En una mesa de diálogo virtual, activistas y responsables de centros penitenciarios de México coincidieron en que la Ley de Amnistía es insuficiente para hacer frente a la pandemia del Covid-19 dentro de las cárceles.
El titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, Apolonio Armenta Parga, comentó que la legislación recién aprobada, no sirve para aliviar la concentración de personas.
Sin embargo, existen otras medidas que pueden retomarse como las contempladas en la Ley Nacional de Ejecución, que establece preliberaciones por políticas penitenciarias, dijo.
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Informó que la fiscalía correspondiente, las penitenciarias y el Poder Judicial están armando un plan para revisar expedientes y liberar a personas que no hayan cometido delitos graves y anticipar su salida.
Otra traba que presenta la ley de Amnistía es que los trámites de liberación tardan entre dos y seis meses, por lo que se deben contemplar otras medidas, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa Común.
Además de que la ley sólo prevé cinco delitos, apenas el 7 por ciento de los internos podría salir, y sólo aplica para el ámbito federal, no para el local, subrayó.
Ahora, confirmados hay 92 casos de Covid-19 en prisiones y “el 88% de las prisiones federales tiene deficiencias en servicios de salud”, expresó la activista.
Indicó que se deben impulsar acciones de impacto en salud e higiene de los reos, así como del personal que labora en los centros penitenciarios y dotarlos de material para hacer frente a la pandemia.
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Reiteró que se deben reducir el número de delitos que ameritan prisión preventiva, asimismo, desarrollar un proyecto de mejora de instalaciones, capacitación de personal, un programa de adicciones y reinserción social, así como mejores condiciones de higiene y salud.
En ese sentido, Saskia Niño de Rivera, Reinserta A.C, afirma que la pandemia expuso las carencias de los penales y los problemas de ingobernabilidad en muchas de ellos, además de que en la mayoría no aplican las medidas sanitarias correspondientes.
Añadió que no se ha logrado la reducción o suspensión de visitas en algunas cárceles, debido a la sistema de corrupción imperante y de la que depende la economía de los custodios, quienes ganan en promedio 8 mil pesos al mes.
