente, el Dr. Carlos Espinosa Berecochea, Secretario General, el C. P. Juan Carlos Sabines Zaydo, Tesorero, la Mgda. Zulema Mosri Gutiérrez, Oficial Mayor y como vocales el Mgdo. Alejandro Sánchez Hernández y el Mtro. Miguel Ángel Vázquez Robles.
