El día de hoy, en punto de la una de la tarde en sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente, rindió su primer informe de labores.
El acto se llevó a cabo en el Salón de Plenos de la Suprema Corte y contó con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mónica Fernández y Laura Rojas, presidentas de la Mesa Directiva del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente; además de los Ministros y representantes de los tres Poderes de la Unión.
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Zaldívar puntualizó que, a pesar de la tendencia progresista de la SCJN basada en los derechos humanos, hay vicios que lastiman su dignidad, como la corrupción y el nepotismo afectando el correcto desempeño de las funciones de los órganos garantes de justicia y deslegitima su profesión.
Por todo ello, expresó que «hemos emprendido una auto reforma. Queremos repetir que no es posible juzgar desde una perspectiva de privilegio y debemos rendir cuentas a la sociedad.»
Hemos dado inicio a una autoreforma profunda, decidida y con rumbo claro, nuestro compromiso es absoluto, dijo. Mencionó el diálogo con otros Poderes para hacer una reforma judicial y anunció que presentarán las reformas que consideran oportunas para realizar tal transformación.
Políticas públicas en el PJF
En ese sentido, destacó 5 ejes en los que ha emprendido una profunda reforma: combate a la corrupción, erradicación del nepotismo, paridad de género, cercanía con la ciudadanía y austeridad.
El Ministro Presidente ha impulsado la política Cero Tolerancia para la corrupción. «Un poder judicial percibido como corrupto se pone en tela de juicio para desempeñar el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde», declaró e informó acerca de las destituciones y suspensiones de magistrados y jueces.
Respecto a erradicar el nepotismo, habló del plan que recientemente se aprobó, en el que se proponen los lineamientos de la carrera judicial, así como ingreso y permanencia para que «solo las personas que cumplan con los estándares constitucionales sigan con la tarea de impartición de justicia«.
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La paridad de género en el PJF, enfatizó el Ministro, las brechas de género en las altas esferas de los órganos impiden el acceso igualitario a las oportunidades. «La igualdad de derechos entre hombres y mujeres está consagrada en la Constitución, pero es una realidad lejana, cerrar las brechas requiere un esfuerzo contante con el cual estamos comprometidos», aseveró.
De igual forma, el acceso a la justicia de la población vulnerable, por lo que han emprendido políticas públicas para atender a mujeres, indígenas, reos y migrantes. Aseguró que la SCJN debe “ser la voz de los que no la tienen” garantizando sus derechos humanos.
El Ministro Presidente dijo estar convencido que la comunicación y difusión de la misión y acciones de la SCJN acercarán a los ciudadanos, por eso utilizan la tecnología para crear puentes y ganar la confianza de los justiciables.
Siguiendo la política de austeridad, Zaldívar afirmó que la renovación del poder judicial no puede lograrse sin cambios profundos en su proceso administrativo, más eficiente y austero, bajo la máxima de transparencia y rendición de cuentas.
Acciones de la SCJN
El Pleno de la SCJN resolvió 429 asuntos, generaron criterios importantes sobre la inconstitucionalidad del matrimonio infantil, discriminación contra personas del mismo sexo, validez de impuestos ecológicos, consulta previa para personas con discapacidad y pueblos indígenas, derechos de personas en situación de migración, paridad de género en materia electoral, transparencia y libertad de expresión, entre otros.
La Primera Sala resolvió 3,161 asuntos, generando avances significativos en materia de protección de minorías contra el discurso de odio y libertad de expresión; sistema penal acusatorio, acceso al expediente en casos de graves violaciones a derechos humanos, igualdad de género en el Derecho familiar y discriminación contra familias homparentales.
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La Segunda Sala resolvió 3,435 asuntos, avanzando en la protección del derecho a las personas con VIH a no ser discriminadas, el derecho a la salud de las personas con padecimientos psiquiátricos, el derecho a la información en redes sociales, el deber de juzgar asuntos laborales con perspectiva de género, el uso terapéutico de cannabis y los derechos de las personas refugiadas.
Por la enorme carga de trabajo de la SCJN, dijo Zaldívar, se implementó una política para consolidar al amparo directo en revisión como un recurso de Constitucionalidad que permita conocer de asuntos novedosos y avanzar en la protección de los derechos humanos.
Al cambiar la política de admisiones se desecharon 8,273 recursos que no revestían importancia constitucional.
Añadió que el criterio de recién aprobación para abandonar un precedente de hace más de 20 años, se retoma la naturaleza de la Controversia Constitucional como medio de control de violaciones directas a la Constitución, lo que permitirá a la Corte centrar sus esfuerzos en la construcción de criterios relevantes para el orden jurídico nacional que orienten a los operadores jurídicos y hagan diferencia en la vida de las personas.


