Con la inconformidad de especialistas, defensores de derechos humanos y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Senado reformó el artículo 19 de la Constitución y amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, con el propósito de inhibir y combatir los elevados índices de impunidad y violencia que se viven en el país. El Alto Comisionado de la ONU recomendó a México no hacer esta reforma porque significa un retroceso para el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el incremento de violaciones a los derechos humanos al catalogar más delitos con prisión preventiva oficiosa, argumentando que este hecho viola la independencia del juez y la presunción de inocencia. El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), les dijo claramente a sus compañeros legisladores que no hicieran lo que tanto criticaron, es decir, que no repitan la política criminal implementada por el PRI y el PAN, la cual ya está probado que no funciona. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Ramírez Aguilar, la reforma se justifica para responder a la demanda ciudadana de acabar con la corrupción y combatir de frente delitos como el robo de combustibles, mejor conocido como “huachicoleo”, y el incremento de portación de armas de uso exclusivo del ejército. La realidad es que con esta medida se puede propiciar la fabricación de delitos, además de que está demostrado que el incremento de penas no disminuye la criminalidad.
