Como se ha señalado reiteradamente, la pandemia del Covid-19 nos tomó a todos por sorpresa. Han transcurrido prácticamente siete meses desde la confirmación de su aparición en China, causando grandes problemas de salud, económicos y sociales en todo el mundo. A pesar de los enormes esfuerzos internacionales que se han realizado para combatir y prevenir este novedoso y letal virus, países que parecía ya habían aplanado la curva de sus efectos negativos, están experimentado rebrotes, y otros como Estados Unidos, Brasil y México, aún se encuentran en una espiral de contagios y muertes que hace cada vez más impredecibles sus consecuencias finales, hasta dónde llegará y cuándo terminará.
Muchos son los daños que ha sumado esta pandemia que está afectando prácticamente todas las actividades humanas. Uno en particular nos preocupa: la impartición de justicia que ha caído en una crisis de alto calado, provocando que en los últimos cuatro meses este esencial servicio público ha casi desaparecido en toda la República Mexicana, con sus honrosas excepciones. Y si bien es cierto que se trata de un fenómeno que está afectando a la mayoría de los países del mundo –desarrollados, emergentes y subdesarrollados–, que por preservar la vida de quienes trabajan en este sector y de los usuarios, la gran mayoría de los tribunales del planeta han suspendido casi totalmente sus actividades.
En México, desde el mes de marzo se paralizó la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal, como en todas las entidades federativas, con algunas excepciones como el Estado de México y Nuevo León, que previamente se habían ido adaptando a la era digital con nuevas herramientas tecnológicas, como la firma electrónica, los videojuicios y las diligencias judiciales a distancia, por citar las más importantes. El Covid-19 puso en evidencia que similar al sector salud y muchos otros sectores, nuestras instituciones judiciales adolecen de diversas carencias, en gran medida son obsoletas, evidenciando que requieren cambios profundos y mutar hacia la modernización y al uso de las nuevas tecnologías, en una palabra, mutar hacia la ciberjusticia.
“Hoy predomina la sensación en el gremio de los juristas mexicanos de que el funcionamiento del sistema de justicia nacional ha sido gravemente afectado, sobre todo porque la gran mayoría de los casos judiciales ha sido (y seguirá siendo) diferido.”
Las graves implicaciones jurídicas y sociales que esta crisis en la impartición de justicia ha provocado en nuestro país, es que desde el día en que se ordenó el cierre de todos los tribunales (21 de marzo), se ha venido violando el derecho humano de miles de justiciables a un acceso efectivo a la justicia, dejando de observar el mandato del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de toda persona para que: “se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”, no obstante que es justo reconocer que se han implementado una serie de medidas y guardias para que, cuando menos en las materias penal y familiar, no se hayan suspendido totalmente las actividades jurisdiccionales. Sin embargo, estos esfuerzos han sido limitados y hoy predomina la sensación en el gremio de los juristas mexicanos de que el funcionamiento del sistema de justicia nacional ha sido gravemente afectado, sobre todo porque la gran mayoría de los casos judiciales ha sido (y seguirá siendo) diferido, sin saber a ciencia cierta por cuánto tiempo más, pues según las autoridades judiciales (con sus diferencias), la próxima fecha de apertura de las puertas de los tribunales será hasta la primera semana agosto.
En este inédito contexto se está incumpliendo con uno de los esenciales postulado en los que se fundamenta el Poder Judicial, acuñado por el «Siervo de la Nación», José María Morelos y Pavón, al sostener el principio democrático: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, por lo que los miembros del poder judicial, deben aceptar restricciones personales que el ciudadano común pueda considerar gravosas y debe hacerlo de manera libre y voluntaria”.
A pesar de la pandemia, todos los jueces tienen el deber de estar institucionalmente disponibles para servir a los conciudadanos e impartirles justicia. Pase lo que pase, los jueces deberían continuar proporcionando a los ciudadanos el servicio público de impartir justicia igualitaria, pronta e imparcial, cada vez que les sea solicitada, sobre todo tratándose de una medida urgente. Esto es particularmente aplicable en asuntos que involucran derechos fundamentales o la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como adultos mayores y víctimas de violencia doméstica y de género, que se han multiplicado en esta etapa por el necesario confinamiento de las familias.
