De reciente creación, apenas en 2013, el Día Mundial contra la Trata de Personas, promovido por la ONU, busca crear conciencia en todas las sociedades y culturas del mundo sobre la situación de las víctimas del tráfico humano. Y es que de acuerdo con el organismo, se estima que 2.5 millones de personas están atrapadas en las redes de la esclavitud moderna. Hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes tanto en su propio país como en el extranjero.
México no es ajeno a esta situación, la sociedad civil ha realizado urgentes llamados para alertar, prevenir y actuar contra todas aquellas personas que fomentan dicha actividad. Esto permitió la creación y puesta en marcha de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Para ampliar sobre el tema y conocer la situación de México, en Foro Jurídico entrevistamos a Rosi Orozco, Presidenta de la asociación Unidos Hacemos la Diferencia.
¿Qué implicaciones tiene el que la ONU haya dedicado un día para abordar el fenómeno de la trata de personas?
Si consideramos la naturaleza clandestina y la falta de comprensión de este delito, resulta sumamente acertado e importante, que un organismo como lo es la ONU haya dedicado un día para que el mundo levante su voz contra un crimen que no puede permanecer impune ante la indiferencia de la sociedad, no olvidemos que el ser testigos de la explotación ajena y guardar silencio nos convierte en cómplices de forma indirecta.
Martín Luther King decía “No me asusta la perversidad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos”. Durante décadas el delito de trata fue tolerado e incluso se fueron perpetuando las formas de explotación, negando a las víctimas sus derechos y lastimando la dignidad no sólo de quienes viven este flagelo, sino también de la sociedad.
Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es concientizar a la sociedad de las repercusiones que este delito deja tanto en la vida de quienes han sido víctimas de trata, como dentro de nuestra sociedad. Por eso, contar con un día que nos permita recordar el compromiso que tenemos para con los más vulnerables resulta en un acto que otorga esperanza a quienes hoy viven cautivos por este delito.
Es innegable que el mundo enfrenta actualmente un grave deterioro del tejido social, lo que ha llevado al hombre a retroceder en el tiempo y permitir la reedición de la esclavitud, un deterioro que ha permitido a la sociedad reducir seres humanos a productos susceptibles de compra y venta. La trata de personas lastima a millones de personas a diario y nuestra lucha debe ser un esfuerzo continuo que no dé tregua a quienes se benefician de este delito, es por ello que la conmemoración de este día es un detonante para fortalecer los trabajos realizados tanto por la sociedad civil como por el estado.
¿En México cuáles son las dimensiones de este problema social?
Resulta difícil establecer con precisión cifras o estadísticas de este delito en nuestro país; sin embargo, se estima que existen 266 mil 900 personas que son víctimas de engaños, son vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones de explotación a lo largo del territorio nacional.
De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, nuestro país, debido a su ubicación geográfica, está identificado como un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas y ubica entre los sectores más vulnerables a mujeres, niños, indígenas y migrantes indocumentados. Las rutas de las redes de tratantes de personas ubicadas en nuestro país son 5 y recorren diversos estados, destacando entre ellos: Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tijuana, Quinta Roo, Distrito Federal, Chiapas y Oaxaca.
Según las cifras más recientes obtenidas del Índice de Esclavitud Global 2014 publicado por la fundación Walk Free, México aparece en el lugar 18 de la clasificación mundial de países con mayor número de personas en condición de esclavitud. Es importante destacar que este delito genera anualmente una ganancia ilícita de más de 32 mil millones de dólares en el ámbito mundial y de los cuales se estima que México genera 42 millones de dólares con la explotación de 70 mil víctimas por parte de 47 grupos criminales, entre ellos, Los Zetas, Los Rojos, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Los Templarios y el Cartel del Golfo.
¿Cómo ha avanzado nuestro país en materia legislativa?
Uno de los mayores avances contra este deleznable flagelo fue la aprobación por unanimidad de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delito en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y abrogó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada el 14 de junio de 2012.
Esta Ley fue considerada como modelo a nivel internacional que ha permitido la implementación de mecanismos para la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito, así como de estrategias específicas para la atención integral, rehabilitación y reinserción social de las víctimas, tanto en el ámbito federal como en todas y cada una de sus jurisdicciones.
No obstante los avances obtenidos con esta Ley, el 20 de febrero del 2014 el Senado envió una minuta que pretendía reformar cerca del 75% de la ley, generando con ello una serie de retrocesos que resultan perjudiciales para las víctimas y para la persecución del delito ya que se agregan elementos innecesarios al tipo penal, complicando el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de este delito.
El ser testigos de la
explotación ajena y guardar
silencio nos convierte en
cómplices de forma indirecta
de la trata de personas.
Aunado a lo anterior, me gustaría resaltar lo que recientemente comentó el Dr. Elías Carranza, Presidente del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en su visita a México, al referirse a los cambios que se pretende realizar a la Ley General, en su discurso el Dr. Carranza argumentaba, “sancionar un nuevo proyecto de ley significaría un retroceso, reiterando el error muy frecuente en nuestros países de cambiar constantemente las leyes mientras la realidad sigue su curso imperturbable. La tarea es ardua y falta aún mucho por hacer, pero en cuanto a lo legal las cosas están bien encaminadas. Por lo anterior me atrevería a sugerirles que no sustituyan ni modifiquen la Ley General para Prevenir, Sancionar, y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos actualmente vigente, y que fortalezcan su aplicación, que viene siendo exitosa.” Las reflexiones que hace el Dr. Elías Carranza nos permiten ver que cualquier modificación a una Ley tan joven únicamente causaría un perjuicio en la aplicación de justicia.
Otro de los retos que se presentan para el Estado mexicano es lograr la armonización a nivel nacional respecto de la Ley General. Durante el 2014, se realizaron pocos avances en las legislaciones estatales en la materia y los códigos penales, ya que únicamente el Distrito Federal y 5 estados (Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas) realizaron reformas a sus leyes en ese año. Resulta alarmante que a pesar de que el Protocolo de Palermo entró en vigor hace casi 10 años, una cuarta parte de las entidades de la República carece aún de una ley especial. Sólo 2 terceras partes de las entidades federativas se han dado a la tarea de armonizar su legislación con este instrumento internacional, y son menos todavía las que se han abocado a armonizar su legislación con la ley general.
¿Cómo se puede combatir efectivamente la trata de personas?
El respeto es un elemento clave para combatir y erradicar este delito, en el momento que entendamos que todos los seres humanos somos igual de valiosos, se dejará de ver a las personas como productos o cosas susceptibles de ser adquiridas con la finalidad de explotarlas. Como sociedad debemos denunciar este delito y los que de él derivan, para que la autoridad no permanezca en penumbras respecto de los lugares donde explotan a seres humanos.
Es importante desarrollar y promover mecanismos que permitan avanzar en la formación y capacitación en la materia, tanto de funcionarios encargados de la procuración e impartición de justicia, así como de funcionarios responsables de atender y brindar protección y asistencia a las víctimas.
