La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la impugnación que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la reforma que establece a los delitos fiscales como delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional.
Por lo tanto, será la SCJN quien determine si son constitucionales los cambios legales que consideran al fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos y la emisión de facturas falsas como delitos graves.
Cabe resaltar que la acción de inconstitucionalidad 130/2019 fue presentada por la CNDH durante la gestión de Luis Raúl González Pérez.
