El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, fue el encargado de presentar un proyecto para promover la inconstitucionalidad de la tan molesta Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y se preguntará, por qué molesta si puede ser una buena solución al abuso de los funcionarios públicos para enriquecerse mientras, como dice AMLO el pueblo es pobre, pues porque les ha ocasionado dolores de cabeza a órganos autónomos, y por su puesto al Poder Judicial, que insisten que su autonomía e independencia los exentaría de esta reforma en particular. Llevamos seis meses con esta discusión que no termina y a mediados de mayo fue llevada al Pleno de la SCJN. El proyecto del ministro Pérez Dayán proponía invalidar los artículos que fijan el tope salarial con efecto retroactivo al 6 de diciembre de 2018, fecha en que entró en vigor la ley. Tanto el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, como las Ministras Jasmín Esquivel y Norma Piña consideraron que, al haberse reformado 15 de 17 artículos, los textos a análisis ya no son vigentes, por lo tanto “no tiene caso analizarlos” y propusieron el sobreseimiento de ambas acciones de inconstitucionalidad. Pero la mayoría de los Ministros no tenía la misma idea y sólo dejaron sin efecto algunos preceptos, porque no todo estaba mal, así lo consideraron. Finalmente, en la última sesión de análisis del lunes 20, por una mayoría de 8 contra 3 votos, se decidió regresar el asunto al Congreso para que legislara nuevamente en esta materia y precisen los parámetros para fijar el sueldo real del Presidente de la República, considerando además de su salario directo, los indirectos como habitación, alimentos, vehículo, gasolina, gastos médicos y otros beneficios de los que goza además del sueldo.