Suspensión de Garantías
Es importante señalar que ni en nuestra Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que México es parte, existe claridad para señalar que durante las situaciones de emergencia se pueden suspender las garantías judiciales que protegen y salvaguardan los derechos humanos de las personas en esta materia. En nuestro sistema jurídico existe la posibilidad de que en ciertos caso excepcionales se pueda aplicar una suspensión de garantías, de conformidad con el artículo 29 constitucional, pero en la actual pandemia no se ha declarado oficialmente un estado de excepción, ni de suspensión de garantías, por lo que resulta ilegal tener suspendida la garantía de acceso a la justicia para muchos ciudadanos, pues los Poderes Judiciales tomaron la decisión de solamente atender asuntos urgentes por motivo de la contingencia sanitaria, y no han dado un uso correcto a los instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance.
No se puede justificar esta grave omisión con acciones como las que ha presumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien es cierto que el pasado 20 de abril de 2020 realizó su primera sesión de pleno virtual en su historia, con la participación de los 11 ministros que lo integran, y que se discutieron y resolvieron algunas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, lo cierto es que se trata de un hecho muy limitado a unos cuantos asuntos rezagados que no constituyen una respuesta efectiva del Máximo Tribunal del país para estar a la altura de las exigencias de justicia que la sociedad mexicana requiere en esta época de emergencia sanitaria.
En efecto, durante posteriores sesiones virtuales hemos observado que sólo duran un promedio de dos horas, a pesar de que se listan de 10 a 25 asuntos y solamente se resuelven dos o tres por sesión. Quizá lo positivo de este ejemplo es que con el uso de la tecnología se puede cambiar la forma de trabajar y de relacionarnos, debiendo este esfuerzo ser copiado por todos los órganos jurisdiccionales del país, pero también a cumplir con ciertos parámetros.
Otro aspecto relevante de este fenómeno es que si bien la legislación no prevé que los órganos jurisdiccionales sesionen virtualmente, tampoco lo prohíbe y según un conocido principio de derecho, lo que no está expresamente prohibido en la ley, está permitido, Sería bueno que el poder judicial previera estas nuevas herramientas digitales para realizar su trabajo cotidiano y con ello se fortalezca nuestro Estado de Derecho. Se debería seguir el ejemplo del Ministro Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que está encabezando una reforma tecnológica dentro del Poder Judicial Federal, esperando que en un futuro no lejano nos olvidáramos de coser gruesos expedientes y dar miles de copias certificadas, realizar físicamente cientos de notificaciones y emplazamientos, que pueden y deben hacerse en el futuro inmediato a través de medios electrónicos como la firma electrónica (Firel), y con ello también cuidamos el medio ambiente al no usar tanto papel.
También habría que exhortar a los legisladores locales y federales –que están prácticamente de vacaciones–, a que convoquen a periodos extraordinarios y ajusten todos los códigos procesales del país, para que sea legalmente válido administrar la justicia a través de las nuevas herramientas tecnológicas o cibernéticas, vía internet, dejando atrás algunas críticas de juzgadores conservadores que se resisten a validarlas a partir de la expedición de acuerdos generales de los órganos de gobierno y administración de las autoridades jurisdiccionales.
Este cambio debe empezar por los servidores públicos, por los juzgadores que están obligados a revalorar sus funciones en estricto apego a ley y darse cuenta que más allá de cumplir con una estadística, vean el lado humano de las personas y se comprometan más con los grupos vulnerables, sobre todo en este momento en que están en juego sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, y con ello la cuestión de llevar el sustento a sus familias.
Poder Judicial del Edomex: Ejemplo a Seguir
Esta crisis de impartición de justica prácticamente abarca a los 32 estados que integran la República Mexicana, con algunas honrosas excepciones como el Poder Judicial del Estado de México, que antes de la pandemia ya había implementado su Tribunal Electrónico, a partir del establecimiento de la Firma Electrónica Judicial (FeJEM), que desde finales de 2018 abrió la opción a litigantes y ciudadanos para resolver sus asuntos penales, familiares, mercantiles y civiles, vía digital. Y en esta coyuntura, mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura, priorizando la salud de funcionarios judiciales y usuarios durante la emergencia sanitaria por Covid-19, ha privilegiado el trabajo a distancia y el uso de las tecnologías para no interrumpir las actividades de ese Tribunal. Al final de este articulo se agrega una entrevista que Foro Jurídico hizo al Dr. Ricardo Sodi Cuéllar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, en la que de manera más detallada nos explica los aspectos relevantes del Tribunal Electrónico.
