Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, fue vinculado a proceso por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita al adquirir un inmueble dentro del territorio nacional con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita.
En este caso, la Fiscalía General de la República lo investigó por recibir sobornos antes del sexenio de Enrique Peña Nieto y posteriormente, ya como director de la empresa del Estado, comprar una planta chatarra, Agro Nitrogenados a Altos hornos de México.
El Juez de Control José Artemio Zúñiga Mendoza dictó como medidas cautelares la estancia del imputado en el hospital privado, con vigilancia federal y una vez que sea dado de alta se trasladará a un inmueble.
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El juez aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República que no pidió prisión preventiva justificada.
Se le colocó un brazalete electrónico y se le retirarán pasaporte y visa para evitar que deje el país. Asimismo, deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el Centro de Justicia Federal.
El juez dio un plazo de seis meses que también solicitó la FGR para llevar a cabo la investigación complementaria.
Esta audiencia inicial tuvo una duración de 11 horas y sólo 4 intervenciones breves del acusado. El día de hoy continuará la audiencia por el caso Odebrecht.
Las declaraciones
A través de videoconferencia desde una habitación del hospital Ángeles del Pedregal, Emilio Lozoya declaró que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan.
La FGR lo acusa de comprar una casa con dinero proveniente de sobornos por parte de Altos Hornos de México.
De igual manera, acusa directamente al dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, de trasferir más de 3 millones de pesos a la cuenta de Gilda Susana Lozoya con los que adquirieron el bien inmueble.
A pesar de las acusaciones, Lozoya reiteró que fue “sistemáticamente intimidado, presionado” e “instrumentalizado” y que, “denunciaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso en colaborar con las autoridades del Estado mexicano”.
Indicó que el inmueble en cuestión fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública.
Miguel Ontiveros, defensa de Lozoya, reconoció que su cliente pidió a la FGR un criterio de oportunidad, que se está gestando con el fin de “hablar con la verdad… y finalmente hacer justicia”.
Añadió que Lozoya señalará cada nombre y cargo a quienes lo intimidaron, presionaron e instumentalizaron.
FGR se queda corta
El Juez Zúñiga Mendoza consideró que la FGR omitió imputar uso indebido de atribuciones pese a evidenciar el daño patrimonial a Pemex por más de 8 mil millones de pesos, sólo se le imputó lavado de dinero por 3.5 millones de pesos.
