La democracia mexicana enfrenta un reto a futuro que debe ser adecuadamente
considerado: el envejecimiento de la ciudadanía. Parece que los llamados a que
“la familia pequeña vive mejor” funcionaron, y hoy tenemos una edad media de 27
años.
Ese promedio no va a reducirse. Se espera que para 2050 sea de 46 años, y que
para una fecha tan cercana como 2034 el número de personas mayores sea igual
al de niñas y niños.
Si estos datos, que surgen tanto de la Encuesta Intercensal 2015 como del
documento “Envejecimiento de la población de México. Reto del siglo XXI” son
ciertos, entonces la democracia mexicana debe prepararse.
Las personas mayores representan aproximadamente el 12% del total de la
población, son también alrededor del 16% de quienes pueden votar; y si bien se
ha dicho que a mayor edad se vota más, también es cierto que aumentan las
posibilidades de vivir con una discapacidad, en precariedad o en vulnerabilidad
social.
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Debemos precisar entonces varios aspectos, para construir una agenda
gerontológica de la democracia mexicana, que por guía rectora debe tener la
maximización de los derechos. Algunos de los puntos a aclarar son los siguientes:
¿Cómo afecta la edad a la participación ciudadana? Esto es, los procesos de
envejecimiento de qué manera limitan el ejercicio de atribuciones ciudadanas,
como el participar en los debates públicos (desde la propia comunidad o barrio) y
el acceso a la información relevante para tomar decisiones políticas.
¿Qué mecanismos pueden ofrecerse para garantizar el voto? Tales como el
sufragio postal o, incluso, urnas itinerantes.
Las situaciones de discapacidad o de vulnerabilidad social en que pueden
encontrarse las personas mayores, ¿les hacen más vulnerables a intentos de
compra y coacción del voto? Si la respuesta es positiva, ¿qué programas o
acciones son las adecuadas para evitar estos riesgos?
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¿Qué impacto tiene en el ejercicio del voto de las personas cuidadoras? Sabemos
que los cuidados de las personas mayores que los requieren han recaído
históricamente, de forma injusta, mayoritariamente en mujeres. ¿Qué acciones
deben tomarse para, además de lograr una sociedad más justa, garantizar el
pleno ejercicio de los derechos político-electorales de quienes realizan labores de
cuidado?
Debe ser interés de las autoridades electorales y de los partidos políticos la
construcción de esa agenda gerontológica de la democracia mexicana. Su
elaboración debe partir de la escucha de las ciudadanas y los ciudadanos
mayores, no de la romantización de la tercera edad ni de la suposición o los
estereotipos.
Trabajemos lo urgente sin olvidar lo importante.
