En esta entrega me ocuparé de dos preguntas más, que son: ¿Los tribunales aplican leyes que están basadas en los principios de la decencia y la justicia?, y ¿Habrá un trato justo tanto para las personas pobres como para las ricas, para las personas privadas como para quienes pertenecen al gobierno?
La primera cuestión se refiere, en un país de derecho codificado, a la labor realizada por el Legislativo. Decencia y justicia son conceptos que pertenecen a mundos distintos, el primero al de la moral y el segundo al de la ética; y desde luego ameritan mucho más que una columna, así que los abordaré aquí dando simplemente los primeros esbozos de un cuadro que supera mi objetivo.
La labor legislativa debe atender a principios políticos, a razones históricas. Esto además sin pretender imponer un único modelo de virtud; como puede observarse la labor no es sencilla, porque implica que la representación popular se asuma como tal, lo que implica que esos “principios de la decencia y la justicia” sean los de la ciudadanía representada.
Esto pasa por el tamiz de las ideologías y propuestas de los partidos, así como por las visiones personales de quienes legislan.
Me parece que una forma de medir la calidad de la labor del Poder Legislativo es revisar el proceso democrático de creación de las leyes, tema sobre el que ya publiqué aquí una serie de artículos (aquí puedes consultar el primero: https://backup.forojuridico.mx/quien-es-la-guardiana-de-la-construccion-democratica-de-las-leyes-i/) a los que remito para profundizar en el tema.
La segunda pregunta, hoy, adquiere una relevancia trascendental: ¿es posible asegurar un trato justo para todas y todos quienes vivimos en estas tierras, asumiendo la enorme desigualdad y pobreza que existe en nuestro país? Según los datos de la Encuesta Intercensal del INEGI de 2015, somos 119,938,473 personas; ahora atendiendo a la información del CONEVAL del año 2018, solo 27.4 millones de habitantes en México no se encuentran ni en pobreza ni son población vulnerable.
La realidad mexicana es que la inmensa (el adjetivo no es casual) mayoría de la población se encuentran en pobreza o en circunstancias de vulnerabilidad por ingresos o por carencias sociales, particularmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, si seguimos con la información del CONEVAL.
Estos datos no hacen pensar que el principal problema para que México acceda a la democracia liberal es la profunda desigualdad, dado que esta presenta problemas estructurales para obtener un trato equitativo. No es meramente una cuestión de que en las oficinas de gobierno se trate de la misma manera a todas las personas, es que la inequidad real es tan profunda que hace imposible pensar en que se pueda tener un trato justo.
Otro dato para documentar la preocupación: siguiendo con el CONEVAL la diferencia entre los ingresos del decil I y el decil X es de 26 veces.
¿Es posible que exista una democracia liberal en un país con una fractura tan grande?
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