Luego de un intenso debate nacional que involucró al mundo jurídico y político y que fue puntualmente seguido en varios países, particularmente Estados Unidos y Colombia, los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte aprobaron el pasado 4 de noviembre, por una mayoría de 4 votos contra 1, el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que declara inconstitucionales algunos artículos de la Ley General de Salud, avalando en nuestro país el cultivo, transporte y consumo de marihuana, con fines lúdicos o recreativos. No obstante que por cuestiones técnicas este fallo sólo beneficia a las 4 personas que promovieron el juicio de amparo que motivó la resolución, prácticamente la Corte abrió la legalización de esta droga y obligó al Gobierno Federal a abrir un debate que se resistía a convocar, quizá por las presiones de nuestros vecinos del norte.
Pocos pensaron que la apertura en 2011 hacia la protección y defensa generalizada de Derechos Humanos (DH) llegaría hasta estos niveles y nos da una idea de hasta dónde puede llegar, a partir del ejercicio del principio del “libre desarrollo de la personalidad” instituido por el máximo tribunal. Sin duda que bajo este principio nos queda mucho por ver en el largo y ancho camino que habrá de recorrer la Suprema Corte, cobijada en los DH y bajo el impulso de la Comisión y la Corte Interamericana.
En lo que respecta a la marihuana, sin duda que el tema más polémico, más allá de la legalización del consumo, es la autorización para sembrar, cultivar y transportar cannabis, que aunque está limitada al uso personal y prohibe su comercialización, la pregunta es cómo le hará el Estado mexicano para controlar que no se vaya a crear un nuevo mercado negro para su producción y venta al menudeo y se generen nuevos grupos de delincuentes, como ha sucedido en algunas localidades de EEUU, que han permitido estos mismos fenómenos.
Qué bueno que el Presidente Enrique Peña Nieto ya aceptó las enormes consecuencias del fallo judicial, y que a pesar de insistir en su desacuerdo personal con la legalización, ordenó abrir los espacios oficiales y patrocinar un debate en la materia que dé cabida a todas las voces para que se manifiesten al respecto, y al final, establecer nuevas políticas públicas que se deriven del mismo.
Este paradigmático fallo de la Primera Sala de la Corte provoca al menos 2 grandes interrogantes iniciales: ¿Se encuentra realmente preparada la sociedad mexicana para legalizar la marihuana? Como lo señaló el Ministro que votó en contra, Mario Pardo Rebolledo, puede no ser delito su consumo, pero su compra y la adquisición de la semilla para sembrar la planta, aún se encuentran en la ilegalidad. ¿Qué pasará con los menores de edad que vivan en el mismo techo con parientes que siembren, cultiven y consuman legalmente marihuana?
Nos tendremos que ir acostumbrado a que esta Corte -que desde 1995 se ha convertido en el fiel de la balanza en asuntos de carácter político que son sometidos a su jurisdicción-, irá marcando la pauta en temas que el poder político soslaya. Esperemos que uno de ellos sea el del combate a la corrupción, en el que tan pálidamente avanzan el Ejecutivo y el Legislativo, defendiendo intereses particulares o de grupo.