Poder Judicial de Nuevo León
Otro ejemplo rescatable de lo que se debe hacer en el sector justicia frente a la pandemia, es el del Tribunal de Justicia de Nuevo León que con el objeto de reanudar gradualmente sus actividades ha modificado algunas de las acciones extraordinarias, independientemente de que determinó reiniciar todos sus servicios hasta el 31 de julio de 2020, estableciendo que
todas las audiencias jurisdiccionales deberán celebrarse a distancia, por medio de videoconferencia, tanto en los procesos judiciales orales, como en los del modelo escrito, ya sea que se inicien o que se encuentren en trámite, sin ninguna limitación sobre la materia o la naturaleza del asunto que deba verificarse en ellas.
Igualmente, amplió los servicios a todos los casos y no sólo a los urgentes o inaplazables, a través del módulo virtual, denominado Notificaciones UMC, en el portal oficial de internet del Poder Judicial del Estado, así como números telefónicos determinados para tal efecto, las partes y sus abogados podrán encargar o cancelar los emplazamientos, notificaciones y oficios vía remota, sin necesidad de acudir en forma presencial a las instalaciones. En la misma dirección se ha ordenado que la Oficialía de Partes
funcione las 24 horas todos los días hábiles del año y que los Buzones de Oficialía, ubicados en edificios que cuentan con Oficialía de Partes, estarán dotados de relojes marcadores para precisar la fecha y hora en que se depositan las demandas, escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presentarse por vía electrónica o esperar cita para su recepción.
Es responsabilidad de las partes, litigantes e interesados, utilizarlo correctamente, ya que su inobservancia en escritos de vencimiento traería como consecuencia que se tenga como fecha de recepción la de su recolección y entrega en la oficialía de partes u órgano jurisdiccional que corresponda, estas acciones entran en vigor a partir del 1º de julio de 2020.
El pasado 16 de junio de 2020, siguiendo las directrices de la justicia a distancia, el Tribunal atendiendo a la presente contingencia sanitaria, ha llevado a cabo los primeros juicios penales totalmente virtuales, garantizando el derecho a la salud de todos los involucrados, aprovechando los avances tecnológicos existentes, para que cada una de las partes intervinientes estuviera conectada en línea para participar en el juicio. Se realizaron técnicas de compartir pantalla para incorporar documentos como medio de prueba, así como incorporación de evidencia material. se realizó interrogatorio y contrainterrogatorio. Los dos primeros juicios celebrados totalmente en línea fueron encabezados por la jueza Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez y el Juez Jaime Garza Castañeda, desde su inicio hasta la pronunciación de la sentencia, ambos juicios tuvieron una duración aproximada de una hora en su desahogo vía remota.
Reanudación Tardía de Actividades Jurisdiccionales
Las Barras y Colegios de Abogados de todo el país han manifestado su insatisfacción por la poca efectividad y el retraso en la respuesta de las autoridades judiciales en todo el país para reabrir las puertas de los tribunales, ocasionando una paralización de los abogados y de los juicios de casi cuatro meses, que ha provocado graves pérdidas económicas en este gremio, despidos y cierres de despachos y consultorías jurídicas. El hecho de establecer guardias en materias penal y familiar es una acción muy limitada, además de que han venido trabajando con mucha parcialidad en estos temas.
