Ante la aprobación de la ley que sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes participen en protestas que impidan la realización de obras públicas o privadas, asimismo para quien imponga cuotas o extorsione para el libre tránsito, tanto la CNDH como Gobernación analizan su contenido e incluso podrían impugnarla.
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El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que el área jurídica del organismo está analizando la llamada Ley Garrote y en caso de ser necesario presentar una acción de inconstitucionalidad.
Por su parte, el Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas indicó que “no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación y a la expresión política”, añadió que una vez que se publique la Ley harán comentarios.
No es para reprimir
En su habitual conferencia, el presidente emitió su opinión acerca de la Ley Garrote.
“No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno”, dijo Andrés Manuel López Obrador.
Añadió, “en el caso de Dos Bocas no hay oposición, al contrario, la gente está contenta”, con respecto a los comentarios de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien declaró que la ley evitaría que se manifiesten en contra de la construcción de la refinería.
La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, también rechazó que la ley se aprobara para blindar Dos Bocas y afirmó que la Guardia Nacional se encarga de la vigilancia de la obra.
