Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos analizaron, con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de empresas del sector, una reforma que propone establecer un “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.
El encuentro se realizó para abordar los alcances de la minuta que envió la Cámara de Diputados y que busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
No obstante que representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), reconocieron que comparten el compromiso del Gobierno Federal para erradicar delitos como la extorsión, con leyes que protejan a la población, el senador Miguel Ángel Macera (PRD) señaló que son preocupantes los inconvenientes que han expresado los expertos, por lo que es necesario saber si esta reforma es viable para su operación económica y estructural.
Además, consideró que la propuesta para establecer un padrón que permitirá acceder a la información de geolocalización y datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles, se debe revisar a detalle para evitar que se lleve a los tribunales.
Mónica Guadalupe Chávez, de la CANIETI, reconoció que las llamadas de extorsión representan un grave problema y que constituyen el segundo delito del fuero local mas recurrente del país, cometido en 14 estados, cuya ganancia a la delincuencia en el 2018 fue de 12 millones de pesos.
Advirtió que la minuta no es la solución ni brinda resultados efectivos a corto plazo, por lo que el tema tiene que atenderse en conjunto: Congreso, Secretaría de Seguridad y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con proyectos donde prevalezca el interés social y no a través de iniciativas que violen, entre otros aspectos, la privacidad de datos personales.
Por su parte, Ana de Saracho, también de la CANIETI, acotó que no está no está comprobado que un registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. Así, acotó, sucedió hace 10 años con la implementación del Registro Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, que tampoco cumplió con este objetivo.
Además, dijo, aún no se cuenta con un sistema único de identificación a nivel nacional y el proyecto puede dar lugar otros delitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad y el secuestro exprés.
Mientras que Rafael Eslava Herrera, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT, explicó que la iniciativa promueve un esquema de contratación complejo y con requisitos de difícil cumplimiento para un amplio sector de la población.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, alertó que los sistemas de prepago de telefonía son un grave peligro, debido a que no existe ningún requisito, ni control, lo que ha permitido a grupos criminales operar con gran flexibilidad.
“Por lo que buscamos que se tenga un registro, un padrón, para que sepamos quién está detrás de esas líneas”, apuntó.
El titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSP, Ignacio Hernández, expresó que con la reforma que se analiza, en ningún caso se pretende vulnerar la presunción de inocencia.
Al contrario, dijo, los usuarios tendremos el derecho de saber qué números están bajo nuestro nombre y cancelarlos, y el Ministerio Público podrá determinar quién utilizó esas líneas para cometer algún ilícito.
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