La identidad de las personas y los métodos para demostrarla o confirmarla ante otros individuos, empresas o entidades gubernamentales, son un pilar para el establecimiento de confianza y seguridad en la economía global. Sistemas confiables de identificación digital pueden traducirse en grandes beneficios para las personas, gobierno y empresas permitiendo reducir costos, disminuir la burocracia, aumentar la eficiencia e impulsar la innovación en la prestación de servicios públicos y privados.
Lo anterior, aunado al riesgo creciente de robo de identidad tanto en México como en el mundo, ha generado un alto interés por parte de los gobiernos, de la industria financiera, de tecnologías de la información y de comunicaciones en general, para analizar y desarrollar ecosistemas confiables de identidad. El principal objetivo del presente artículo es ahondar en esta situación y detonar la conversación respecto de su impacto, avances y casos de uso en México.
La identidad es la característica de ser una persona en concreto y no otra, lo cual se determina por un conjunto de atributos que la diferencian y la vuelven única. La importancia de la identidad radica en la validación de dichos atributos para demostrar que somos quienes afirmamos ser. Cuantos más atributos haya para validar, más fuerte será la confianza sobre dicha identidad.
El conjunto de atributos al que me refiero puede integrarse por la suma de rasgos inherentes al individuo (altura, edad, fecha de nacimiento, biometrías, etc.), así como rasgos acumulados en el tiempo (expedientes médicos, preferencias, comportamientos, etc.) y datos asignados por entes públicos y/o privados (teléfono, e-mail, núm. de empleado, RFC, CURP o núm. de pasaporte). Estos atributos a su vez pueden ser estáticos, de poca variación, o dinámicos, es decir, van siendo modificables o cambian con el paso del tiempo.
Antes de iniciar este análisis, vale la pena establecer una diferencia entre dos procesos que vamos a revisar a lo largo del presente artículo: identificación y autenticación. El primero se refiere al proceso que permite determinar la identidad de una persona, es decir, tener certeza de: ¿quién es esta persona? En este caso, la persona se debe diferenciar entre un gran grupo de personas. Este proceso lo llevamos a cabo cuando por primera vez tenemos contacto con una nueva persona o entidad. Esta entidad querrá saber quiénes somos y confirmar que no somos otra persona. Una vez que confíe en lo que aportemos para identificarnos, creará métodos para poder autenticarnos en el futuro con esta misma entidad.
La autenticación es un proceso de verificación de una identidad previamente registrada ante alguna entidad, donde se comparan los datos presentados contra los expedientes, bases o registros ya almacenados de esa misma persona. En este proceso la entidad quiere saber: ¿esta persona es o no es X persona? En este caso los datos de la persona se comparan ante un registro de datos determinado que solo confirma su similitud o diferencia.
Los principales factores para lograr estos dos procesos se pueden dividir en cuatro categorías: factor de conocimiento (algo que sé), información o datos que solo una determinada persona pueda o deba saber; factor de posesión (algo que tengo): objetos físicos o virtuales que solo una persona determinada pueda tener acceso a ellos; factor fisiológico (algo que soy): rasgos físicos del cuerpo de una persona; factor de conducta (algo que hago): rasgos de nuestro comportamiento que nos hacen únicos.
Importancia de la Identidad
En términos legales, la identidad implica el reconocimiento del Estado de la existencia de las personas. Es decir, la identidad legal otorga ciudadanía, siendo por ello un derecho que habilita otros derechos. Muchas de las actividades de interacción del día a día exigen de conocer la identidad legal de una persona, para determinar si existen las condiciones necesarias para que se produzca una acción.
El derecho a la identidad de las personas está incluido en el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989, donde abarca el derecho a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a ser inscrito en un registro público de identidad. En México, en 2014, se reformó el artículo 4 de la Constitución Política para reconocer el derecho a la identidad y al registro desde el nacimiento. Cabe señalar que la importancia de la existencia de estos registros públicos de nacimiento radica en su función, que permite confirmar a terceros nuestra identidad.
“La importancia de la identidad radica en la validación de sus atributos para demostrar que somos quienes afirmamos ser. Cuantos más atributos haya para validar, más fuerte será la confianza sobre dicha identidad.”
No contar con un registro de nacimiento o un documento de identidad puede excluir a las personas de varias esferas públicas y privadas. Estas consecuencias negativas no se limitan únicamente a los derechos y las oportunidades individuales, también tienen alcance público. Poder verificar de manera fidedigna la identidad de la población es crítico para que los países presten servicios públicos con eficiencia, fortalezcan su capacidad recaudatoria y fomenten el crecimiento económico. Por todos estos motivos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la meta 16.9 dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que busca garantizar para el año 2030 el derecho a la identidad para todas las personas en el mundo mediante el registro de nacimiento.
Lo anterior, se convierte tanto en un reto como en una oportunidad mucho más evidente e importante dado el mundo conectado y digital en que vivimos. No sólo porque nuestras relaciones e interacciones son más numerosas, también porque evolucionan de físicas y presenciales a virtuales, y totalmente a distancia e incluso dentro de plataformas o aplicaciones fuera de nuestras fronteras.
