Martí Batres Guadarrama presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, para que el Instituto Federal de Defensoría Pública tenga legitimación para denunciar contradicciones de tesis, aun cuando no haya representado a algunas de las partes en los asuntos de origen.
Además de garantizar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables, es posible facultar al Instituto por su “naturaleza eminentemente litigiosa”, aseguró el senador de Morena.
Añadió que esta reforma garantizaría el acceso a la justicia de manera gratuita, y otorgaría certeza y seguridad jurídica a todos los actores que participan o intervienen en procesos judiciales.
[Te puede interesar: El derecho fundamental a la defensa]
El artículo 227 de la Ley de Amparo señala que los sujetos que se encuentran legitimados para formular la denuncia de contradicción de tesis son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de Circuito, tribunales colegiados de Circuito y sus integrantes, jueces de distrito, el Fiscal General de la República.
Batres consideró que, al ser la Defensoría Pública Federal una institución encargada de brindar los servicios de defensa penal y asesoría jurídica gratuita a aquellas personas que más lo necesiten, debiera estar contemplada expresamente en el catálogo de quienes tienen una legitimación activa para denunciar contradicciones de tesis.
Es necesario, argumenta la iniciativa, un replanteamiento del papel de la Defensoría Pública Federal, que le permita, al igual que a la Fiscalía General, denunciar contradicciones de tesis.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
