Entrevista con el investigador Ricardo Alvarado
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Ricardo Alvarado
En días pasados, la sociedad civil, representada por los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás, instalaron mesas de trabajo para discutir y compartir experiencias con integrantes del equipo de trabajo del presidente electo y legisladores electos, para compartir opiniones sobre el modelo de Fiscalía General que las personas en México necesitan para confiar en la procuración de justicia.
Como resultado de estas reuniones se estarán celebrando una serie de sesiones de trabajo donde se abordarán temas como la profesionalización de la nueva Fiscalía, los mecanismos de supervisión y control internos, la especialización de las fiscalías, los mecanismos de designación y remoción de funcionarios y el régimen de transición entre la Procuraduría y la nueva Fiscalía, entre otros.
Los representantes de los colectivos ciudadanos que participarán en las mesas de trabajo han firmado una carta de conflicto de intereses en la que se comprometen a no ocupar ningún cargo al interior de la Fiscalía General, incluyendo las fiscalías especializadas, en un periodo de tres años.
Todos los participantes de las mesas de trabajo manifestaron su voluntad y compromiso para elaborar de forma conjunta un modelo de Fiscalía General en el que la justicia imparcial, la dignidad de las víctimas y la eficiencia de la investigación y del ejercicio de la acción penal sean los principios rectores de una institución encargada de atender un mandato popular: erradicar la impunidad.
Foro Jurídico entrevistó a Ricardo Alvarado, investigador de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad para conocer su opinión sobre el proceso de la designación del Fiscal General.
¿Nos podrías hacer un breve resumen sobre el proceso de designación del Fiscal General?
El tema inicia por una reforma que se hizo en 2014, se reformó el artículo 102 de la Constitución. Este artículo es el que define las atribuciones de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual funciona como una suerte de abogado de la presidencia de la República, que protege los intereses de la República en general con respecto a los estados. La Procuraduría es quien presenta las controversias constitucionales entre poderes, el Procurador representa a la Federación o al poder Ejecutivo. Al aplicar la reforma, la PGR se convertirá en una nueva Fiscalía con el espíritu de hacerla autónoma, para tener una sintonía con los modelos de otros países y con el fin de crear un Ministerio Público que tenga un cuerpo de personas que investigue los delitos, con el fin de presentar las denuncias ante los jueces.
Esta reforma desafortunadamente no se ha podido poner en marcha por completo por los artículos transitorios de la reforma, El problema empezó cuando por el fraseo de esta modificación constitucional, la persona que en ese momento era titular de la PGR, podía quedarse al frente de la Fiscalía, el famoso pase automático, que la persona votada por el Senado en ese momento para ser procurador, podría quedarse para ser el nuevo fiscal, además por nueve años. Sólo bastaba la declaración del Senado para serlo.
Otro tema a discusión es que el Presidente puede correr al Fiscal, el único candado que existe es que el Senado puede oponerse a esa renuncia. Esto es muy parecido a la situación que pasó con Santiago Nieto, extitular de la Fepade, lo que generó un enfrentamiento y ocasionó que las organizaciones de la sociedad civil empezaran a empujar, a decir que lo que había en la Constitución era insuficiente para garantizar la independencia de la Fiscalía.
¿Qué es lo que les preocupa?
Nos preocupan principalmente dos aspectos. El primero es la verdadera independencia política de la Fiscalía, es decir, que la persona a cargo de investigar, y todo el personal que depende de ella, no tengan ligas con un político en específico, porque podrían llegar a sesgar las investigaciones y a beneficiar los intereses de dicho político; podrían favorecer a algunos políticos y sesgar las investigaciones en contra de los enemigos del mismo.
“Nos preocupa que la persona a cargo de investigar [el Fiscal], y todo el personal que depende de ella, no tengan ligas con un político en específico, porque podrían llegar a sesgar las investigaciones y a beneficiar los intereses de dicho político.”
El segundo aspecto es la profesionalización del personal. Hoy tenemos una gran deficiencia en la capacidad para investigar delitos dentro de la Procuraduría. La idea era cambiar esta situación, bajo esta óptica diversas organizaciones de la sociedad civil empezamos a presentar nuestras quejas y propuestas a través de los medios de comunicación, y a hacer manifestaciones públicas para generar una discusión pública en torno a una nueva reforma al artículo 102.
