A un año de de entrar en vigor en todo el país el nuevo sistema procesal penal acusatorio-oral, se llevó a cabo el 7º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, con el título: “Reforma al Sistema de Justicia Penal a un Año de Vigencia, ¿Qué falta y quién está en falta? El encuentro se convirtió en un llamado de atención hacia las autoridades municipales, estatales y federales para que aceleren el paso a fin de evitar posibles atrasos que comprometan el mandato constitucional. En este sentido, el Presidente Enrique Peña Nieto, salió al paso para asegurar que su administración hace todo lo posible para llegar a la meta en tiempo y forma, al destacar que la instrumentación de la reforma penal es una prioridad nacional. Aseveró que no se han escatimado esfuerzos para respaldar a los gobiernos estatales en esta importante transición.
Al inaugurar los trabajos del foro, Peña Nieto recordó que el 18 de junio de 2016 es la fecha en la que el Estado mexicano tiene la obligación de que el nuevo modelo de justicia exista, que prevalezca y tenga plena vigencia en todo el territorio nacional. El Primer Mandatario resaltó que el Gobierno de la República está comprometido para llevar a buen término la instrumentación para todos los mexicanos. Es un esfuerzo en el cual sociedad y gobierno, dijo, deben enfocarse para hacer que pruebe su éxito a fin de brindar una justicia pronta y expedita. De esta forma enumeró ante los líderes de organizaciones civiles, representantes de los poderes judicial y legislativo, las acciones que su administración ha realizado, entre las que destacan:
- Asignación de un presupuesto histórico de casi 10 mil millones de pesos, para la implementación del Sistema en las entidades federativas.
- Establecimiento de un plan de aceleración para acompañar a las entidades federativas en su instrumentación.
- Capacitación para garantizar que todos los operadores cuenten con los conocimientos necesarios.
- Junto con los Congresos locales lograr un avance en un 90% en la armonización de la legislación estatal con el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el desarrollo de herramientas e infraestructura para garantizar una investigación científica de los delitos.
Señaló el Presidente Peña Nieto que el sistema penal acusatorio opera ya, a nivel estatal, de forma total o parcial, en 30 entidades federativas, mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales funciona en 23. Destacó que en el ámbito Federal, tanto el nuevo sistema procesal, como el Código Nacional, se proyecta que operen a finales de este año en 14 entidades, y para junio de 2016, estarán funcionando en toda la geografía nacional, advirtiendo que la implementación no sólo depende de la voluntad del Gobierno de la República, ya que se trata de un compromiso y de un esfuerzo de cada uno de los estados que conforman la Federación. “Cada entidad y su sociedad podrán evaluar y ponderar realmente en dónde ha habido un compromiso serio de todos los Poderes por asumir la responsabilidad plena frente a este reto que todos tenemos”. Afirmó que, frente a este cambio paradigmático, llevar el modelo a su debida instrumentación no sólo significa realizar los cambios legales necesarios. “Las leyes por sí mismas no aseguran su debida aplicación. Son las instituciones del Estado mexicano, en los Poderes y en los órdenes de Gobierno, en donde debe materializarse debidamente.” Esto implica, dijo, un cambio de cultura, no únicamente de quienes son autoridad, también de quienes se están formando, desde la academia, para ser actores y protagonistas del nuevo modelo de justicia penal para alcanzar el propósito de toda la sociedad: justicia pronta y expedita para todas y todos los mexicanos.
Finalmente, aseveró que el Gobierno de la República es un entusiasta participante y debidamente comprometido para llevar a muy buen término la conclusión de la instrumentación de este Sistema de Justicia Penal Acusatorio para todos los mexicanos.
