El pasado 16 de abril, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó un memorándum dirigido a los Secretarios de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda, avisando que al no haber logrado aún un acuerdo legislativo para derogar la mal llamada reforma educativa y que con base en las facultades que le confiere el cargo que detenta, les presenta lineamientos y directivas para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública.
En dicho memorándum se especifica que:
- La educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles.
- Mientras el proceso de diálogo continúe, las instancias del Poder Ejecutivo involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa.
- La nómina del sector educativo quedará bajo el control de Hacienda, la cual debe impedir “prácticas patrimonialistas, aviadores, y cualquier forma de corrupción”. Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.
- La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá realizar diligencias y acciones para poner en libertad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la reforma o por haber participado en otras causas sociales justas.
Al final de dicho documento se refiere al principio juarista: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, Cabe mencionar que en dicho documento ya no se incluye la tradicional frase: “Sufragio efectivo, no reelección”.
Este documento generó una gran reacción por parte del gremio de los abogados que en general mostraron sus preocupaciones en defensa de la legalidad, a continuación presentamos los detalles:
El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jose Ramón Cossío D., comentó en su Twitter: “Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”.
“Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente: Jose Ramón Cossío D.”
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado expuso su postura:
“Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos solo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.”
El Consejo General de la Abogacía, que conjunta a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), a la Barra Mexicana de Abogados y al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fijó su postura jurídica ante el Memorándum de AMLO:
Por su parte la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), también expresó su sentir al conocer el documento: el vocero de la sección 22, Wiber Santiago, señaló que el contenido del memorándum solo muestra “buenas intenciones”, pero no tiene un marco jurídico que ayude a la reinstalación de los profesores que fueron despedidos tras la aprobación de la reforma educativa vigente.
El memorándum de AMLO fue defendido por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, quién comentó en su Twitter: “Cada Poder del Estado decide usando medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori. Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica”.
“La ley es para las mujeres y para los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. La justicia está por encima de todo, la justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia: AMLO.”
Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en comentarios posteriores desestimó los cuestionamientos de la oposición y la iniciativa privada a su documento y los emplazó a impugnar ante los tribunales, si así lo consideran pertinente para lo cual comento: “Si consideran que no tiene valor, pues hay tribunales, para eso está el Poder Judicial”, puntualizó.
Además del comentario, también escribió en su cuenta de Twitter: “Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados.”
Pero la frase que más llamó la atención de todo este debate fue la que expresó en una conferencia de prensa y que abrió un debate muy importante en todo el país, el presidente dijo: “la ley es para las mujeres y para los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. La justicia está por encima de todo, la justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”.
Más tarde, el mismo AMLO explicó que la firma del documento es un asunto político administrativo y no un tema legal.
Al respecto, el abogado constitucionalista, Miguel Carbonell, en entrevista con un medio de comunicación, afirmó que, en efecto, el memorándum es un asunto político, pero es un documento en dónde el Presidente está dando una instrucción muy clara para que no se cumpla la Constitución en sus artículos referentes a la educación. Además, el artículo 92 de la misma Constitución dice expresamente que: “Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán de estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos”.
Bajo esta óptica este documento queda invalidado desde su firma, este simple hecho lo convierte en sólo una herramienta de difusión política, por lo cual ninguno de los secretarios en funciones afirmó o negó absolutamente nada, ¿será?
“Consideramos contrario a nuestra Constitución que el titular del poder Ejecutivo solicite en su memorándum dejar sin efectos la reforma educativa que se encuentra vigente, ya que ello implica una clara transgresión a la protesta que rindió como presidente de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen: Consejo General de la Abogacía.”