Tras el resultado de las elecciones del 1º de julio, consideramos un peligro que una de las asociaciones políticas tenga una abrumadora mayoría. El nuevo gobierno ha dicho que no tiene pensado reformar el artículo 102, entonces lo que nos preocupa es que AMLO quiera jugar con las reglas de la reforma como fue planteada en 2014.
¿Se acaba de reformar el artículo 102 de nuevo?
Efectivamente, lo que se logró reformar fue el pase automático, que es un artículo transitorio. Pero dado los fraseos legales, se tendría que jugar con las reglas actuales para fiscal. Nos preocupa que AMLO dijo en alguna de sus conferencias de prensa que va a presentar directamente una terna. Antes el senado va a armar una lista de 10 personas, donde se incluye a esta terna, la cual será enviada al presidente Peña Nieto para que se eche a andar el proceso de designación.
El proceso de la reforma actual es el siguiente: el Senado arma una lista de 10 personas, que por requisitos todos los candidatos deben de tener una edad mínima de 35 años y experiencia como litigantes, ésta será entregada al Presidente quien elegirá una terna, después será devuelta al Senado. La terna comparece ante el Senado y por mayoría se escoge al Fiscal para un periodo de nueve años. Lo que las organizaciones de la sociedad civil proponíamos es que hubiera un Fiscal intermedio y que la sociedad civil se involucrara en el armado de esta lista de 10 personas.
¿En la conformación de la lista debería estar involucrada la sociedad civil en conjunto con el Senado?
Esa era la propuesta inicial, que las diferentes organizaciones de la sociedad civil participaran en una suerte de comité técnico similar al que se planteó para el nombramiento reciente del INAI, un espacio de participación ciudadana y de anticorrupción, es decir, un cuerpo de académicos expertos en la materia revisara los perfiles propuestos, de los cuales se eligiera los 10 mejores para presentarlos al Senado. Iniciar el procedimiento a partir de ahí, esa era la idea inicial, aunque digamos que informalmente podría buscarse la participación ciudadana, no obstante, no están legalmente obligados a hacerlo.
“La propuesta inicial era que las diferentes organizaciones de la sociedad civil participaran en la elección del Fiscal, es decir, que un cuerpo de académicos expertos en la materia revisara los perfiles propuestos, de los cuales se eligieran los 10 mejores para presentarlos al Senado.”
La otra iniciativa ciudadana es reducir a seis años el periodo del Fiscal. En la historia reciente de la democracia mexicana, ninguna persona ha estado seis años en la Procuraduría, ningún procurador ha estado los seis años completos. En este caso, nueve años abarca todo el sexenio de López obrador más tres del siguiente sexenio.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Lo que está pasando es que hay cierta disposición de diálogo. Se abrieron algunas mesas de trabajo con el equipo de transición para que la sociedad civil pueda exponer sus opiniones, el tema que estamos atacando más fehacientemente es la profesionalización del ministerio público y lograr un compromiso por parte del nuevo gobierno para poder armar la estructura de la fiscalía con una capacidad de investigar los delitos.
Tenemos un dato que es revelador: en un apartado de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad se pregunta a las personas que están en la cárcel: ¿cuáles son los elementos por los que fueron declarados culpables?, lo que incluye evidencias, pruebas, testigos, evidencia material, etcétera. Un bajo número de personas en reclusión reconoce que en su proceso fueron incluidas las pruebas adecuadas en su juicio, lo que significa que las fiscalías no están investigando. Esto es un gran problema, por lo que se necesita construir un cuerpo burocrático dentro de las fiscalías federales y estatales capaces de investigar tanto del fuero común como del fuero federal.
¿Cómo afectarían los recortes presupuestales y ahorros propuestos por amlo al proceso de profesionalización?
Lo que se necesita es tener el compromiso del nuevo gobierno para que se cuente con los recursos necesarios. Todos los gobiernos enfrentan falta de recursos pero la idea es que haya el compromiso de dar los recursos suficientes a la Fiscalía para lograr la profesionalización.
¿Qué opina sobre el proceso de pacificación, la amnistía propuesta y el supuesto perdón a los criminales?