Frente a la imposibilidad de contener la pandemia y el preocupante incremento en las personas contagiadas por el virus (212,852) y los decesos oficialmente contabilizados (26,381) hasta el cierre de esta edición (28 de junio), las autoridades judiciales de todo el país han venido ampliando la fecha del reinicio de las actividades completas de los tribunales y juntas de conciliación y prorrogando el vencimiento de los términos legales. Así, con algunas diferencias mínimas, a partir del 20 de marzo que se suspendieron las actividades jurisdiccionales, se ofreció reiniciar actividades en abril; posteriormente el 1º de mayo; luego a la primera semana de junio y ahora se decide que la fecha de reapertura de los tribunales será hasta finales de julio. Inclusive, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, recién amplió el plazo para el 3 de agosto, la Fiscalía General de la CDMX hizo lo mismo para el 10 de agosto, las oficinas que resuelven trámites en recursos contencioso-administrativos del Gobierno de la CDMX reanudarán labores el 10 de agosto. Como ha venido sucediendo hasta la fecha, no debe descartarse que estos plazos se amplíen hasta el mes de septiembre.
Por si fuera poco, los diferentes tribunales y el propio Poder Judicial de la Federación han ofrecido desde el mes mayo agilizar los trámites y acceso a la firma electrónica para los abogados y los justiciables para que estén en condiciones de acceder a los pocos trámites que no están suspendidos. Sin embargo, en realidad no están completamente listas las plataformas para acceder a esta herramienta tecnológica y muchos interesados y litigantes han visto frustradas sus intenciones y esfuerzos para obtenerla.
Por ejemplo, el Tribunal de la CDMX dictó un acuerdo informando que el día 26 de junio de 2020 abría la tramitación vía electrónica, para que se pueda promover en todos los asuntos de su competencia y no solamente los asuntos catalogados como urgentes, pero como se requiere la firma electrónica y ésta normalmente no se puede conseguir, se deja a los abogados y a sus clientes en una clara situación de indefensión, pues las citas para obtener las firma electrónica son escasas y la demanda es amplia. Esta situación igual se repite en la plataforma electrónica del Poder Judicial Federal, presenta frecuentemente fallas y no permite culminar el trámite. Además, no se ha emitido acuerdo alguno en el que se reactiven los términos procesales, por el cual de nada sirve solamente acusar de recibido una promoción y que los juzgados y tribunales tengan conocimiento de ello, por medio de la oficialía de partes común, si el tramite se paraliza después.
La decepción y desesperanza de los abogados litigantes frente a estas fallas en la impartición de justicia ha provocado que algunos abogados organizados convoquen a marchas para exigir la inmediata reapertura de los tribunales en todas las materias y que la administración de justicia sea considerada una actividad esencial, argumentando que todos los servidores públicos de este sector están percibiendo sus sueldos y prestaciones íntegras, sin hacer nada y sin tener la decencia de hacer home office (trabajo desde casa), como en otras actividades públicas y privadas, exigiendo que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por los juzgados y tribunales colegiados federales y locales en todo el país, ya deben abrir sus puertas de manera incondicional, ya que se está violando el ejercicio de la profesión de abogado y la libertad de trabajo. De manera señalada, se pide la inmediata apertura de los tribunales y juntas en materia laboral, para dar cauce a los cientos de demandas que no se han podido presentar de empleadas y empleados despedidos injustamente, como una consecuencia natural del cierre de fuentes de empleo por la pandemia.
Si las condiciones de la contingencia sanitaria permiten regresar el próximo 3 de agosto, los tribunales de todo el país retomarán principalmente las actividades presenciales, pero forzosamente tendrán que combinarlas con el uso de las herramientas tecnológicas que ya se han venido señalando y poco a poco deberán ser mínimas las actividades presenciales, mutando a una verdadera justicia cibernética o en línea, particularmente recepción de demandas, emplazamientos, citas y notificaciones por correo electrónico, telefonía o mensajería instantánea en todas las materias, especialmente civil y familiar que son las que más asuntos tienen. Desde luego que el medio indispensable tendrá que ser la firma electrónica.
“A pesar de la pandemia, todos los jueces tienen el deber de estar institucionalmente disponibles para servir a los conciudadanos e impartirles justicia, los jueces deberían continuar proporcionando a los ciudadanos el servicio público de impartir justicia igualitaria, pronta e imparcial, cada vez que les sea solicitada, sobre todo tratándose de una medida urgente.”
