El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria propuso, a través de una iniciativa, eliminar el catálogo de la figura punitiva de prisión preventiva oficiosa de la Constitución Política.
Destaca el senador que la violación al principio constitucional de presunción de inocencia y derecho al debido proceso, es una grave consecuencia de la prisión preventiva oficiosa.
Señaló que en materia de justicia no se ha construido un modelo democrático, sino uno de regresión con algunos cortes autoritarios.
Lo que se ha hecho, dijo, es una reforma que ha generado una colisión de derechos en consistencia con lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales que México ha ratificado, puntualizó.
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El problema está esencialmente en la capacidad técnica instalada en el actuar de los operadores de justicia. El problema de la “puerta giratoria” no se resuelve con la aplicación generalizada de la prisión preventiva oficiosa, en tanto que la solución al problema judicial está asociado a la deficiente actuación de los operadores de las instancias de procuración de justicia, sostuvo.
Álvarez Icaza reiteró que está a favor de consolidar y robustecer el sistema de justicia penal acusatorio y garantista, para contribuir a la independencia judicial, por lo que es indispensable retomar la naturaleza procesal de la medida cautelar, sin atentar contra los derechos a la libertad ni a la integridad personal.
La iniciativa reforma el segundo párrafo del Artículo 19 Constitucional queda de la siguiente manera: El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