El problema de fondo y fundamental es la falta de derecho, de qué sirve el dinero que se está destinando al desarrollo social cuando no hay estado de derecho. En general, los delitos no son castigados y todo repercute en la eficacia o la justicia del Estado.
El problema es que el equipo de trabajo del presidente electo no ha dejado en claro qué quieren decir con esto de la amnistía. Hay ideas que podrían ser efectivas, por ejemplo, la de no penalizar a las personas que están involucradas en asuntos periféricos a la delincuencia organizada, como son los campesinos, halcones, etcétera. Es decir, los delitos que se cometen en la periferia y que no dañan directamente a nadie.
Pero hablan de eso y también hablan de justicia transicional, cuando la justicia transicional es como una suerte de proceso político-jurídico que experimenta un país cuando tiene un conflicto interno, por ejemplo, una guerra civil o guerrilla.
El nuevo gobierno habla de comisiones de la verdad en toda la República, sin embargo, la justicia transicional está diseñada para crímenes de Estado y en México los delitos han sido realizados por la delincuencia organizada
Exactamente, las comisiones de la verdad fueron propuestas para casos en los cuales se considera la participación del Estado, como el caso Tlatlaya. Efectivamente, no se incluyen en la misma carpeta del narcotráfico y el número tan elevado de homicidios en nuestro país es consecuencia de éste último. Hay poca claridad y no nos especifican como le van a entrar al problema.
Además, es un problema de seguridad pública, ni siquiera de seguridad nacional; es un problema de los cuerpos de policía, de ministerios públicos que persiguen al grupo de personas que delinquen de manera sistemática y organizada. Este grupo de delincuentes no es un problema político, por lo que no se puede aplicar justicia transicional.
Por ejemplo, con la guerrilla en Guerrero hubiera tenido más sentido hablar de justicia transicional o con el EZLN más que con la delincuencia de los grandes carteles de la droga, quienes buscan obtener recursos económicos a través de la comisión de delitos y, como consecuencia de la ineficacia de la estrategia para combatirlos, nos encontramos en el peor momento de los últimos 12 años.
Pero no queda clara la estrategia y siento que se están precipitando en estos foros. Por lo que he visto les ha ido bastante mal, las víctimas están enojadas, se quedan reclamando, lo que tiene todo el sentido del mundo. Pareciera que no tienen una propuesta clara, por eso la organización de los foros es una decisión precipitada, significa tomar una decisión antes de ser gobierno y no tienen claro o no han socializado bien cuáles son las intenciones de la política que implementarán. Debemos esperar una propuesta más clara para la seguridad pública.
Retomando el tema del Fiscal, ¿cuál es el siguiente paso que se debe dar?
Con base en lo que han declarado, la reforma al artículo 102 no va a prosperar, al menos hasta el siguiente año. Para nosotros lo importante ahora es convencer de llevar a cabo la profesionalización del cuerpo de servidores públicos que forman parte de la Fiscalía, esa es la discusión que viene.
¿Qué sigue en cuanto a los nombramientos?
Creo que todavía puede hacer algo la sociedad civil. Todavía existe la posibilidad de acercarse al Senado y pedir que se evalúen los perfiles de distintas personas, no sólo las que proponga Andrés Manuel López Obrador.
¿Desde un principio AMLO propuso tres personas?
Sí, corrieron rumores de que hay tres personas. Se habló en un principio de Bernardo Bátiz, Eva Verónica Zárate y Juan Luis González Alcántara, también se dijo que habría cambios. Esto es al estilo de López Obrador, vamos a hacer lo que dice la ley, pero les voy a mandar esos tres nombres para que queden en la lista de 10, y con su mayoría van a quedar los que yo quiero. Nuestro objetivo es que ya no existan este tipo de mecanismos.
¿Si esto llegara a pasar?
El problema fundamental va en sintonía con lo que ha dicho de que necesitamos hacer una Fiscalía autónoma, el problema es que la experiencia nacional e internacional nos dice que normalmente eso no acaba bien. Lo que nos queda es esperar a que haya una discusión ciudadana lo más amplia posible sobre este tema, que permita involucrarnos todos antes de que acabe el año, mientras más involucrados estemos todos, mejor será para el país.
