Durante el conversatorio virtual “Alto a la criminalización de la protesta y a la persecución del movimiento feminista”, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que ha habido más de 3,500 feminicidios desde que comenzó la pandemia, sin embargo, algunos son clasificados como homicidios, a pesar de que por sus causales podrían ser feminicidios.
Villavicencio Ayala puntualizó que se comete un promedio de 11 feminicidios diarios y, a pesar de ello, las protestas en contra de estos delitos son criminalizadas y estigmatizadas socialmente.
La también coordinadora de la Subcomisión de Atención al Feminicidio de la Comisión de Justicia cuestionó el por qué se están dando hechos de represión y abuso de fuerza que violentan los derechos humanos y señaló que deben ser sancionados.
Consideró que el modelo de mando único está demostrando sus deficiencias, ya que ante hechos como los ocurridos en Cancún se tiran la bolita y se diluyen las responsabilidades. El mensaje a la sociedad es la impunidad y que la violencia permanente no le está interesando al Estado mexicano.
La diputada Villavicencio Ayala señaló que las autoridades se ven entre los disgustos y exigencias de quienes protestan, como en este caso las mujeres que piden acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, y quienes exigen que se aplique la ley.
Sin embargo, “no se van a validar actos de represión en contra de quien ejerce su derecho a la manifestación. Se ha establecido un culto a la violencia desde la sociedad”.
Por su parte, Silvia Edith Chuc Aburto, investigadora, docente y activista por los derechos humanos de las mujeres, afirmó que las demandas de las mujeres se criminalizan y legitiman en una clara señal de discriminación institucional que alienta más agresiones; por ello, “se levanta la voz para exigir que nos dejen de matar y no se justifique en los discursos la violencia sexual”.
Consideró que falta mucho para lograr el respeto y garantía de los derechos humanos que promueve y exige el movimiento feminista, al cual se le criminaliza porque se sale del canon de la feminidad que implica que las mujeres se queden calladitas y prevalece un discurso mal entendido permeado de prejuicios, malas prácticas, machismo y una cultura de violencia que generan una resistencia social e institucional para acceder a la justicia y detener los feminicidios, apuntó.
Mariana Belló, integrante de Gobernanza Mx y de la Red Feminista Quintanarroense, planteó dos perspectivas en torno a la represión de mujeres en la manifestación en Cancún: la incapacidad del Estado y falta de protocolos frente a una protesta para exigir justicia o que la reacción de represión haya sido planeada, a fin de alentar un ambiente enrarecido respecto al inicio anticipado del proceso electoral en Quintana Roo.
De acuerdo con Belló, existe una “normalización” de la violencia contra las mujeres debido al dominio y apropiación de su cuerpo a través de la represión, manotazos y balas. Denunció agresiones sexuales en contra de las manifestantes detenidas en Cancún. La violencia contra las mujeres es insostenible, aún se les exige que “sigan bien portadas y abran espacios por las buenas, pero se llevan décadas haciéndolo y la situación se agrava”, apuntó.
Sostuvo que “ante la violencia existente los medios de comunicación tienen mucho que hacer y aprender sobre el periodismo con perspectiva de género, porque siguen exhibiendo fotos e imágenes de los feminicidios sin respetar a la víctima”.
