Por: Carlos Escobedo Suárez
carlosescobedosuarez@comunidad.unam.mx / Twitter: @carlosescobedos
Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y asistente de investigación CONACyT SNI-III
Hace algunos días, un medio periodístico publicó algunos señalamientos en torno a la notable ineptitud de los representantes del Ministerio Público durante una audiencia oral dentro del proceso penal que se le sigue al defenestrado exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.[1] Por desgracia, amplios estudios lo demuestran, este no es un caso aislado, sino un fenómeno sistemático y bien documentado reflejo de la ineficacia generalizada en el ejercicio de la profesión jurídica en el país.
Entre 1985 y 2015, en México se inauguró una nueva escuela o facultad de derecho cada semana,[2] produciendo aproximadamente 30 mil nuevas cédulas profesionales de nivel licenciatura sólo en este último año, las cuáles se agregaron a las casi 100 mil ya existentes en los registros de la Secretaría de Educación Pública desde 1985.[3] Por su parte, la cantidad de funcionarios públicos federales con formación en derecho asciende aproximadamente a 675 mil;[4] a esto hay que agregar la casi totalidad de los miembros del Poder Judicial y aproximadamente al 60% de los integrantes del Poder Legislativo,[5] y tendremos una aproximación bastante certera de la magnitud del impacto que sobre la vida pública tiene la profesión jurídica.
Sea por tradición, por antecedentes familiares, por afanes de mejorar la propia riqueza material, o bien, por el deseo del prestigio que (antaño) formaba parte del habitus del profesional del derecho, es muy amplia (y creciente) la cantidad de jóvenes que deciden llevar su vida profesional por el camino de la ciencia jurídica. No obstante, es común como estudiante de derecho recibir de familiares y amigos frases como, “estudiar derecho para jugar chueco”, “cuando acabes, te acomodas bien para que te moches con algo” o “abogados de más tenemos en la calle”. La cultura popular ha colocado en su imaginario a la figura del abogado como un ser poco menos que embustero y despreciable que se dedica a “fregar” al prójimo.
La situación que lleva a la sociedad a tener en tal estima a la profesión jurídica tiene raíces profundas en el sistema económico, en las prácticas culturales de corrupción e impunidad, en la ausencia de mecanismos de autoregulación del ejercicio de la profesión (como la colegiación obligatoria) y en la pérdida de credibilidad de las instituciones del poder público. Sin perjuicio del recuento anterior, habría que señalar que uno de los problemas de la abogacía menos tratados es el de la excesiva amplitud de la ciencia jurídica y sus implicaciones para el ejercicio profesional.
Las más de 10 ramas tradicionales del derecho (y otras tantas inventadas y renombradas cada cierto tiempo) hacen materialmente imposible que un egresado de la licenciatura en derecho pueda desempeñarse con eficacia en todas y cada una de ellas. Esta condición es lo que ha provocado el fenómeno de la sobreespecialización: un número considerable de abogados que saben muy poco de muchas cosas y (en el mejor de los casos) demasiado de una sola. Además de la práctica profesional, es evidente el reflejo de este fenómeno en la enseñanza: es común que los profesores apelen a la “mayúscula y especial” importancia de “su” materia por encima de todas las otras para acicatear a los estudiantes a dedicarse de lleno al estudio de la misma.
Otra consecuencia de la amplitud del Derecho es la diversidad de ámbitos y funciones que puede desempeñar en la sociedad una persona licenciada en esta ciencia: desde juez y ministro hasta profesor de preparatoria y oficial de policía; pasando por funcionario de la administración pública (en todos sus ámbitos y niveles), fiscal, investigador académico, profesor universitario, instructor técnico, miembro de ONG, activista defensor de derechos humanos, perito especialista o representante empresarial, sin olvidar el ejercicio libre de la profesión en un despacho en cualquiera de las ramas y especialidades más socorridas en México.
