Ante el anuncio de la aceptación de Emilio Lozoya Austin para ser extraditado y juzgado por la justicia mexicana por hechos relacionados por el caso Odebrecht, se corre el riesgo de que su procedimiento penal se lleve a cabo sin cumplir con el principio constitucional de máxima publicidad, a causa de las limitaciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación a las audiencias penales con motivo de la contingencia por COVID-19, alertaron Tojil y Transparencia Mexicana.
El ex-director de PEMEX tiene pendiente cargos por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ante la justicia mexicana, por lo que de llegar a territorio mexicano será presentado ante un Juez Federal para la celebración de una audiencia en la que se le informará los delitos que se le imputan y se determinará si lleva el proceso en libertad o en prisión.
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De acuerdo con la Constitución, esta audiencia debe ser pública y puede ser presenciada por cualquier persona. No obstante, las disposiciones establecidas por el Acuerdo 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal podrían hacer que el proceso no sea abierto a la sociedad en tiempo real.
Lo anterior es muy distinto a lo que ocurrió en otros países de América Latina, principalmente en Perú y Brasil, donde los procedimientos contra Odebrecht se llevan de manera pública y son transmitidos por medios digitales en tiempo real a toda la población.
La falta de mecanismos para garantizar la publicidad de las audiencias penales abre la puerta a la desconfianza y escepticismo sobre un proceso que por sus implicaciones sociales y políticas debe ser impecable. Tojil y Transparencia Mexicana urgen al Poder Judicial de la Federación a emprender medidas que garanticen la publicidad de las audiencias penales, especialmente las de interés nacional como en este caso.
