Una especie de desconcierto judicial y político ha causado el intento de desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que pudiera ser detenido y procesado por presuntamente cometer los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde el principio el gobernador acusó que los señalamientos se trataban de persecución política. La cuestión se puso más rara cuando el Congreso de la Unión aprobó quitar el fuero al político, pero el Congreso Local no homologó la declaratoria. El congreso de Tamaulipas interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, desechada por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá “por notoria y manifiesta improcedencia”, argumentando que el gobernador no podría ser detenido sino hasta que concluya su encargo como gobernador. A raíz de esta resolución, el titular de la FGR impugnó el fallo. Mientras tanto ocurría un jaloneo entre el Poder Legislativo Local y Federal y el Sen. Ricardo Monreal declaró que se buscaría consenso antes de declarar la desaparición de poderes en la entidad y acusó al congreso local de provocar una crisis al no emitir la declaratoria para la elección de un gobernador provisional. Por su parte, su homólogo en el Congreso tamaulipeco, Gerardo Peña Flores expuso que ni siquiera tenían certeza de que existiera la dichosa orden de aprehensión y afirmó que la soberanía estatal estaba siendo violada. La vuelta de tuerca vino cuando el juez Octavo de Distrito de Tamaulipas frenó la captura de Cabeza de Vaca abriendo la posibilidad de que el juez que dictó la orden de aprehensión sea juzgado. Si no hay más argucias como las que conocemos, hasta que termine su mandato y la audiencia incidental en la que se resolverá si le otorgan o no la suspensión definitiva será el 7 de junio, al parecer todavía escucharemos más del caso. Por lo pronto la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, se negó a la petición del Coordinador de Morena de promover ante la Corte una Controversia Constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por negarse a retirar el fuero al gobernador, contestando que el Congreso tiene la razón constitucional en función del federalismo.