Especial situación guarda en esta crisis el Poder Judicial de la CDMX, considerado el tribunal más grande de América Latina y de Europa, con una problemática especialmente compleja y delicada debido al gran número de personal que tiene (11 mil empleados) y a la cantidad de personas que diariamente acuden a sus instalaciones entre litigantes y usuarios (aproximadamente 93,000), lo que lo hace el posible foco de contagio más grande de la capital del país, por lo que, además de las medidas que se han implementado en materia penal y familiar para no suspender actividades, las nuevas condiciones le han empujado a prever la instauración de una nueva modalidad mixta que entrará en vigor cuando se regrese a la normalidad, con juzgados y salas operando un día a puerta cerrada y otro con atención al público, buscando así preservar la salud del personal y de los visitantes.
Se está también elaborando un sistema de citas electrónicas que permitirá a los abogados agendar la presentación de demandas o escritos iniciales dentro del horario de la oficialía de partes, para evitar colas y aglomeraciones y preservar la sana distancia. Especial atención debe prestarse a la mejora de fórmulas más efectivas y ágiles para que la resolución de los conflictos sociales no termine en una sentencia, luego de un largo, costoso y desgastante juicio, privilegiando los medios alternativos de solución de controversias en lugar de los litigios, particularmente de la mediación.
Importa más el Derecho a la Salud que el Acceso a la Justicia
“Habría que exhortar a los legisladores locales y federales a que convoquen a periodos extraordinarios y ajusten todos los códigos procesales del país, para que sea legalmente válido administrar la justicia a través de las nuevas herramientas tecnológicas o cibernéticas.”
En medio de este debate es interesante mencionar el criterio sostenido por el Juez Federal Décimo de Distrito de Chihuahua en un Juicio de Amparo indirecto promovido por un abogado litigante contra la inactividad jurisdiccional derivada por el Covid-19, en la que el juzgador decidió negar el amparo, argumentando que en un claro ejercicio de ponderación de los derechos de acceso a la justicia y a la protección a la salud, debía maximizarse el derecho de la sociedad a la protección de la salud pública, sobre el diverso de acceso a la justicia del litigante, que no se encuentra suspendido ni restringido totalmente, sino que únicamente se encuentra minimizado. De esta manera, enfatizó que es de interés, tanto de la sociedad, como del Estado, que se adopten las medidas necesarias a fin de mitigar la dispersión y transmisión del Covid-9 en la comunidad, dado que uno de los fines del Estado es precisamente salvaguardar tal derecho humano a la salud y que “el derecho del quejoso de acceso a la impartición de justicia, no se encuentra suspendido ni restringido totalmente, sino que únicamente se encuentra minimizado, en virtud de la situación actual que se vive en el Estado de Chihuahua y en el país, dada la declaratoria de emergencia sanitaria, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2”.
El Tsunami Judicial que Viene
“Especial situación guarda en esta crisis el Poder Judicial de la CDMX, considerado el tribunal más grande de América Latina y de Europa, con una problemática especialmente compleja y delicada debido al gran número de personal que tiene y a la cantidad de personas que diariamente acuden a sus instalaciones entre litigantes y usuarios.”
Finalmente, habrá que llamar la atención sobre lo que puede ser la mayor consecuencia de esta parálisis judicial: el rezago en la impartición de justicia que ha ocasionado el cierre de los juzgados por la pandemia, la suspensión de plazos procesales y la imposibilidad de presentar cientos o miles de nuevas demandas, a lo que habría que sumar el rezago que ya existía antes de ordenar el cierre de los tribunales. Seguramente que estos nuevos casos y los rezagados serán en su mayoría de carácter civil –que afectan al patrimonio de las personas–, y familiares, que seguramente ocasionarán una especie de tsunami judicial, por la gran cantidad de trabajo que recibirán de repente, por lo cual los presidentes de todos los tribunales deben tener lista una estrategia para mitigar este fenómeno que viene y que no vaya a provocar un problema mayor del que ahora existe ante los incipientes niveles de impartición de justicia que hoy padece la sociedad. Sin duda, para hacer frente a este gran reto habrá que mutar rápida y audazmente hacia la justicia electrónica o en línea y promover el uso de las herramientas digitales que hoy se tienen a la mano.
