En la inauguración del foro “Fortalecimiento de los Derechos de las Víctimas”, la diputada Pilar Ortega Martínez, del PAN, presidenta de la Comisión de Justicia afirmó que el Estado mexicano tiene una gran deuda gran deuda para garantizar los derechos de las víctimas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas, en 2018 se reportaron 15,525 casos, y en 2019 aumentaron a 27 mil, lo que muestra que la situación de violencia genera de manera lógica el ascenso de personas en esta situación.
En cuanto a la reparación del daño, Ortega Martínez sostuvo que con la entrada en funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, empezaron a tener acceso a este derecho de manera gradual.
No obstante, hay un retroceso preocupante, ya que “se ha precarizado a través de las diversas medidas adoptadas en los años recientes, como la severa reducción presupuestal y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.
Verónica Juárez Piña, diputada del PRD, afirmó que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas de delitos debe constituir un elemento primordial para consolidar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, lo que contribuirá al establecimiento del Estado democrático.
Además, el Gobierno federal revictimiza a las personas negándoles sus derechos y criticó la inacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sólo ha emitido una sola recomendación, y la eliminación del Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Por su parte, Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, reiteró el compromiso de la Comisión de Justicia a favor del reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito. Asimismo, lamentó que incluso cuando existe una legislación que debería bastar para hacer valer estos preceptos, falte mucho por hacer.