La Reforma más Importante del Último Siglo
Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, A.C., destacó que la reforma es el resultado de la suma de esfuerzos entre una sociedad que supo actuar y una autoridad que respondió a ese llamado. Por eso, resaltó que se trata de una de las más importantes en materia de justicia del último siglo. Sin embargo, reconoció que hace falta un arduo trabajo para concretarla e hizo un enérgico llamado al Congreso de la Unión para promulgar los diferentes ordenamientos necesarios para complementarla, entre ellos la ley contra la delincuencia organizada; la Ley Nacional de Ejecución Penal; las modificaciones a la Ley de Amparo acordes a la reforma; la Ley de Justicia para Adolescentes; la adecuación de la nueva Ley de Justicia Militar, y las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Comentó que al ser la reforma todo un cambio de cultura, es urgente romper los paradigmas de todos aquellos que operan y administran la justicia, así como de quienes somos sujetos y beneficiarios de ella. Por eso, debe implementarse al 100% en todo el país sin excusas, sin dudas, y sin regateos. La justicia, destacó, no admite términos medios; se imparte con probidad o simplemente no hay justicia. Denunció ante el Presidente Peña Nieto la opacidad de algunos gobernadores, ejemplificó acusando al gobierno de Sonora, cuyas autoridades a escasos 13 meses de llegar el plazo constitucional, todavía no han iniciado el cambio, señalando que, “Quien no implementa la reforma, el gobernador que no insiste en hacer, está traicionando los intereses de todos los ciudadanos”. Advirtió también que la mayor amenaza al éxito de la reforma al Sistema de Justicia Penal, es la situación de las policías, quienes en el nuevo paradigma jurídico son un actor fundamental para el proceso penal. El principal atraso dijo, son los elementos municipales. “Sin una buena policía todo el trabajo realizado puede tirarse por la borda, colapsando el sistema. Es urgente avanzar en su profesionalización, en homologar y dignificar sus salarios y prestaciones, que sean verdaderos investigadores, así como invertir seriamente en centros donde se instruya en ciencias forenses”. Ante esta debilidad, dijo, la sociedad es testigo de casos en los que abogados de criminales ganan juicios a la autoridad.
La justicia no admite
términos medios. Se
imparte con probidad o
simplemente no hay justicia.
Por otro lado, Martí hizo un llamado al Poder Judicial, en presencia de la Magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Consejera de la Judicatura Federal y representante personal del Presidente de la SCJN, destacando que jueces, magistrados y ministros tienen una responsabilidad clave para que esta reforma sea eficaz. No basta, comentó, con oír los alegatos de la defensa, sino realmente medir las repercusiones de liberar un criminal. Se trata de hacer justicia a las víctimas, no de aprovechar resquicios o fundamentos legaloides que fomentan la impunidad, que tienen su origen muchas veces en malas averiguaciones previas.
Finalmente el Presidente de México sos, solicitó al Ejecutivo Federal modificar el mandato constitucional que finiquita al órgano responsable de la implementación, SETEC, en octubre de 2016. Explicó la importancia de prorrogar su función más tiempo, a fin de asegurar la implementación, la operación de excelencia, la uniformidad, la transparencia y la homologación de los más de 70 sistemas que se reformaron, así como la decena de leyes que homologará en cada entidad. Comentó que algunos pendientes son: el trabajo fino de implementación y armonización de leyes y procesos, avanzar en la corrección de implementaciones erróneas, crear de plataformas de información nacional que permitan la evaluación sistemática de la reforma. “El 1º de junio de 2016 marca un inicio, no una terminación. Ese día apenas estarán fincadas las bases, la mayoría de los sistemas y la operación de la implementación del Sistema de Justicia. El esfuerzo de México SOS, de RENACE, de la Red Nacional de Juicios Orales, de SETEC y de todas las otras organizaciones que han acompañado este gran proyecto, no debe concluir en 2016”.
El Foro es un Espacio para Apoyar a las Autoridades
Fue el Dr. Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el portavoz de la academia durante la inauguración del Foro. Aseguró que la reforma al sistema de justicia penal es la transformación más ambiciosa del sistema penal mexicano en los últimos 100 años y, también, la de más largo alcance en toda América Latina. Comentó que a pesar de que otros países han precedido al nuestro en el proceso de mejorar la justicia penal, nunca un esfuerzo de transformación tan complejo se había llevado a cabo como en México, con una estructura Federal que conlleva el funcionamiento de 34 distintas jurisdiccionales penales: una Federal, 32 en cada una de las entidades federativas y una dedicada a la justicia militar, en el ámbito de los delitos y faltas contra la disciplina castrense. Este 7º Foro de Seguridad y Justicia señaló, es un espacio para apoyar desde la sociedad civil los esfuerzos de las autoridades que tienen la enorme responsabilidad de hacer que la Reforma funcione correctamente en muy poco tiempo. Dijo que son 5 principales puntos que se deben abordar a fin de contar con un proceso de implementación a la altura del enorme desafío que supone la reforma:
- Completar la expedición de las leyes necesarias para aplicar la reforma. Por lo que pidió al Presidente Peña Nieto su apoyo a fin de sensibilizar a los Legisladores Federales sobre la urgencia de aprobar lo antes posible las leyes pendientes.
