Reprueban los senadores al Secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor, durante su comparecencia para tratar de justificar la decisión de suspender la evaluación magisterial días antes de las elecciones. Y no obstante que a los pocos días, luego del 7 de junio, dio marcha atrás y reactivó la medida, poco o casi nada pudo explicar. La asistencia de más del 80% de los maestros a la evaluación, tampoco lo salvó de esta calificación, en el ambiente político se asegura que éste no es un logro de su gestión, ya que cada vez es mayor la incertidumbre sobre dónde se toman las desiciones del sector educativo, si en las elegantes oficinas de la calle de Argentina o en el Palacio de Covían, sitio preferido de los maestros disidentes. Los colaboradores del Secretario Chuayffet rezan para que su jefe haga uso de su amplia trayectoria y experiencia política para retomar el control de la SEP o temen que pronto asuma esa función otro distinguido “Toluco” o que las “goyas” resuenen en las oficinas que una vez ocupó Vasconcelos.
La masacre ocurrida recientemente en Nuevo León, pareciera un claro mensaje para el exitoso candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quién en breve asumirá la gobernatura en la entidad. Aunque de inmediato dejó en claro que no era una dedicatoria para él, comienzan a encenderse los focos rojos en el estado norteño. La preocupación no sólo es de la sociedad regiomontana, sino también del sector empresarial que teme perder la calma que ha prevalecido durante los últimos años. El gobernador electo ha salido al paso asegurando que trabajará con inteligencia para combatir la inseguridad, urgiendo a Rodrigo Medina para que tome el control de la situación hasta el mes de octubre, cuando se dará el cambio de gobierno. Sin duda que el primer gran reto que tendrá “El Bronco” será “domar” al fenómeno de la violencia y la inseguridad que ya había logrado controlar con éxito el Gobernador Medina.
El descarrilamiento de la vida política de Marcelo Ebrard Casaubón continúa sin que nadie pueda detenerlo, ahora agravado con la investigación que realiza en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF). Sin fuero que lo proteja, el ex Jefe del GDF ya puso de por medio varios miles de kilómetros para instrumentar desde el extranjero su defensa contra las acusaciones de lavado de dinero, que se asegura, serán del conocimiento detallado de la opinión pública en breve. Mientras tanto, ya le fueron aseguradas a un grupo de sus allegados varias cuentas bancarias, como las de la Constructora Enalser, del empresario Sergio Fuentes Calderón y a su ex esposa, Mariagna Prats. Desde luego a estos hechos se deben sumar las investigaciones que se están realizando en la Procuraduría de Justicia capitalina por supuestos manejos fraudulentos en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. ¿Se tratará de un complot?
Tal parece que van en serio las intenciones de la Presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, para transparentar la vida pública del país, pues en forma acelerada promovió la instalación de Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CONAIP). Este organismo tiene el gran reto de llevar a la práctica la normatividad en materia de transparencia, con el fin de garantizar a las personas sus derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales. Tendrá además que consensuar este tema con las instancias legislativas de cada entidad federativa, para homologar las normas locales con la Ley General de Transparencia. El sistema tiene la finalidad de hacer operativa esta nueva ley, en la que se aumentan los “sujetos obligados” que deben brindar información vía el INAI y que obliga a partidos políticos, sindicatos y demás agrupaciones que reciban dinero de la Federación, a rendir cuentas a cualquier ciudadano que solicite información al respecto. El CONAIP quedó integrado por el INAI, los 32 organismos garantes del país, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación.
Contundentes fueron las declaraciones del ex Juez Baltazar Garzón en materia de Derechos Humanos, al descalificar la actuación del Gobierno Federal en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. A pesar de los importantes esfuerzos que se han realizado en este terreno en los últimos años, de acuerdo con la apreciación del famoso juez español, México tiene mucho que hacer por delante, ya que han existido infinidad de imprecisiones y respuestas contundentes para los familiares de los normalistas y ésta se ha convertido en “una carrera de obstáculos”, asegura el magistrado, a 10 meses de haber ocurrido estos trágicos acontecimientos. Aseguró Baltazar Garzón, durante su reciente visita a nuestro país que es “una vergüenza para la humanidad que no haya una respuesta contundente del Estado, desde la justicia y en definitiva desde la comunidad en general a la demanda de justicia”. Hizo un llamado a no permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y queden en la impunidad casos de esta naturaleza. Se requiere, dijo, encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para prevenir que no vuelva a suceder un hecho como Ayotzinapa. Independientemente de que tenga razón o no, Baltazar Garzón podría resultar incómodo para el Gobierno Federal y arriesgarse a que le sea negada la entrada al país en el futuro por estarse entrometiendo en asuntos políticos, lo que podría resultar gravoso para sus bolsillos, pues según han afirmado sus detractores en la “madre patria”, cada vez que viene en misiones académicas a los países latinoamericanos, se embolsa una buena cantidad de dólares. No hay que olvidar que esta fue una de las acusaciones que tuvo en su contra cuando fue cuestionado por las autoridades españolas.
