Partidos de oposición e instituciones educativas promoverán acciones jurídicas en contra de la Ley de Educación aprobada el pasado 15 de mayo por el Congreso de Puebla por considerarla inconstitucional.
Los legisladores del PAN y PRI han declarado que la ley otorga al gobierno control sobre las instituciones de educación privada en el estado, por lo que buscarán impugnar la Ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Señalan que la ley aprobada tiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica y es un atentado contra la propiedad privada.
Asimismo, la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares promoverá un amparo para las 25 instituciones afiliadas.
No obstante, el gobernador Miguel Barbosa ha defendido la ley “no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras”; refiriéndose a los desvíos de recursos en los que están involucradas diferentes instituciones educativas.
Aseveró que la educación debe ser “absolutamente accesible que pueda ser vista como un derecho de toda persona” y que la ley es una norma avanzada en educación y reitera que sí respeta la autonomía de las universidades.
Ley de Educación de Puebla
El gobernador Barbosa envió la iniciativa el 11 de mayo a la Comisión Permanente y esta la turnó a la Comisión de Educación para su análisis.
Sin embargo, el 15 de mayo el Congreso de Puebla aprobó la Ley de Educación y de haber sido aprobada en fast track, sin previa discusión y fue publicada el 18 de mayo en el Periódico Oficial del Estado.
Señalan que uno de los artículos más controversiales es el 105 en el que señala “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares (…) forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
El concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país.
— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 24, 2020
Sin embargo, la SEP Puebla aclaró que la ley no contempla que los inmuebles sean propiedad del Estado y que la ley se armoniza con la Ley General de Educación.
Establece multas de hasta 440 mil pesos a escuelas que retengan documentos por falta de pago o que nieguen proporcionar educación.
