Las senadoras Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, y Susana Harp Iturribarría, de Morena, presentaron una iniciativa para reformar el Artículo 18 Constitucional en materia de reinserción social, cuyo objetivo es que los tres niveles de gobierno garanticen que las personas liberadas de los centros penitenciarios tengan acceso a políticas transversales, con enfoque de género y prevención social de la violencia y de la delincuencia; además, deben favorecerlas con condiciones de vida digna, junto con sus familias y su entorno social.
Las legisladoras presentaron el proyecto de decreto firmado también por legisladores de los partidos PAN, PRI, PRD, apoyados con las propuestas de más de 70 organizaciones civiles. En las modificaciones al mandato constitucional sugieren también que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Además, en reclusión se debe garantizar el trato digno y humanitario basado en el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud física y emocional, la cultura y el deporte como medios para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad y procurar la no reincidencia.
La iniciativa propone que las mujeres cumplan sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. La federación y las entidades federativas celebrarán convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
Las legisladoras explicaron que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), el 35.9% de las personas reincidentes en prisión reincidió en el primer año después de la puesta en libertad.
Los datos se agravan al considerar la enorme cifra sobre reincidencia, pues según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 93% de los delitos no se denunciaron o no se inició una averiguación. Previa y del total de averiguaciones previas abiertas sólo el 20% tuvo alguna consecuencia jurídica. Es decir, solo 1.4% de los delitos tiene consecuencias penales.
La propuesta de las legisladoras fue turnada a las comisiones unidades de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.
