De acuerdo con la opinión de especialistas, gobernadores y dirigentes políticos, la estrategia instrumentada por el gobierno federal para combatir la pandemia del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como Covid-19, desde que se detectó el primer caso en México el pasado mes de marzo, ha sido errónea y ha tenido grandes costos económicos, sociales y desde luego, de salud pública, por lo cual es urgente cambiarla para contrarrestar los efectos negativos que ha dejado en el país.
Algunos senadores del Partido Acción Nacional (PAN) no sólo lo han señalado, también presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Salud Jorge Alcocer Varela y del subsecretario Hugo López-Gatell, acusándolos de negligencia y de graves omisiones en el manejo de la alerta sanitaria.
Por otro lado, algunos gobernadores se han opuesto a varias de las medidas asumidas por el gobierno federal en el manejo de la crisis, particularmente por medidas adoptadas a partir de la “nueva normalidad”, porque se han presentado más contagios y muertes por Covid-19. Inclusive han rechazado participar en reuniones de seguridad que oficialmente se realizan cada día y al menos diez se han opuesto a formar parte del nuevo sistema nacional de salud y han solicitado un cambio en las reglas para repartir los impuestos y que se revise el Pacto Federal, que es el origen de la República Mexicana. Por ejemplo, el 29 de mayo, los gobernadores de Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán, acordaron aplicar su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria al margen de las medidas ordenadas por el gobierno federal.
El reclamo más significativo ha sido expresado formalmente por seis extitulares de la Secretaria de Salud –Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón–, quienes han elaborado un documento presentado el pasado mes de septiembre ante la opinión pública por el Consejo Consultivo Ciudadano denominado La gestión de la pandemia en México: Análisis preliminar y recomendaciones urgentes, que contiene graves acusaciones contra el gobierno de AMLO, asegurando que la epidemia del Covid-19 está fuera de control en el país y que los mexicanos estamos pagando una fallida estrategia que ha subestimado la gravedad de la pandemia y ha implementado medidas erróneas e incomprensibles, como un manejo administrativo desordenado que provocó, entre otras fallas, la falta de insumos en el sector médico, un modelo errático e insuficiente para identificar la pandemia y particularmente, la resistencia anticientífica al uso del cubrebocas.
“Es innegable que padecimos un grave retraso en la actuación de la autoridad sanitaria nacional que en emergencias como la presente y por mandato constitucional está conformada por el Consejo de Salubridad General y por la Secretaría de Salud.”
Los exsecretarios de Salud señalan la urgencia de que el gobierno federal modifique la actual estrategia contra el Covid-19, poniendo en marcha un Plan Nacional que incluya la aplicación en todo el país de pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión. Este esfuerzo, afirman, debe ser la base para establecer una coordinación del gobierno federal con los estatales y con todos los sistemas de salud públicos y privados. Esta nueva estrategia, concluyen, podría en seis u ocho semanas –como ha ocurrido en otros países–, lograr el control de la epidemia.
La Denuncia del PAN
La denuncia promovida por la senadora por Sonora, Lilly Téllez y presentado oficialmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el coordinador general jurídico del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, afirma que la labor del gobierno federal y los tres funcionarios públicos señalados ante la pandemia del Covid-19, ha sido deficiente y omisa y que ha provocado 70 mil muertos por el virus. Las acciones omisivas, sostiene la denuncia, del gobierno federal son: sabotear las instituciones de salud del Estado mexicano, la falta de realización de pruebas de Covid-19, la terquedad de aferrarse a un modelo centinela que no trae certeza ni seguridad en la cantidad de contagios ni muertos, la falta de lineamientos administrativos que obliguen a los ciudadanos, que orienten a los ciudadanos a la necesidad del uso de cubrebocas y la falta de reorientación de recursos hacia la atención de la pandemia y la insistencia y terquedad de reorientar dinero a obras faraónicas.
“El mal desempeño de México en comparación con el resto de América Latina tanto en el índice de adopción de políticas públicas de contención del Covid-19, como en movilidad poblacional, es un reflejo de la falta de una respuesta nacional, coherente, temprana, coordinada y proporcional al desafío, desde el gobierno federal.”
Plan y Ruta de la Nueva Estrategia vs. Covid-19.
Por considerar que se trata de un documento de la mayor importancia para comprender como se ha venido desarrollando, en el mundo y en México, el virus Covid-19 y cuáles son las fallas que ha presentado la actual estrategia de su combate en nuestro país y cuáles son las propuestas de solución que los especialistas nos ofrecen, presentamos a nuestros lectores una síntesis que incluye las recomendaciones finales de los exsecretarios de Salud.
