Sin duda el asunto político y jurídico más importante en lo que va de la actual administración es la aprobación unánime en el Senado de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, como el eje central de la nueva estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar los dos grandes fenómenos que constituyen los reclamos más urgentes para la sociedad mexicana: la inseguridad y la violencia.
Con esta solución que se gestó en la Cámara Baja, ganamos todos. Ganaron las fuerzas armadas, porque obtuvieron el marco jurídico que pedían desde hace varios años para seguir actuando con certeza en tareas de seguridad pública. Ganaron los senadores, que demostraron que se puede privilegiar el diálogo, la tolerancia y la razón para alcanzar acuerdos a la hora de legislar en beneficio de las mayorías. Y ganó el Presidente de la República, ya que, aunque acotado en su pretensión original, el Congreso de la Unión le dio la Guardia Nacional con la que pretende combatir los flagelos nacionales.
Por encima de todos ganaron los ciudadanos, porque los senadores tomaron en cuenta la mayoría de los planteamientos de los colectivos, particularmente en lo relativo al mando civil de la Guardia en lugar del militar, y porque sus acciones podrán ser vigiladas para que se respeten los derechos humanos. Esta nueva estructura policiaco-militar representa una gran esperanza para toda la sociedad mexicana, que en el corto y mediano plazo espera alcanzar el país seguro y en paz que necesitamos.
Quizá la parte más relevante de esta histórica votación de 127 senadores a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, fue el cambio de la minuta original de los Diputados, dejando atrás el mando militar para adoptar uno civil y el hecho de que se respetaran las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las intervenciones que en el futuro tengan las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
En resumen, los puntos más relevantes de esta nueva estrategia, además de que la Guardia tendrá un mando civil, el de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que su actuación se ajustará a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en esta materia, se fortalecerá a las policías estatales y municipales. Además, los integrantes de la Guardia Nacional, por ser una institución policial civil, se sujetarán a las reglas y al fuero civil, fijándose un plazo de cinco años para que las fuerzas armadas dejen de participar en tareas de seguridad pública y regresen a sus cuarteles.
Desde luego que debe reconocerse la acertada conducción del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien condujo a buen puerto dicha negociación política, misma que 48 horas antes amenazaba con ser un fracaso.
Esperemos que este ambiente de cordura, apertura y transparencia, siga imperando en el Senado y también en la Cámara de Diputados, en el momento de pasar a la parte más delicada y compleja de las reformas constitucionales, como lo es aterrizar en la legislación secundaria él cómo y el cuándo y que se le siga permitiendo participar ampliamente a las organizaciones de la sociedad civil en este proceso.
