El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó por unanimidad la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra aquellas personas, a quienes se les imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015.
Este decreto beneficiará a quienes se encuentran sustraídos a la acción de la justicia por delitos de ataques a la paz pública. Sin embargo, quienes se encuentren relacionados con daños en bienes del dominio público y propiedad privada no serán favorecidas con la norma.
El dictamen reconoce como víctimas a todas las personas que, derivado de un procedimiento o investigación ante instancias administrativas, judiciales y organismos autónomos de derechos humanos, hayan sido detenidas arbitrariamente, con motivo de su participación en movilizaciones, protestas y actos tendientes al reclamo de demandas sociales en el tiempo referido, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos.
Y que las personas beneficiarias de esta ley no podrán volver a ser detenidas, aprehendidas, ni procesadas por los delitos que le fueron imputados estrictamente durante el periodo señalado.
El diputado Jimeno Huerta, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea destacó que se diseñará un programa de becas para la reinserción social de los afectados y si éstos hubieren fallecido, el apoyo se hará a sus familias. La diputada Beatriz Olivares Pinal, integrante de la Comisión indicó que los beneficiarios de la ley nunca fueron acusados por delitos de secuestro o robo.
Raúl Flores García, miembro del grupo parlamentario del PRD, dijo que la ley garantiza la libertad de expresión y movilización. “Se pueden manifestar sin miedo a ser detenidos. Esto sí constituye un perdón y olvido para aquellos que son beligerantes con las decisiones gubernamentales”.
Los miembros de la Asamblea Legislativa concuerdan en que no se deben registrar actos de represión, ni criminalizar a quienes protestan para exigir sus derechos como la libertad de expresión y movilización.