- Transformar las capacidades operativas de los principales actores del procedimiento penal mexicano. Esto es, hacen falta policías certificados y profesionales; Ministerios Públicos que sepan investigar; jueces cercanos a la realidad sobre la que deben emitir un veredicto y que no se pierdan entre puras formalidades; defensores públicos y privados que se conduzcan con eficacia en el nuevo sistema de audiencias orales; cárceles que estén limpias en el sentido más amplio del término. “El alma de la reforma son las personas de carne y hueso que la van a aplicar”.
- Contar con un catálogo de buenas prácticas que permita identificar lo que se está haciendo bien, como por ejemplo la fuerza civil y la defensoría pública en Nuevo León, los centros de atención integral y de conciliación en Chihuahua y Baja California, la Unidad de Medidas Cautelares en Morelos, etcétera. El documento también debería servir para poner en evidencia a ciertas entidades federativas en las que no todo funciona.
- Convocar a las instituciones responsables para efectuar mediciones sobre la calidad de la justicia que se imparte y procura en México. Se requiere saber cuántos casos se resuelven por medidas alternativas al juicio, cuántos procedimientos abreviados se producen, cuántos asuntos llegan a juicio. Necesitamos saber cuánto tarda en resolverse por salidas alternativas, y si es efectiva, en la práctica, la reparación del daño. Conocer si las medidas cautelares funcionan bien, y si las sentencias que se dictan protegen adecuadamente el debido proceso legal, sin descuidar la igualmente importante protección de los derechos de las víctimas.
- Enfocar la atención en la forma en la que trabajan los jueces. Se requiere de Poderes Judiciales que no receten procedimientos largos y tortuosos, que se extiendan sin sentido durante años, lastimando de esa forma tanto a procesados como a víctimas, y haciendo inútil el trabajo de la policía y el Ministerio Público. Es necesario una justicia pronta y expedita; jueces independientes y autónomos, que no respondan a intereses políticos.
Luego de enumerar algunos ejemplos de avances en entidades que ya han aplicado la Reforma, en las que se incrementa la eficiencia en la averiguación previa, se reducen casos de prisión preventiva, o de ingresos a prisión, y se acorta el promedio de tiempo en la resolución de casos, mencionó, “el tiempo de la nueva justicia penal es ahora, no mañana, ni pasado mañana; ahora mismo. Nuestro tiempo ha llegado, las excusas y las demoras deben quedar atrás”.
El PJF Cabalmente Preparado para dar Cumplimiento a la Reforma
La Mgda. Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Consejera de la Judicatura Federal afirmó que el Poder Judicial de la Federación está cabalmente preparado para dar cumplimiento a la reforma. Para ello, rindió un breve informe sobre el trabajo realizado en el PJF. Informó que el 24 de noviembre de 2014 iniciaron funciones los Centros de Justicia Penal Federal con sede en San Andrés Cholula, en Puebla, y Durango, Durango. En tanto, el 16 de marzo de 2015 se pusieron en marcha los de Mérida, Yucatán, y de Zacatecas, Zacatecas.
Recordó que el 29 de abril pasado el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, a partir del 1 de agosto de 2015, fecha en la que se pondrán en marcha los Centros de Justicia Penal Federal en esas entidades. La Mgda. Hernández Álvarez confió que para noviembre de 2015 se aplique el sistema en Nayarit, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila y probablemente en Aguascalientes, Colima e Hidalgo. Asimismo informó que se tiene previsto que se sumen para enero de 2016 el Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y, tal vez, Campeche, Michoacán y Sinaloa.