Lo que implica la necesidad de cambiar documentos de identidad físicos por métodos de validación o verificación de identidad digitales, y la oportunidad se encuentra en el uso de nuevas herramientas que permitan alcanzar a un mayor número de personas para brindarles certeza en cuanto a sus registros de identidad.
“La autenticación es un proceso de verificación de una identidad previamente registrada ante alguna entidad, donde se comparan los datos presentados contra los expedientes, bases o registros ya almacenados de esa misma persona.”
Para México, el reto pendiente en el tema de identidad radica en que a pesar de que una parte de la población cuenta con documentos y registros físicos de identidad, no tiene a su disposición métodos fiables para validarlos. Lo que la limita y la pone en riesgo de un potencial mal uso o robo de su identidad por terceros. Según estimaciones del McKinsey Global Institute, 3,400 millones de personas cuentan con alguna forma de identificación, pero tienen limitaciones para usarla.[1] Según datos del INEGI, al menos un millón de personas no cuentan con registro de nacimiento[2] y poco más de 90 millones de adultos mexicanos están registrados en el padrón electoral del INE.[3] Por lo que nuestro problema es de confiabilidad de los documentos o métodos de validación de identidad.
La confiabilidad se refiere al grado de certeza de que la identidad es real y pertenece a la persona que la utiliza. Esta cualidad dependerá de los métodos de seguridad y disponibilidad que las entidades públicas cubran para la captura, almacenamiento y consulta de los datos de identidad.
La Clave Única de Registro de Población (CURP), es el medio definido por el Estado mexicano para registrar e identificar en forma individual a las personas, pero carece de un medio para acreditar biométricamente que las personas son quienes dicen ser, tanto en actos presenciales como digitales.
Adicional a esto, varias entidades públicas cuentan con sus propios registros o documentos de identidad como el RFC, el número de seguridad social, pasaporte, etc. Pero todas ellas padecen de problemas que deberán ser atendidos en el futuro: ¿cómo puede alguien estar seguro de que quien presenta un identificador o documento de identidad es la persona registrada ante la autoridad?, ¿el registro realizado en esa entidad es confiable? ¿En cuál de estos registros debo confiar si sus datos no coinciden?
Robo de Identidad
El robo de identidad describe la acción maliciosa concerniente al uso indebido y/o no autorizado de datos, información o factores de autenticación concernientes a una persona determinada para hacerse pasar por ella, llegando a asumir su identidad ante otras personas, con la posibilidad de obtener beneficios o privilegios que le correspondían a esa persona.
Dentro de este concepto se puede incluir el apoderamiento y posterior uso no autorizado, de una tarjeta de crédito, una identificación oficial, así como claves o contraseñas para ingresar a sistemas, aplicaciones móviles o sitios web de entidades públicas.
De acuerdo con el Banco de México, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en términos de robo de identidad, donde más de la mitad del total de casos se ocasiona por la pérdida de documentos o por el robo de carteras y portafolios.[4] Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó recientemente, en el marco del “Convenio de Adhesión a las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad”, signado en agosto de 2016, por dicha asociación, el INAI, el INE, el SAT, y la CNBV, que este delito había causado perjuicios por 120 millones de pesos anuales y seguía al alza.[5]
Como se puede observar, el robo de identidad puede suponer importantes problemas económicos para las empresas y personas, quienes al ser engañadas pueden verse afectados en sus bienes o posesiones, siendo víctimas de fraudes. A esto hay que adicionar dos problemáticas que afectan a las personas que han sufrido este tipo de acciones:
El tiempo que transcurre entre la acción del mal uso de su identidad y el conocimiento de la victima de los daños que esto le causó. La complejidad de demostrar que una persona no fue quien realizó las acciones que se le imputan, ya que hasta que no logre convencer al acreedor o beneficiario, de esta situación, todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del mal uso de su identidad deberán ser enfrentadas por la victima de este tipo de fraude.
A pesar de todo lo anterior, esta acción no es un delito como tal tipificado en nuestro ordenamiento legal, pero existen acciones similares que si están penadas como delitos.
“El robo de identidad describe la acción maliciosa concerniente al uso indebido y/o no autorizado de datos, información o factores de autenticación concernientes a una persona determinada con la posibilidad de obtener beneficios o privilegios que le correspondían a esa persona.”
[1] Véase McKinsey Global Institute. Disponible en: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth.
[2] INEGI. Comunicado de prensa núm. 16/19, enero de 2019. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/identidad2019.pdf
[3] INE. Estadísticas Lista nominal y padrón electoral. Disponible en: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/.
[4] Edgar Amigón. “Robo de identidad, un delito en aumento”. Primer Plano. Disponible en: https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/186/robo.pdf
[5] Gaceta del Senado de la República, septiembre de 2016. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/65581
