En la inauguración del foro “La laicidad del Estado mexicano: actualidad, expectativas y retos en el escenario nacional contemporáneo”, Verónica Juárez Piña, dijo que no se puede permitir que el Estado dé concesiones a grupos religiosos porque se violentaría el laicismo en el país.
La coordinadora del PRD dijo, “Hemos sabido, a través de la Secretaría de Gobernación, que se da la instrucción para que pueda analizarse una iniciativa que llegue al Congreso para dar concesiones públicas”.
Y adelantó que su bancada trabaja una iniciativa para sancionar a funcionarios públicos que atenten contra el Estado laico.
Angélica de la Peña Gómez, activista y defensora de derechos humanos, consideró peligroso que las iglesias quieran imponer al Estado formas de pensar, actuar y asuntos relacionados con la gobernanza. “Es delicado que podamos estar frente a una violación del precepto fundamental que está en la Constitución, como es el Estado laico”.
Observó que es inadmisible que en pleno siglo XXI las iglesias se involucren en la educación, exijan concesiones para tener canales de televisión y acoten los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Afirmó que tener una religión es un derecho humano, pero el clericalismo que pretende apropiarse de la esfera pública y política no se debe permitir.
Roberto Blancarte Pimentel, profesor-investigador en El Colegio de México, comentó que la Carta Magna es la única que hay que respetar “dado que tiene valores y defiende la libertad, la igualdad y la no discriminación. Esa es la única constitución moral que debemos tener”.
Observó que fue un error la impresión de 10 millones de ejemplares de la Castilla Moral, de Alfonso Reyes, por considerarla violatoria al artículo 3ro de la Constitución. De igual forma, piensa que es un error tratar de incluir a las iglesias al espacio público.
Armando Javier Díaz Camarena, fundador del Centro de la Diversidad Sexual y de los Derechos Sexuales, pidió crear mecanismos de denuncia de violaciones al Estado laico e impulsar la capacitación para identificar estrategias que deriven en cambios jurídicos y políticas públicas.
Explicó que la educación tiene un papel relevante en el avance de los derechos sexuales, porque representa la posibilidad de construir un entorno favorable y superar el miedo a la pérdida del orden social. “Incluir la diversidad y contenidos de sexualidad abre posibilidades para una mayor integración y bienestar de la población”.