Destacó que el PJF consciente de su responsabilidad dentro de la reforma, durante los meses de septiembre a octubre de 2014, realizó el primer concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo Sistema de Justicia Penal. Los ganadores, informó, fueron adscritos a los centros de justicia penal federal en San Andrés Cholula, Puebla; y en Durango, Durango. De enero a marzo de 2015, dijo, se realizó el Segundo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito Especializados en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que resultaron vencedores 25 personas. “De éstos, cuatro ya fueron adscritos a los Centros de Justicia Penal Federal de Mérida, Yucatán; y Zacatecas, Zacatecas; y los restantes serán adscritos a los centros de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Baja California Sur, que iniciarán funciones en agosto de este año”. Actualmente, comentó, se encuentra en desarrollo el Tercer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito especializados en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de manera que, en este momento, existen nombrados 30 jueces especializados. De ellos, indicó, hay 9 adscritos: 3 a Durango, dos a Puebla, 2 a Mérida y 2 a Zacatecas; y apenas el 16 de mayo fue adscrito otro juez a Puebla como administrador, el 16 de junio otros 2 jueces a Mérida y Zacatecas, respectivamente, también como administradores. Finalmente aseveró que el PJF está cabalmente preparado para dar cumplimiento con la misión que tiene encomendada, para que a más tardar a mediados del año próximo, el país cuente con el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Conslusiones del 7º Foro de Seguridad y Justicia
Primera: Necesidad de proseguir con la profesionalización de las policías, como pilar de la Reforma Penal; grandes avances se han logrado a nivel Federal y en algunos, Estados, pocos avances; el hoyo negro que mayor incidencia tiene en la Seguridad Pública es el de las Policías Municipales que son quienes tienen una mayor aproximación con la escena del crimen; para construir la nueva Policía urge que el Congreso Federal legisle sobre una nueva Ley General de Policías.
Segunda: Las fallas en la investigación científica de los delitos tumban las sentencias condenatorias de delincuentes culpables en el Nuevo Sistema; el riesgo a la Seguridad Pública por la impunidad en delitos graves, debe obligar a las Procuradurías a avanzar en las técnicas de investigación, poner atención especial en equipamiento, capacitación, en peritos públicos y privados.
Tercera: Jueces, Magistrados y Ministros, tanto del Poder Judicial Federal como el de los Estados, necesitan cambiar la visión sobre su responsabilidad en la administración de justicia penal; el Nuevo Sistema les otorga a los jueces facultades mayores que les impone responsabilizarse a profundidad sobre la calidad de la Justicia Penal en el país; se les pide que abandonen su posición autista respecto a los reclamos de justicia de la sociedad.
Cuarta: Las víctimas de los delitos deben de ser el Centro de los Procesos Penales; los abogados especializados dedicados a defender los intereses de las víctimas son necesarios como partes en los juicios penales; la Justicia Restaurativa que atiende, tanto a reparación a víctimas como a re-inserción del delincuente, debe implementarse para mejorar la calidad de la Justicia Penal.
Quinta: La mediación forma parte de la esencia de la Reforma Penal; las salidas alternas contribuyen a que podamos aspirar a tener Justicia Pronta y Expedita; es prioridad capacitar a todos los actores en esta nueva técnica que no admite improvisación pero sí exige estabilidad laboral y servicio profesional de carrera.
Sexta: Ante el caos de las escuelas y colegios de abogados, la colegiación obligatoria de abogados es necesaria para una buena aplicación de la Reforma Penal; ya basta de simulaciones en las escuelas de Derecho; los abogados privados, peligrosamente, no se están capacitando de manera adecuada.
Séptima: El Principio de Contradicción es esencial al Juicio Oral como medio para llegar a la verdad y tener resoluciones justas; asimismo, para asegurar la presencia de las partes, es necesario contar con un sistema de protección de testigos y víctimas, así como de ser asistidos por defensores y fiscales capacitados y proactivos.
Octava: Es necesaria la aprobación de la legislación faltante para la plena instrumentación del sistema de justicia penal en el país, tal es el caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, las cuales no solo tienen el gran reto de homologar procesos y principios, sino también de cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos, contribuyendo a un modelo de justicia acorde a las necesidades del país.
Novena: La participación del Presidente de la República en este Foro proporciona un soporte de enorme valía para que todos estos esfuerzos se conviertan en realidad; en su discurso transmitió un claro compromiso personal a los trabajos para que el país esté adecuadamente preparado para aplicar el nuevo Sistema de Justicia Penal, incluyendo prolongar la vigencia de la SETEC para que continúe con los trabajos de seguimiento a la adecuada implementación de la Reforma Penal.
Es necesario una
justicia pronta y expedita;
jueces independientes y
autónomos, que no respondan
a intereses políticos.
Conclusión General: Este Foro ha venido a resaltar la importancia de la participación de la Sociedad Civil en el mejoramiento de la calidad de la justicia penal en el país; sociedad y gobierno trabajando hombro con hombro para un mismo propósito: conseguir la transformación del Sistema de Justicia Penal como elemento de Seguridad Pública y de Justicia Penal; este es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay apertura y buena disposición de trabajo: enhorabuena.