La Gestión de la Pandemia en México: Análisis Preliminar y Recomendaciones Urgentes
En ningún otro momento en la historia del mundo la humanidad había atravesado por una experiencia social tan incierta y ajena a todo precedente. La globalización del virus SARS-CoV-2, su contagio vertiginoso y su letalidad han distorsionado las condiciones de vida y de la sociedad en casi todo el planeta.
Durante enero de 2020 el gobierno federal elaboró el Plan de Preparación y Respuesta a través del Comité Nacional para la Seguridad en Salud. El 30 de enero, el propio Comité propuso una serie de acuerdos y compromisos para concluir el Plan Nacional de Preparación, echando mano de “la experiencia de planes probados en administraciones previas”.
La decisión más importante fue el conjunto de medidas de aislamiento social concentradas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, que dio inicio el día 23 de marzo. Este punto es relevante para entender la evolución y la gestión de la pandemia: gobiernos estatales e instituciones educativas fueron los actores que protagonizaron el primer gran confinamiento masivo, pues, como se sabe, la educación es la actividad específica que involucra a la mayor cantidad de mexicanos.
La Débil Producción Jurídica para la Gestión de la Pandemia
La acción del gobierno durante la epidemia exige la emisión de normas y reglas que le permitan atender una situación extraordinaria y, sobre todo, claridad en la ejecución de las políticas de emergencia, flexibilidad y coordinación entre todas las instituciones del Estado. Es innegable que padecimos un grave retraso en la actuación de la autoridad sanitaria nacional que, como se sabe, en emergencias como la presente y por mandato constitucional está conformada por el Consejo de Salubridad General y por la Secretaría de Salud.
El Consejo de Salubridad sesionó por primera vez el 19 de marzo para reconocer que el Covid-19 es una enfermedad de atención prioritaria. La decisión fue tardía porque esa declaración resultaba absolutamente necesaria para amparar y coordinar los actos del propio Consejo y de la Secretaría de Salud. En otras palabras: esta declaración se realizó ocho días después de que la OMS había declarado la pandemia de Covid-19, y su publicación apareció en el Diario Oficial de la Federación apenas el 23 de marzo, 12 días después de la declaratoria mundial.
El retraso de la autoridad sanitaria tuvo repercusiones en muchas otras áreas, especialmente en las relaciones laborales contractuales, pues en un primer momento los trabajadores se quedaron sin defensa frente a eventuales despidos, sin garantías de la obligación patronal para restablecer las relaciones de trabajo y los derechos adquiridos una vez que esta contingencia sanitaria se levante (artículo 32-Bis de la Ley Federal del Trabajo).
No fue sino hasta el 30 de marzo que se declaró que la Covid-19 daba lugar a una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Al declarar esto, las situaciones laborales en el país podrían haber transitado sin sobresaltos, pero se generó un efecto que vamos a padecer en los próximos meses porque la enfermedad de la Covid-19 y todas sus condiciones han sido y serán utilizadas para esgrimir excepciones al cumplimiento de los contratos civiles y mercantiles.
El 6 de abril se dictó otro decreto con medidas adicionales y lineamientos técnicos que volvió a provocar confusiones por su mala técnica jurídica. Esta vez incluyeron como actividades esenciales las vinculadas con los proyectos que el presidente de la República considera prioritarios. De inmediato se produjeron conflictos y segmentaciones de mercado, pues si una empresa produce acero, vidrio o cemento destinado a la construcción del Tren Maya, adquiere una condición privilegiada respecto a otras empresas que producen el mismo bien pero que no están vinculadas a dicha obra. Lo que tenemos es, pues, un problema de competencia económica muy serio sujeto a litigios ulteriores.
Otro ejemplo se registró el 13 de mayo cuando fue publicado en el Diario Oficial un nuevo acuerdo en el cual se determinó la forma del retorno escalonado a clases. Nuevo desorden, pues esa mañana, en la versión electrónica del DOF el acuerdo apareció signado por el Consejo de Salubridad General, pero unas pocas horas después se retiró, se cambió su índice, se modificó y al día siguiente se presentó el mismo acuerdo, esta vez firmado por la Secretaría de Salud. ¿Qué significa esto? Una ausencia de mando y una disputa de atribuciones inadmisible en una situación de emergencia como la que seguimos viviendo.
