Julio Hernández Barros
Expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Mi experiencia como Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta el mes de enero de 2017, me permite afirmar que apenas se están colocando las primeras piedras en materia de atención a víctimas y todavía hay mucho por hacer, específicamente por las víctimas de delitos de alto impacto, entre las que destacan, por supuesto, la desaparición de personas, el secuestro y el homicidio.
“El combate a la delincuencia y el crimen organizado por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades municipales, ha dejado en nuestro país un número considerable de víctimas tanto del delito y más allá, de la violación de sus derechos humanos.”
Entre diciembre de 2006 y enero de 2018 han muerto alrededor de 120 mil personas por vía de ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad, entre éstas se encuentran civiles, estudiantes, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, pero también falsos positivos, aunado a los problemas de desapariciones forzadas, escuadrones de la muerte, levantones y bajas colaterales.
El grito de “¡Estamos hasta la madre!”, de Javier Sicilia; la creación de México SOS por parte de Alejandro Martí, que procura tener un sistema sólido de justicia y legalidad libre de corrupción, sin impunidad; la Asociación Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace que tiene como misión ayudar de forma integral a las víctimas del secuestro; y las miles o decenas de miles de víctimas sin nombre, perdidas en el anonimato que la propia estructura gubernamental propicia, han sido la fuente de creación de esta propuesta, que no deriva más que del dolor, de la tragedia y de la sangre de los mexicanos.
Una propuesta que en un país sin corrupción, sin impunidad y sin negligencia, no tendría razón de ser, una propuesta de ley para mitigar lo ocasionado por la inaplicación de otras leyes.
El error de considerar que el enemigo estaba afuera y que el combate sería relativamente sencillo, cuando la premisa es falsa y el gobierno se encuentra infiltrado desde los mandos más altos haciendo escala por todas las jerarquías y en los tres niveles de gobierno, también ha sido un factor importante que ha ocasionado una cantidad elevada de víctimas en nuestro país.
Esta realidad no es soslayada por parte del gobierno federal, que tiene entre sus altas encomiendas la protección y seguridad de la población. Antes que rehuir a dicha problemática, como una forma de enfrentar los innumerables daños que han traído la delincuencia organizada y de otro tipo, y la violación a los derechos humanos, evidencia día a día su preocupación y empeño por proporcionar respuestas, a través de la creación de mecanismos que contribuyen a eliminar la injusticia y la inequidad. Sin embargo, el Estado no ha cumplido con el deber de brindar seguridad ni justicia a su población, pues en la mayoría de los casos no es encontrado nunca un responsable que sea llevado a juicio y sancionado por sus actos.
Un estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las víctimas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que el propio estado tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno y suficiente a los sistemas de justicia que ponderen a la población antes que a la revictimización, la creación de mecanismos que contribuyan a eliminar la injusticia y la inequidad y busquen reparación integral de sus daños.
La opinión generalizada de la población es que el sistema jurídico está más preocupado en preservar y proteger los derechos de los delincuentes que los de las víctimas, las cuales no sólo no son tomadas en cuenta, sino que en muchas ocasiones son objeto de diferenciaciones, aplazamientos, vejaciones y olvido.
En efecto, grande ha sido el descuido que a través del tiempo ha mostrado el legislador y, en general, todas las autoridades del estado en lo referente a la situación legal de las víctimas, a pesar de que son quienes sufren las consecuencias del delito y de las acciones que repercuten en violaciones a sus derechos humanos; lo que contrasta con la atingencia que se ha mostrado en la atención de los derechos humanos del inculpado y, por ende, de sus derechos dentro del juicio penal, creándose una desigualdad notoria entre ambos.
Es positivo que la esfera del imputado se salvaguarde y tutele adecuadamente. No es la intención de esta propuesta limitar en forma alguna los derechos del imputado, pero sempiterna indiferencia del estado hacia la víctima no había sido atemperada históricamente, ni siquiera por la consideración de que generalmente se trata de individuos que forman parte de lo mejor del núcleo de la sociedad y aunando al abandono legal, la ineficiencia del Ministerio Público en lo que hace a la protección de los intereses y derechos humanos que afecta el delito.
