Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) denuncia que en la nómina del gobierno de la Ciudad de México hay 20 defensores de oficio que no cuentan con cédula profesional y son asignados a casos en lo que el imputado no tiene recursos para contratar a un abogado privado.
Abogados pagados por el gobierno para representar a quienes no tienen recursos para contratar un privado, pero que en realidad no han cubierto todos los requisitos para ejercer el derecho, señala MCCI.
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Estos defensores representan a los ciudadanos en cualquier materia, incluso penal, sin embargo, sus clientes tienen significativamente más posibilidades de perder el caso, e incluso acabar en la cárcel, según datos del INEGI.
Además, existen otros 70 defensores que recibieron el nombramiento sin que en ese momento contaran con cédula profesional, omisión que en algunos casos se prolongó décadas, según los registros del Gobierno de la Ciudad de México.
Datos del gobierno de la CDMX
En la investigación de MCCI se establece que: En la Ciudad de México hay 444 abogados de oficio para brindar defensoría legal gratuita a los ciudadanos que lo necesiten, según información entregada por el gobierno de la ciudad.
De ellos, 91 fueron contratados sin que contaran con cédula profesional, omisión que 71 de ellos resarcieron en los años o décadas posteriores, y otros 20 siguen sin cumplir con ese requisito hasta la fecha.
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En 19 casos la dirección general de Servicios Legales justificó esta situación asegurando que se trata de “defensores de oficio B, para lo cual no es requisito contar con cédula profesional”.
Aunque la ley que rige la Defensoría Pública del Gobierno de la Ciudad de México establece que la titulación y la cédula profesional son requisito obligatorio y el reglamento de la institución no establece ninguna diferencia jerárquica entre defensores de oficio, no contempla la existencia de “defensores B”.