Un último ejemplo. El 29 de mayo se publicaron en el Diario Oficial los lineamientos técnicos expedidos por las secretarías de Salud, de Economía, de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante los cuales establecen las condiciones de regreso a partir del 1 de junio en materia económica. El acuerdo asume el “sistema de semáforo” de la Secretaría de Salud, toma en cuenta las actividades esenciales y no esenciales, y adicionalmente lo conjuga con el tamaño de las empresas y el tipo de actividad que realizan. El documento vuelve a incurrir en los mismos errores que ha presentado toda la producción legislativa frente a la pandemia. En primer lugar, no queda claro cuál es su carácter estricto y obligatorio. Y lo más grave: todo el sistema de reapertura económica está planteado como una “autoevaluación”, es decir, será cada empresa la que determine su propia condición y los términos que le son aplicables (y los que no). Una fuente de problemas, omisiones y abusos muy previsible.
Política de Aislamiento Social: México, América Latina y Nuestra Situación Subnacional
El aislamiento social o política de confinamiento se convirtió en el antídoto por excelencia para evitar el contagio y la consiguiente propagación del coronavirus en todo el mundo. La ejecución de las medidas de aislamiento social (la política económica que la sostenga), junto a la preparación sanitaria y hospitalaria se convierten en factores determinantes de la lucha contra la Covid-19.
El mal desempeño de México en comparación con el resto de América Latina tanto en el índice de adopción de políticas públicas de contención del Covid-19, como en movilidad poblacional, es un reflejo de la falta de una respuesta nacional, coherente, temprana, coordinada y proporcional al desafío, desde el gobierno federal. La lentitud e inconsistencia en la respuesta del gobierno federal provocó, como hemos visto, que la sociedad civil y los gobiernos estatales y locales quedaran en la primera línea de actuación frente a la pandemia. Producto del vacío nacional, el distanciamiento se convirtió en una política estrictamente local.
Dejados en el papel protagónico en la respuesta a la pandemia, los gobiernos subnacionales actuaron en distintos momentos y con muy distintos grados de efectividad. Así, otra gran conclusión de nuestra experiencia como país es la gran heterogeneidad subnacional en el alcance y ritmo de adopción de medidas de control y contención de la Covid-19.
“La falta de preparación, la subestimación de un problema grave aparece más claramente si comparamos estas cifras con el gasto ejercido para otras emergencias sanitarias enfrentadas por México en el siglo XXI.”
La Experiencia Internacional: Lecciones Ignoradas
“México tuvo tiempo para prepararse” es una frase que se repite en nuestra discusión pública. Del primer caso reconocido en el planeta (17 de noviembre de 2019); del primer caso fuera de China (en Tailandia, el 13 de enero de 2020); del gran confinamiento social en Wuhan, China (23 de enero) y de la simultánea propagación del SARS-CoV-2 por otros países asiáticos, cursaron al menos ocho semanas. Y otras cuatro más, que completaron tres meses, al momento en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en México (el 28 de febrero de 2020).
Podemos afirmar que nuestro país se rezagó y se sigue rezagando en la tarea de aprender la experiencia del mundo. Con base en la abundante literatura internacional producida hasta hoy, podemos hacer un recuento de las lecciones indispensables que deberían ser parte ya de la discusión y de la política pública en México. Algunas de las lecciones internacionales que vale la pena subrayar son:
- Realización de pruebas masivas.
- El personal médico y el reforzamiento de la infraestructura y equipamiento hospitalario son piezas esenciales para el manejo de una epidemia.
- La estrategia de acción económica debe acompañar y reforzar a las medidas sanitarias.
- La imperiosa necesidad de la trazabilidad.
- El uso y la ciencia del cubrebocas.
- La claridad y transparencia de la información de gobierno resulta esencial.
- Los planes para la reapertura no se deben apresurar.
- Predeterminar una fecha para la reapertura es un error.
- Suspensión temprana y control riguroso de eventos masivos.
- Control fronterizo, especialmente aéreo.
- Hacia una epidemiología de precisión.
- Comunicar lo que ignoramos y aquello en lo que no hemos podido acertar.
La Inexplicable Ausencia de Pruebas
El 16 de marzo, frente a la rápida transmisión del coronavirus en el mundo, el director general de la OMS envió a todos los países un mensaje que pronto se volvería un emblema: “Pruebas, pruebas, pruebas. Prueben cada caso sospechoso”. En México, exactamente el mismo día, la autoridad responsable señaló otra cosa: “Hay una expectativa pública, que me parece que en cierta manera ha sido alimentada, no creo que sea tan espontánea, de comparar la cantidad de pruebas que se han hecho en otros países, y tratar de relacionarlas con la eficacia, con la efectividad de las intervenciones”.
Por eso, al 1 de julio de este año, México seguía ocupando el penúltimo lugar en el número de pruebas aplicadas para identificar la Covid-19, entre los 25 países más afectados del mundo. Desde la confirmación de los primeros casos de coronavirus en México, la política del gobierno federal ha sido consistente: la aplicación de pruebas no es prioritaria.