Sin embargo, en la realidad, las víctimas del delito no son tratadas con respeto a su dignidad, no tienen verdadero acceso a la justicia, ni logran la reparación del daño al que tienen derecho.
Cuando un juez penal emite una sentencia, alguien ha ganado y alguien ha perdido el juicio. La víctima, en aspectos esenciales, no gana nunca.
El gobierno federal preocupado por esta situación ha tratado de tomar medidas en diversos órdenes, para salvaguardar los derechos victimales. Así, se ha reformado el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar la idea de reconocer los derechos humanos, es decir, los derechos relacionados con la dignidad humana con universalidad en cuanto a su reconocimiento y aplicación, sin que admitan restricciones ni casos de excepción. Además, se agregó un apartado al artículo 20 de la normativa constitucional, que trata de evitar el trato desequilibrado de los derechos correspondientes a víctimas e imputados, sin embargo, dista todavía mucho de conseguirlo.
También se debe hablar de la creación de la Procuraduría Social de Víctimas del Delito. La propuesta es novedosa, su intención loable, y pretende responder al gran reclamo social e histórico para garantizar una adecuada atención a las víctimas del delito, quienes han sido desde siempre consideradas como sujetos pasivos del devenir procesal, y como convidados de piedra al espectáculo de la impunidad. Sin embargo, la iniciativa, como afirma el poeta Javier Sicilia, desconoce un elemento esencial de la actual situación en la que nos encontramos: a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Atendiendo a la obligación constitucional del presidente de la República de respetar, proteger y promover los derechos humanos, y como un fundamento axiológico que parte del reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas y del tratamiento de las víctimas como sujetos titulares de esos derechos, se propone este ordenamiento legal basado en la condición humana a partir de la vida, la libertad y la igualdad, valores absolutos, suprapositivos y preexistentes, cuya fuerza permea las actuaciones y deliberaciones del estado y subsiste aún después de la muerte.
Aun cuando se reconozcan los avances legislativos y administrativos en materia de protección a víctimas, estos resultan hasta ahora del todo insuficientes, pues no existe un instrumento que coercitivamente obligue a las autoridades en sus distintos órdenes de gobierno a cumplir y respetar sus derechos, entre los que se destaca la reparación integral.
Es innegable también que no todos los actores involucrados en la protección y defensa de los derechos de las víctimas han asumido en la misma medida el compromiso de velar por los mismos, incluso los que más han trabajado en este rubro están por debajo de las necesidades existentes y no han garantizado los derechos de las víctimas consagrados en nuestra Carta Magna y en los Instrumentos Internacionales.
Todas las víctimas deben de ser atendidas: las de la delincuencia habitual, del crimen organizado, de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo a quienes han sido víctimas de delitos menores hasta aquellas que han sufrido por actos de violación de los derechos humanos más graves. Desde luego el acceso a los distintos sistemas que la propia iniciativa prevé variará dependiendo en torno a qué calidad de víctima se tenga o del grado del daño que hayan sufrido los derechos humanos o los derechos en general por el delito o por las violaciones de derechos humanos.
En materia de desaparecidos, a la fecha no existen bases de datos de material genético, tampoco de las personas que buscan a sus familiares ni de las personas que son encontradas, es decir, no se cumple con los protocolos ante mortem-post mortem establecidos por la Cruz Roja internacional.
Tampoco se cuenta con protocolos en materia de inhumación de restos humanos no identificados, a lo cual se agrega una nula coordinación entre los estados de la República, y, como consecuencia de esta situación, hay, por un lado, miles de personas buscando a sus seres queridos sin encontrarlos y, por el otro, miles de cuerpos hallados que, debido a que no son identificados, terminan en fosas comunes, las cuales no cumplen ningún requisito para ser consideradas almacenes forenses y, por lo tanto, será imposible identificarlas en el futuro.
Si a estos problemas sumamos la impunidad que es del 97%, el panorama para las víctimas no es nada esperanzador.
La garantía de los derechos de las víctimas se resolvería aplicando las leyes que ya existen, pero la falta de voluntad política y presupuestal hacen difícil la garantía de los derechos de las víctimas.
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