Un auténtico Knockout propinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Marcelo Ebrard Causaubón, al negarle de forma definitiva cualquier intento por ser candidato a un cargo de elección popular en estas elecciones intermedias del 2015, frustrando su Plan Juanito.
De esta manera, en forma definitiva y contundente, la autoridad electoral, puso fin a las intenciones del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal para obtener una diputación federal. Con esto el fuero que conlleva este cargo legislativo para evitar que pueda ser investigado o procesado por probables hechos ilegales que haya cometido con motivo de la construcción y operación de la costosa Línea 12 del Metro capitalino.
Los magistrados de la Sala Superior fueron tajantes en su segunda sentencia relativa al caso Ebrard. Por unanimidad de votos resolvieron que Marcelo Ebrard Casaubón no podía ser registrado como diputado plurinominal suplente o propietario de Alianza Cívica, como resultado de la sentencia que ya había sido emitida por el mismo tribunal con anterioridad, el pasado 29 de abril, cuando decidió que Ebrard vulneró el principio de equidad de la contienda, al participar simultáneamente en procesos internos de selección de candidatos de 2 partidos políticos, sin que existiera convenio alguno de coalición. En consecuencia, se encontraba jurídicamente imposibilitado para obtener alguna otra candidatura y porque el primer fallo adquirió el carácter de cosa juzgada inatacable.
De esta manera, consideraron infundado y contrario a la ley el acuerdo emitido en forma unánime por el Consejo General del INE, mediante el cual aprobó el registro de Ebrard Casaubón para ser diputado plurinominal suplente, en contravención a lo establecido expresamente por el artículo 227, apartado 5 de la Ley Electoral General.
Los Magistrados del TEPJF dieron muestra de congruencia e imparcialidad y que sus fallos se encuentran alejados de intereses partidistas y de presiones mediáticas. De poco le sirvieron al ex Jefe de Gobierno los argumentos de violación a sus Derechos Humanos (DH), en sus intenciones para evitar ser investigado por las irregularidades cometidas en la Línea Dorada.
Sin duda que sus asesores jurídicos le aconsejarán acudir a instancias internacionales, pero ello no invalidará el fallo definitivo ya emitido por el Tribunal Electoral, ni provocará una decisión que venga del extranjero para registrarlo como candidato a diputado.
La lección que le debe quedar a la sociedad mexicana de este asunto es que ya es tiempo de poner fin al aberrante fuero que hoy tienen los legisladores y que se limite a su dimensión original: que no sean perseguidos por las opiniones o expresiones que vierten en su trabajo legislativo, pero que deje de ser una patente para delinquir. Hay que terminar con la impunidad de senadores y diputados.