La Reconversión sin Plan: La Atención Hospitalaria Real en México
El rubro de salud es un sistema que acusa un grave rezago en inversión de infraestructura física, material y con recursos presupuestarios decrecientes. Como apunta el economista Enrique Provencio, a precios de 2020, el gasto del Ramo en Salud ha perdido ya aproximadamente 50,000 millones de pesos. Se ha reducido 21% entre 2013 y 2018 y, lejos de ser corregida, esta situación fue mantenida en los dos años de la presente administración aun con el conocimiento cierto de una pandemia inminente.
La falta de preparación, la subestimación de un problema grave aparece más claramente si comparamos estas cifras con el gasto ejercido para otras emergencias sanitarias enfrentadas por México en el siglo XXI. El presupuesto 2020 para vigilancia epidemiológica fue 36% menor al presupuesto ordenado para combatir la influenza H1N1 en 2009, y es 28% menor a lo que en su momento se destinó frente al virus del Zika, en 2016.
Igualmente visible ha sido la errática adquisición de equipo adecuado y suficiente. La compra de pruebas, equipamiento médico, ventiladores, trajes, mascarillas y guantes se inició 24 días después del primer caso de Covid-19 registrado en el país, es decir, las compras se realizaron apenas el 23 de marzo, cuando ya habíamos entrado a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta situación de precariedad y falta de previsión continúa: tras más de 150 días de pandemia en México, el sistema de salud acusa una carencia absoluta de un medicamento clave para la atención de los pacientes: la norepinefrina.
La Ciencia del Cubrebocas y su Negación
La pertinencia, eficacia y utilidad del cubrebocas. Ésta ha sido una discusión mundial y temprana, originada casi al mismo tiempo que el salto interespecies del nuevo SARS-CoV-2. El conocimiento de la biología, de la capacidad de contagio y de las formas de propagación del virus ha ido ensanchándose en todo el mundo y hoy contamos con información nueva, más robusta y con una abrumadora evidencia acerca de la utilidad del uso masivo y cotidiano del cubrebocas: la medida más sencilla, accesible a toda la población, barata y de gran eficacia para controlar a la pandemia.
La investigación científica mundial impulsó a la propia OMS para adaptar su postura inicial y promover de modo más decidido el uso extendido, social, del cubrebocas. Además, la OMS afirma que debería establecerse la obligación de usar mascarillas para todas aquellas personas con síntomas, despliega un manual útil para su “uso no médico” y reconoce las circunstancias (cuándo y dónde) en las cuales es obligatorio el uso de los cubrebocas, especialmente los manufacturados con tela, que son los de más fácil acceso para la población.
La Política Económica que no Llega
“La crisis económica que provoca la crisis sanitaria tuvo como respuesta, asombrosamente, más y más austeridad, lo que convirtió a la política económica en un ingrediente que la profundizó.”
Los países que sin recurrir a medidas obligatorias y coercitivas han logrado el objetivo del confinamiento, han implementado al mismo tiempo instrumentos de política económica coherentes y alineados al objetivo. En otras palabras, la política económica de la pandemia ha de ser, en primer lugar, una política que haga posible el quedarse en casa.
El objetivo sanitario es claro, pero quedarse en casa implicaría que la gente que sale cotidianamente a buscar el sustento tuviera el respaldo líquido sustituto para permanecer confinado. Y esto no fue entendido por el gobierno mexicano. Los grandes programas sociales estaban allí, funcionando con la epidemia o sin ella. Pero precisamente porque ya existían esos programas, sus beneficiarios no serían (ni lo fueron) las primeras ni las principales víctimas económicas de la pandemia. En cambio, sí lo fueron los trabajadores que perdieron su empleo, los formales e informales que vieron suspendida su fuente de ingresos. Son los perdedores generales y masivos de la crisis.
La crisis económica que provoca la crisis sanitaria tuvo como respuesta, asombrosamente, más y más austeridad, lo que convirtió a la política económica en un ingrediente que la profundizó. Importa subrayarlo aquí porque esa errada política económica se ha convertido en un factor propandemia; la necesidad de buscar ingresos propició que una gran cantidad de personas regresase a las calles. De ese modo, la crisis y la política económica de la crisis generaron la peor caída en el empleo y la producción desde que se tienen registros y, por desgracia, el mayor ascenso de la pobreza en décadas. Suman 925,000 los empleos formales perdidos hasta julio. La pobreza extrema podría aumentar hasta 10.7 millones de personas. En tanto, otros 10 millones comenzarán a vivir en pobreza.