Además del problema de la excesiva amplitud y la consecuente sobreespecialización (problemas inherentes a la naturaleza actual del fenómeno jurídico), el otro factor que afecta de manera especialmente perniciosa a la efectividad en el ejercicio de la profesión jurídica es la disociación entre la teoría y la práctica, siendo esta la principal crítica de los estudiantes hacia sus estudios.[6]
En ese sentido, una crítica común a la enseñanza del derecho en México es la grave carencia en el desarrollo de destrezas profesionales,[7] las cuales pareciera que el alumno debe obtener fuera de los espacios de la Universidad. Si bien acertada, esta situación parece no tomar en cuenta el hecho de que la multiplicidad de ámbitos de ejercicio de la ciencia del derecho requiere del desarrollo de unas competencias tan proporcionalmente amplias y complejas, que resulta poco razonable pretender que el alumno promedio las perfeccione todas ellas con igual calidad en el tiempo con que cuenta para ello, mucho más si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes de 3er semestre y subsecuentes dedican al menos la mitad de su tiempo a alguna actividad laboral,[8] y el 90% de los profesores no tienen como actividad principal la docencia, sino otras actividades.[9]
Una crítica común a la enseñanza del derecho en México es la grave carencia en el desarrollo de destrezas profesionales.
¿Cómo esperar, pues, un grado aceptable de eficiencia profesional de los egresados ante estos retos? El problema central se ubica en la acumulación irracional de distintos perfiles profesionales bajo un mismo paraguas de estudios y de consecuentes formas de enseñanza-aprendizaje en las facultades y escuelas de Derecho: si se quiere formar litigantes hábiles, no habrá que esperar que también sean investigadores excelentes, si lo que se desea es formar jueces “Hércules”, no podremos esperar que también sean los funcionarios públicos más eficientes, y si no esperamos esto de su ejercicio profesional, ¿por qué sí lo hacemos de su formación universitaria?
Igualmente, irracional resulta el dedicarse a formar “todólogos” del ámbito jurídico: agraristas expertos que también sean encumbrados penalistas, o civilistas magníficos que así mismo lo sean como administrativistas. La realidad nos enseña claramente que esto no es así, pero muchas facultades se empeñan en ofrecer 7 cursos de derecho civil y solo 2 de administrativo y, peor aún, pretender que todos sus estudiantes, independientemente del perfil y ámbito profesional que elijan, deban por fuerza sujetarse a ese esquema.
Expuesto todo lo anterior, será evidente hasta para el observador más despistado la imperiosa necesidad de emprender acciones para modificar este estado de cosas. El “cuándo”, es pues, sencillo: es ahora el momento oportuno para comenzar a actuar. No tanto determinar qué, quién y cómo ha de hacerse la transformación. Mucho se ha intentado (y se intenta) sin conseguirse resultados aparentemente trascendentes más allá de la mejoría en ciertos aspectos internos de las instituciones que se han atrevido a empezar a hacer la diferencia.
A ambas contradicciones (la de la agrupación de perfiles distintos y la de la rigidez de los planes de estudio) les subyace el hecho de que ni aun en las administraciones de las mismas facultades de Derecho parece tenerse claro cuál es “el concepto de Derecho”, si así fuese, los métodos y caminos para su estudio y ejercicio estarían mucho mejor definidos. Lo esencial en el Derecho, tanto en su estudio como en su ejercicio, son la argumentación y la filosofía jurídicas, así como los fundamentos teóricos, políticos, históricos y culturales que le otorgan validez y vigencia en una sociedad determinada. Esto, junto con los elementos para cultivar la ética profesional, la deontología la cultura jurídica, es lo que debería enseñarse de manera obligatoria y por igual a todos los estudiantes en las Universidades. Una vez asegurado esto, podrían ofertarse los cursos temáticos y acomodarles de la manera más coherente con los objetivos e intereses de los estudiantes y de las instituciones.
