No podría perder la oportunidad de que, en la semana de las festividades del día de las madres, abordará en este espacio los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las maternidades. Históricamente, a las mujeres se nos ha “inculcado” casi como un mantra que nosotras tenemos una función reproductiva y de procreación, y se ha ignorado nuestra capacidad de elección y de sabernos dueñas de nuestro cuerpo y vida.
En México, hace algunos años solo se ha “despenalizado” el aborto en la Ciudad de México por lo que permite a las mujeres realizarse esta práctica de manera gratuita durante las 12 semanas de gestación y apenas en 2019 en Oaxaca se derogó del código penal el delito de aborto, a propósito, el Instituto Nacional de las Mujeres ha reportado que, al menos en CDMX se han practicado 231 mil 901 interrupciones legales entre el 2007 y 2020.
Pese a que ya existen precedentes que preparan el terreno para un aborto legal seguro y gratuito en todo el país, como la NOM-046-SSA2-2005, que obliga entidades públicas y privadas del país de salud, a brindar atención médica y orientación a las víctimas de violencia familiar y sexual entre ellas las de practicar una interrupción del embarazo a mujeres víctimas de violación, en las entidades federativas no parece avistarse a la cercanía una reforma a sus códigos penales y al sistema de salud en la materia.
Una reforma abortista completa, que garantizarse que las mujeres de todo el país podamos acceder a nuestro legítimo derecho de libre determinación de nuestros cuerpos, cuya violación está generando que además de cargar con el impacto psicológico y físico que conlleva la interrupción en clínicas clandestinas y métodos poco seguros, tengamos que escondernos como delincuentes y arriesgar nuestra propia salud.
Esto no solo implicaría una interrupción legal del embarazo, sino también acceso a métodos anticonceptivos tanto para la prevención de embarazos como la de ITS. El Estado tiene que asumir esta responsabilidad y atender a las peticiones que se hacen desde las colectivas feministas para legislar en esta materia y proteger la vida de las mujeres que no quieren o no están preparadas para ser madres así como garantizar sus derechos reproductivos.
Entre lo que debe de hacer el Estado Mexicano se encuentran las propuestas de especialistas como la Organización GIRE en partículas las de reformar la Ley General de Salud para garantizar la prestación de servicios de interrupción del embarazo en las causales permitidas por la ley y Garantizar la reparación integral para las víctimas de violaciones a derechos humanos por la falta de acceso al aborto legal.
Las maternidades deseadas van desde las mujeres que, conociendo su proyecto de vida eligen ser madres, hasta quienes pueden -o no- interrumpir legalmente su embarazo, ante ello el feminismo abortista latino está cambiando día a día la historia para que, el cese de las muertes de mujeres en abortos clandestinos sea una realidad, y la criminalización del aborto quede en el olvido. Por ello, desde todas las aristas, realidades e interseccionalidades del feminismo, para todas las mujeres y de los cuerpos gestantes, la decisión de ser madres debe de ser de nosotras y no de la Ley.
