Se ajustó la SEDENA al sistema de justicia penal acusatorio al crear -antes que la PGR-, la Fiscalía General de Justicia Militar, que inició actividades el pasado 16 de junio. Como se esperaba, el General Salvador Cienfuegos, por acuerdo del Presidente Enrique Peña Nieto, confirmó como primer fiscal al General de Brigada de Justicia Militar, Lic. Jesús Gabriel López Benítez, quien se venía desempeñando como Procurador de Justicia Militar. Ahora, bajo la nueva modalidad de justicia penal, será el responsable de la investigación, persecución y acusación de los hechos delictivos competencia de los tribunales militares. Tendrá presencia en todo el territorio nacional, con 33 centros de justicia en diversas regiones y zonas militares, en regiones y sectores navales, auxiliadas por personal de policía ministerial militar, así como los MP adscritos a los juzgados militares. Con la reciente reforma al Código de Justicia Militar se suprimen los Consejos de Guerra, se crean los Juzgados Militares de Control y los Tribunales Militares de Juicio Oral y la Procuraduría General de Justicia Militar se trasforma en la Fiscalía General de Justicia Militar, encabezada por el Ministerio Público. Asimismo, el Cuerpo de Defensores de Oficio se convierte en la Defensoría de Oficio Militar, y se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Por otro lado, las funciones jurídicas y de asesoría pasan a la recién creada también Dirección Jurídica, designando igualmente el titular de la SEDENA al General Alejandro Ramos Flores, quien de inmediato tomó posesión del cargo.
Los resultados de las pasadas elecciones no sólo movieron el escenario político del país, sino también cimbraron las bases del PRI y del PRD, que experimentaron la renuncia de sus respectivos dirigentes. En el PRI la salida de Manlio Fabio Beltrones era evidente. No así la de Agustín Basave del PRD que fue sorpresiva. El llamado voto duro del priismo nacional fue insuficiente ante el «voto de castigo» que puso a temblar a su líder máximo, el Presidente Peña Nieto, quién seguramente está replanteando todas sus estrategias, de cara al 2018. En el partido del sol azteca, aunque salió medianamente librado, gracias a las alianzas con el pan, los conflictos internos siguen siendo su flanco débil. Sólo el pan festeja sus triunfos y encabezado por Ricardo Anaya Cortés pretende reforzarse e intentar rescatar el Palacio Nacional en el 2018, con una primera fase en la que pretenden arrebatarle el próximo año el Estado de México a Eruviel Ávila, con Josefina Vázquez Mota como candidata. Lo decepcionante de la reciente jornada electoral fue sin duda el poco interés que los capitalinos mostraron sobre su Congreso Constituyente, ya que sólo salió a votar el 28% del padrón. El mensaje popular generalizado fue el hartazgo de la sociedad hacia la clase política.
Enfrentado nuevamente en una crisis social, política y económica, el estado de Oaxaca sigue presa de la disidencia magisterial en espera de que las negociaciones entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación permitan regresar a la calma en esa entidad. Luego de los lamentables hechos suscitados en Nochixtlán, el gobierno federal tuvo que dar una pausa para reabrir las puertas del diálogo y ser, nuevamente, Miguel Osorio Chong, el intermediario en el conflicto en donde, como sucedió con el IPN, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, quedó al margen. Para muchos, poco habrá que negociar ya que será difícil que las partes cedan en sus pretensiones, sobre todo los maestros, quienes a toda costa desean recuperar sus privilegios ganados a pulso durante años, tras presionar al gobierno estatal y federal, pero sobre todo echar para atrás la reforma educativa. Mientras tanto, la autoridad está obligada a respetar el mandato Constitucional que obliga la transformación de la educación en México. Por desgracia, los más afectados seguirán siendo, no solamente los alumnos, sino la sociedad oaxaqueña completa, víctima de la anarquía y violencia de los maestros disidentes.
Una nueva controversia surge ahora con la Ley 3 de 3 con jueces y magistrados de la Ciudad de México, quienes se niegan a presentar su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, bajo el argumento de existir contradicciones legales sobre el tema. De acuerdo con el Mgdo. Armando Hernández Cruz, Presidente del Tribunal Electoral capitalino, hay antinomia entre la fracción 13 del artículo 121 de la Ley de Transparencia local y la fracción 12 del artículo 70 de la Ley General. La primera obliga a la publicación en el portal de internet de cada dependencia u organismo capitalino; mientras que la segunda, únicamente será bajo consentimiento de los funcionarios. Ante ello, será la Suprema Corte quien deba decidir qué norma debe aplicarse. Esta situación abre un debate sobre si es válido hacer pública esta información en funcionarios de todos los niveles, si quedan expuestos ellos y sus familiares cercanos a posibles acciones criminales, sobre todo por los elevados índices de inseguridad que padecemos, si serán blanco de la ¡ delincuencia, o si este tipo de temas de transparencia y rendición de cuentas atenta contra los Derechos Humanos. No hay que olvidar que los sueldos de todo funcionario, federal, estatal o municipal, pueden consultarse sin ninguna restricción.
Mientras la PGR avanza a toda velocidad en la extradición de “El Chapo” Guzmán, a una Corte de Estados Unidos, ellos nos devuelven a otro peligroso capo, Jesús Héctor “El Güero” Palma Salazar, quizá ya con la información sustraída sobre el trasiego y encubrimientos para el transporte de droga. Tras ser extraditado y luego de pasar 9 años en una prisión estadounidense, el «Güero» Palma fue devuelto a la justicia mexicana y curiosamente trasladado al Centro de Readaptación Social número 1 del Altiplano, prisión de la que se fugó «El Chapo», poniendolo a disposicioón de un Juez Federal que le dictó auto de formal prisión por homicidio. Con estos antecedentes algunos se siguen preguntando ¿para qué son entregados este tipo de delincuentes a las autoridades extranjeras, si obtienen su libertad antes de tiempo por “buena conducta” y luego son regresados? ¿Acaso dejan de ser peligrosos gracias a un buen sistema de readaptación social en eu? El tema es que deberían ser juzgados y condenados en México, pero sobre todo, permitir el decomiso de sus fortuna, de sus propiedades y de todo el dinero obtenido por sus actividades ilícitas.