Un paso más arriesgado sería el de disociar la profesión jurídica de acuerdo con el perfil de ejercicio, independientemente de su especialización temática: carreras especializadas para la judicatura desde la formación universitaria, en las que se enfatizara la interpretación, la hermenéutica y la metodología o carreras especializadas para el litigio, en las que se enfatizara la argumentación escrita y oral, la ética profesional y la redacción de documentos jurídicos. Por ejemplo:
- Licenciatura en Derecho, con terminación en Litigio
- Licenciatura en Derecho, con terminación en Administración Pública
- Licenciatura en Filosofía Jurídica, con terminación en Judicatura
- Licenciatura en Filosofía Jurídica, con terminación en Investigación
E incluso carreras técnicas (ya fueran autónomas o como minors a la usanza norteamericana):
- Técnico Superior Universitario en Archivística y Procesos Judiciales
- Técnico Superior Universitario en Mediación de Conflictos y Justicia Restaurativa
Hace falta un pacto nacional para reformar y renovar la educación jurídica, y los cambios no pueden ser superficiales ni aislados. Hace ya más de medio siglo afirmaba un ilustre profesor de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia: “El país que aspire a tener buenos profesionales del Derecho, buena Administración de Justicia, leyes y Códigos perfectos, dentro de las posibilidades humanas, sólo podrá llegar al logro de estas metas, si cuenta con una organización de los estudios jurídicos basada en criterios verdaderamente científicos y con maestros dignos de tal nombre.”[10]
A la afirmación del maestro de Pina de que “el nivel de la enseñanza del Derecho, en relación con cualquier país, determina el de las profesiones jurídicas y, sobre todo, el valor y la eficacia de su organización judicial”, podríamos agregar la de que ese mismo nivel de enseñanza del Derecho determina (al menos en gran medida) la eficacia de aparatos y sistemas gubernamentales. Los abogados, para bien o para mal, estamos destinados a formar una parte central de la vida pública, y en un contexto social donde se demanda con urgencia la eficacia del Estado para resolver los problemas públicos (sociales y económicos), así como la renovación y saneamiento de la función pública para acabar con la corrupción, se hace indispensable replantear de fondo las mejores maneras de colocar a los profesionales mejor formados y más comprometidos para hacer frente a estos retos. Esto no se logrará más que con audacia, voluntad y compromiso, tanto de las instituciones educativas como de las barras y colegios de abogados, de las instituciones públicas y aun del apoyo de los centros de investigación de la academia y de la sociedad civil organizada, pero, sobre todo, de todas y todos los abogados de este país.
[1] Ver, entre otros, el artículo publicado por Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2018/02/victorias-duarte-tercera-audiencia/.
[2] Pérez Hurtado, Luis Fernando. “The Legal Profession in Mexico”. CEEAD, Documentos de Trabajo, No. 2, Febrero 2017, página 1. Consultado el 10 de febrero de 2018. Disponible en: https://goo.gl/CimxLa.
[3] Idem, página 3.
[4] INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017. México, 2017. Disponible en https://goo.gl/8hnAt5.
[5] Elaboración propia con datos del SITL de la Cámara de Diputados y del SIL de la Secretaría de Gobernación.
[6] Pérez Hurtado, Luis Fernando. La futura generación de abogados mexicanos: Estudio de las escuelas y los estudiantes de Derecho en México. México, UNAM-IIJ, 2009.
[7] González Ramos, Rosalba. Libro Guía del Profesor para el desarrollo de competencias pedagógicas para el estudio y práctica del sistema penal acusatorio de las escuelas de Derecho en México. Colección Manuales CEEAD, 2ª edición. México, CEEAD, 2016.
[8] Datos de elaboración propia, producto de investigación en curso.
[9] González Ramos, pág. 113.
[10] Pina, Rafael de. “La Filosofía en la formación del jurista”. Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núm. 44, págs. 125-133.
