- Promulga EPN la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anti Corrupción.
- Acabará con la impunidad y se avanzará hacia una nueva Cultura de la Legalidad.
- Se combatirá con mayor eficacia el cohecho, la extorsión y el tráfico de influencias.
Con el propósito de poner un alto al flagelo de la corrupción en nuestro país, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional que sienta las bases para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Con esta reforma se pretende acabar con la impunidad, al mismo tiempo se avanza hacia una nueva cultura de la legalidad, afirmó Peña Nieto, en el acto oficial que se realizó en Palacio Nacional, en donde estuvo acompañado por representantes de los 3 Poderes de la Unión, refiriendo que a partir de ahora México vive un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión y el tráfico de influencias.
Uno de los puntos más significativos de la reforma es la creación de una instancia de coordinación entre las autoridades locales y federales, con atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción. El nuevo Sistema, permitirá que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. El Comité Coordinador se integrará por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública (SFP). También formarán parte el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y un representante del Comité de Participación Ciudadana del propio SNA.
El Tribunal de Justicia
Administrativa podrá
imponer sanciones a los
servidores públicos y a los
particulares que cometan faltas
administrativas graves.
También se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la ASF para investigar y sancionar con más eficacia actos irregulares. De esta manera, podrá realizar auditorías en tiempo real, es decir, aun cuando el ejercicio fiscal esté en curso y podrá efectuar revisiones a periodos fiscales anteriores. Tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las participaciones federales que reciben estados y municipios, así como los recursos federales que se entregan a fideicomisos públicos y privados. Otra de sus atribuciones será supervisar en qué se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales, cuando ésta sea garantizada por la Federación.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
La reforma constitucional crea un innovador esquema de justicia con un renovado Tribunal de Justicia Administrativa, el cual tendrá atribuciones para imponer sanciones a los servidores públicos y a los particulares que cometan faltas administrativas graves. En realidad este nuevo sistema de justicia no crea un nuevo tribunal, sino que fortalece al actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sin perder sus actuales atribuciones, incrementa su competencia en materia de corrupción, cambiando de nombre, suprimiéndole la palabra fiscal. Un cambio trascedente es que este órgano contará con plena autonomía constitucional para asegurar la certeza jurídica y para que prevalezca el interés general de los mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier otro tipo. En este renglón, uno de los cambios más significativos es que se amplía de 3 a 7 años la prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal.
Por otro lado, se instruye y fortalece la corresponsabilidad entre los poderes públicos para combatir la corrupción ya que ahora el Senado ratificará el nombramiento del titular de la SFP y los responsables del control interno de los organismos autónomos deberán ser designados por la Cámara de Diputados, lo cual pretende garantizar la imparcialidad necesaria para cumplir sus funciones.
En un Año Deberá Expedirse la Ley Secundaria
La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir en un plazo máximo de un año la Ley General que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y para que ésta defina las competencias de cada autoridad en el combate a la corrupción, así como las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de todos los órdenes de Gobierno.
Durante su mensaje, el Presidente Enrique Peña Nieto aseveró que la sociedad mexicana necesitaba una respuesta institucional amplia, sistémica, permanente y decisiva al fenómeno de la corrupción, la cual se encuentra englobada en la Reforma Constitucional con la creación del SNA. Explicó que ahora la ASF se consolida como el máximo órgano de fiscalización al tener la capacidad de auditar la totalidad del gasto público federal y las participaciones federales que van a las entidades federativas y a los municipios. “Le otorga nuevas facultades al elevar a rango constitucional su mandato para promover responsabilidades ante las autoridades competentes, a efecto de que sean sancionados tanto servidores públicos, como particulares”, puntualizó.
Se trata advirtió Peña Nieto, de una reforma contra la impunidad; por lo cual dijo estar firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción, con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Incluso, recordó que el primer compromiso firmado como candidato presidencial, y la primera propuesta legislativa impulsada por él, ya envestido bajo la figura presidencial, estuvieron dirigidos, precisamente, en contra de la corrupción. Con estas modificaciones a la Constitución, afirmó, se logran 2 importantes objetivos: obligar a todos los Poderes y órdenes del Estado mexicano a hacer más transparente su diario actuar y crear mecanismos que establecen un mayor control sobre el ejercicio del gasto público. “Acciones que habrán de calar como deseamos en el ánimo y en el ambiente de nuestra sociedad para ir generando una nueva cultura en favor de la transparencia, de la honestidad y de la legalidad”.
