El World Justice Project (WJP) presentó por tercera ocasión los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2020-2021, los 32 estados del país tienen retos importantes en su adherencia al Estado de Derecho.
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 fue presentado por Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de Derecho en el WJP, y Leslie Solís, Investigadora del WJP. En el evento virtual participaron Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del INAI, Jesús Moya, Auditor Mayor del ISAF de Sonora, Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del WJP; así como las y los titulares del Poder Ejecutivo de Guanajuato, Jalisco, Sonora, y Yucatán; y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOB.
Para Leslie Solís, Investigadora del WJP, “los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”
En una escala que va del 0 al 1, los estados con los puntajes más altos son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).
La justicia penal fue el factor más afectado por la pandemia Se registraron descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal. Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia (sub-factor 8.2) y el debido proceso (sub-factor 8.4).
El Índice concluye que la ausencia de medidas de justica abierta y digital para operar por medios remotos y colaborativos con la ciudadanía durante la pandemia afectó el funcionamiento de los sistemas de justicia penal.
Asimismo, por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público (medido en el indicador 8.1). Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación (que se estimó en un promedio de 92.4% en los 32 estados, según la ENVIPE 2020).
Además, se muestra un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos, un continuo debilitamiento de la libertad de prensa. A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.
La seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de las y los especialistas consultados durante 2020.
No obstante, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados. La medición de ausencia de delitos (medido en el indicador 5.2) mejoró en 26 estados del país, debido a caídas en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas de la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019.
Los organismos autónomos somos reguladores del poder
Lorenzo Córdova resaltó la importancia de los contrapesos al declarar que “en una democracia, en la que se aspira contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos; por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones.”
Blanca Lilia Ibarra agregó que “las instituciones autónomas responden a una exigencia ciudadana de contar con órganos técnicos, especializados e independientes como factores de equilibrio del poder.”
Jesús Ramón Moya resaltó la importancia de contar con datos en la toma de decisiones: “todos conocemos la frase que: lo que no se mide, no se puede evaluar. En ese sentido, con las disposiciones normativas actuales, existe una gran cantidad de información que se pone a disposición de la sociedad. Y esa información es la que nos permite poder abonar a la rendición de cuentas.”
Consulta el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2020-2021
