Las libertades del pueblo mexicano, desde 1812 hasta la fecha, se han garantizado a través de las 9 constituciones promulgadas en nuestra Patria, sin que por ahora sea necesario redactar una nueva, salvo ponerla en español moderno.
La primera fue la de Cádiz, formulada por las Cortes españolas y con el auxilio de las Diputaciones Provinciales de la Nueva España. Por intervención del Congreso de Chilpancingo reunido por José María Morelos y Pavón, surge la de Apatzingán en 1814, la cual declara la independencia de la “América Mexicana y libre para siempre del Imperio Español”. En ella, se consagra los principios de la división de poderes y de la soberanía popular. La Constitución Federal de 1824 da forma al Estado Mexicano; el segundo Congreso Constituyente que la establece, fue convocado por el grupo de patricios de corte liberal que habían consumado la independencia del país. Le preceden el Imperio de Agustín de Iturbide y el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
En 1836 se promulga la Constitución Centralista de las Siete Leyes. Brilla en este ordenamiento supremo, una buena cantidad de garantías y derechos del hombre. La Carta Centralista de 1843, denominada de las Las Bases Orgánicas, contiene lineamientos ideológicos del conservadurismo, con un gran catálogo de derechos y garantías como la anterior. Consagra un recurso de nivel constitucional denominada “reclamo” considerado como antecedente del actual Juicio de Amparo. Los liberales restablecen la vigencia la Constitución Federal de 1824 a la cual se le añade un Acta de Reformas, en cuyo artículo 25, gracias a Mariano Otero, se federaliza el Juicio de Amparo.
En 1853, el general Antonio López de Santana redacta un documento político, de carácter provisional casi monárquico. Tuvo vigencia hasta 1855. En 1857, se inicia una nueva era que tuvo como antecedente el Plan de Ayutla; revolución que da inicio en 1854, encabezada por Don Juan Álvarez. Le sirve como antecedente el Estatuto Orgánico Provisional, promulgado por Ignacio Comonfort, Presidente interino de la República. Esta Constitución de 1857 fue ampliada a través de las Leyes de Reforma, promulgadas por Benito Juárez mediante facultades extraordinarias en 1860 y en 1874, fueron adicionadas a la propia Carta Suprema por don Sebastián Lerdo de Tejada.
La Carta Magna vigente de 1917, lleva más de 500 modificaciones. Surge producto de un movimiento revolucionario de carácter popular. Fue la primera constitución político-social del mundo, así como en conceder los derechos individuales y de grupo, lo mismo a los campesinos como a los trabajadores. No puede pensarse que el medio millar de reformas la hayan desmejorado; por el contrario, se ha enriquecido, ya que la sociedad avanza en cuanto se transforma.
¿Se requiere una nueva constitución? ¡Por ahora no! Es necesario ponerla al día en cuanto al lenguaje en que se encuentra redactada, pues resulta anacrónico, incompleto e inentendible. Una vez traducida y adaptada al “español moderno”, se le podrán recortar algunas, más bien muchas facultades al Poder Ejecutivo, a fin de trasladarlas al Congreso de la Unión, que constituye la representación federal y popular. Lo mismo en cuanto al aspecto estatal.
La presente idea propone el reforzamiento del Cuarto Poder Constitucional Ciudadanizado, mediante la ampliación de los organismos autónomos, los cuales, como hasta ahora, serán vigilados por las propias cámaras legislativas federales y locales. Como ejemplo ya se tiene al INE, al Banco de México, la COFETEL, la UNAM, etcétera. Con ello se podría lograr la indispensable armonía socio-política que con tanto vigor e insistencia viene exigiendo la sociedad entera.
En conclusión. A la gran Constitución de 1917, sólo falta que se le realicen algunas reformas adecuadas; además de ponerla en español claro, sencillo y moderno, dado que en ella se encuentra nuestra historia, nuestras luchas, nuestros ideales y nuestro futuro que bien puede ser grandioso.
