En el Primer Encuentro Digital Nacional “Desafíos de la Justicia Mexicana”, representantes de los Poderes de la Unión expusieron visiones y sentaron los temas de la reforma al sistema de justicia.
Dicha reforma, coinciden debe centrarse en erradicar la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el nepotismo.
El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la pandemia urge modernizar la justicia federal, que la población tenga acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, cercana, con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente y eficaz.
Refirió que la iniciativa que él impulsó, con respaldo del Ejecutivo Federal, permitirá consolidar la transformación de la justicia federal, aseguró Zaldívar.
Informó que se acordó con los grupos parlamentarios de la Cámara Alta que sea analizada de forma independiente de otras iniciativas, que puedan ser necesarias en materia de procuración y de justicia local, ya que se trata de una propuesta completa e integral de transformación del Poder Judicial.
Arturo Zaldívar explicó que el proyecto parte de la idea de que la reforma se dé desde adentro del Poder Judicial y sin modificar su estructura, sino hacer ajustes a su funcionamiento para que tengan un impacto duradero y trascendente en la calidad de la justicia y que haga de ésta un derecho real y tangible para la ciudadanía.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero indicó que él presentará un proyecto global de carácter penal, “que incluya todo el tránsito del fenómeno criminal”.
Precisó que lo elabora en conjunto con el Ejecutivo Federal, y abarca desde la prevención, hasta la sanción, además respeta la soberanía del Poder Judicial.
Detalló que se busca construir una Ley Nacional de Justicia Cívica, “mientras no haya una convivencia, valor cívico y una manera de defender a los mexicanos que son ofendidos por la injusticia, no habrá un cambio”, opinó.
Asimismo, destacó que debe impulsarse un Código Nacional Penal con todos los delitos generales que se aplican el territorio nacional, a efecto de dejar las particularidades de cada estado a la decisión de cada soberanía estatal.
Dijo que recibieron por parte de los gobernadores, una propuesta en la cual se hacen varios planteamientos de carácter procesal, “que son muy lógicas porque están vinculadas a la vida diaria de la impartición y procuración de justicia”.
Mientras que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó “Es momento de que el acceso a la justicia sea para todos los mexicanos, sin importar su condición socioeconómica”.
Señaló que es necesario que las instituciones de justicia recuperen la confianza de la ciudadanía y aseguro que la Segob es ese ente articulador que requieren las instituciones para su fortalecimiento.
La secretaria recordó que impulsó una iniciativa de reforma al artículo 116 Constitucional, para garantizar la independencia, la carrera judicial, y el nombramiento de los jueces y magistrados, y, sobre todo, la autonomía presupuestal y un techo mínimo que asegure el fortalecimiento de los tribunales.
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En ese mismo sentido, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República puntualizó que el gran pendiente es la consolidación del Estado de Derecho y para alcanzarlo es fundamental contar un proceso de selección de juzgadores en el que realmente se considere el mérito personal y no el nepotismo y el tráfico de influencias.
Denunció que hay jueces convertidos en mercaderes, mínimamente calificados, que se dedican al abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de impunidades.
“La injusticia debilita la cohesión social e impulsa la ingobernabilidad; del mismo modo, inhibe el crecimiento y socava la confianza”, concluyó.
El senador Ricardo Monreal reconoció que los órganos de administración y procuración de justicia, carecen de instrumentos legales que les permitan operar con herramientas tecnológicas modernas, por lo que se debe avanzar hacia ese camino.
