La Ley 3 de 3, que de ser aprobada obligará a los funcionarios a presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, representa un gran avance en el empoderamiento de la sociedad civil hacia su participación en la toma de las decisiones públicas fundamentales del Estado mexicano, y de manera señalada, en un eficaz combate a la corrupción.
A pesar de las oposiciones oficiales y de múltiples cuestionamientos, los líderes sociales que encabezaron este movimiento lograron recabar más de 291 mil firmas, para entregar esta iniciativa de ley de origen popular al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, el pasado 17 marzo, quien celebró el hecho y advirtió que el primer trámite sería solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la autenticidad de las firmas y de las credenciales de elector que respaldan el cumplimiento del 0.13% de la lista nominal de elecciones, como lo exige la ley, y que este trámite deberá quedar concluido en un plazo no mayor de 30 días naturales.
Esta hazaña político-electoral es una muestra de que el poder ciudadano está avanzando en nuestro país, y que cada vez la sociedad organizada está participando con mayores bríos para resolver problemas que le afectan y que la clase política soslaya o abiertamente no quiere resolver, pues a pesar de que era muy elevado el umbral de las firmas que se requieren para presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de esta naturaleza (106 mil), se obtuvieron casi el triple. Sin duda que esta es una muestra del hartazgo que existe contra la corrupción que campea a lo largo y ancho del territorio nacional, porque proyectos como el de la Ley 3 de 3 están orientados a combatir frontalmente a este mal social que no solamente afecta moral y materialmente a la sociedad, sino que es uno de los principales obstáculos que frenan nuestro desarrollo económico.
Aún falta mucho por hacer y a nadie debe extrañar que en ambas Cámaras legislativas, senadores y diputados opaces tratarán de frenar la iniciativa, de cambiarla o de desvirtuarla, por lo que habrá que estar atentos y seguir ejerciendo todo tipo de controles sociales para que esta ley sea aprobada dentro del paquete de las leyes secundarias del tan necesario Sistema Nacional Anticorrupción.
La presión social deberá también seguir abierta y actuante para impulsar una ley secundaria sobre la norma que permite este tipo de iniciativas populares, para que se obligue a los legisladores a dictaminar en el periodo en que sean presentadas, y que independientemente de la orientación del dictamen en comisiones, por su carácter de iniciativa popular, sean sometidas al Pleno de las Cámaras.
Independientemente del destino que tenga el proyecto social de la Ley 3 de 3, la clase política debe entender que quizá estemos frente a lo que algunas personas han bautizado como la “Primavera Mexicana”, y que no importa qué tan alto sea el porcentaje de la lista nominal de electores, ya que el poder ciudadano superará cualquier obstáculo para participar activamente en la solución de los graves problemas que hoy afectan a los mexicanos y que muchos de ellos, tal parece que los gobernantes y la clase política no quieren resolver.