Expresó Peña Nieto su reconocimiento a los poderes legislativos locales y federales así como a los representantes de las principales fuerzas políticas por su trabajo comprometido para lograr una reforma, dijo, que es fruto de una inédita y constructiva participación de la sociedad civil organizada, de académicos y de expertos en favor de la honestidad y la integridad en el servicio público. “México tiene, en las reformas constitucionales en materia de transparencia y de combate a la corrupción, 2 pilares para lograr una gestión pública basada en la integridad y en la rendición de cuentas”.
Una Puerta a los Límites de Convivencia
El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, señaló que la Reforma Constitucional promulgada por el Presidente es una nueva ruta que no se circunscribe al acto meramente normativo. Se trata aseguró, de una nueva forma de actuar que involucra el trabajo decidido de todos. “Es un compromiso que abarca los 3 Poderes de la Unión, los ámbitos federal, estatal y municipal y los órganos constitucionales autónomos, así como a la sociedad”.
Afirmó que este sistema atiende la demanda social de contar con un servicio público más cercano que genere confianza, logrado gracias a la voluntad de los actores políticos que reconocieron la necesidad de cambiar la percepción del funcionario y la imagen del aparato gubernamental para establecer un vínculo diferente con la sociedad. Portal Martínez calificó la iniciativa impulsada por el Gobierno de la República como de una envergadura similar a la de las reformas estructurales. “Este sistema es la puerta al establecimiento de límites necesarios para nuestra convivencia, con una visión de largo plazo y que deja a un lado la inmediatez, que tanto ha afectado a la vida pública de nuestro país”, finalizó.
Al tomar el uso de la palabra, Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública, aseguró que con la entrada en vigor del SNA nuestro país da un paso trascendente para reivindicar su ética pública y para fortalecer la rendición de cuentas. Es una reforma, destacó, que toma los nuevos puntos de materia de combate a la corrupción, como es la regulación de conflicto de interés. Añadió que abarca todos los niveles de Gobierno e incide directamente en la conducta de los servidores públicos desde el momento en que los expedientes estarán abiertos 7 años posteriores a dejar el cargo. Señaló que permite un adecuado equilibrio de poderes, porque deposita en la ASF, la facultad de fiscalizar en forma permanente el destino de los recursos públicos de los Poderes, pero también en varios aspectos de las entidades federativas. Subrayó la importancia de coadyuvar a fortalecer la confianza para instrumentar adecuadamente las reformas ya aprobadas; así como el clima de legalidad en el desarrollo de negocios, en las inversiones y en el comercio. “La reforma llega en un momento crucial para México, porque es imprescindible que se frene el abuso de poder para que no se vulneren los Derechos Humanos (DH); que se frene el uso indebido de los recursos públicos para que no se socaven los derechos sociales.
Comité Coordinador del SNA
Representando al Poder Judicial de la Federación el Ministro José Fernando Franco González Salas señaló que la reforma promulgada en materia de corrupción es de profundo calado y trascendente para el país, con ella, aseguró se consolida el andamiaje normativo para un combate más efectivo a tan terrible fenómeno, el cual, sin duda, se complementa con el fortalecido marco constitucional, legal e institucional en materia de acceso a la información pública y transparencia. Informó que para ordenar la participación de los distintos órdenes de Gobierno, el Sistema contará con un Comité Coordinador, en cuya integración participará un representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). “El CJF adoptará y aportará todas sus capacidades y experiencia para coadyuvar a que el Comité Coordinador cumpla con las atribuciones que la Constitución le confiere, en aras del fortalecimiento institucional, para prevención, detección y sanción de actos y hechos de corrupción”. Destacó el compromiso del Poder Judicial Federal para colaborar con todas las instancias gubernamentales involucradas para que en conjunto se erradique la corrupción y a su principal cómplice, la impunidad en nuestro país.
