- En la primera etapa sólo se aplicará en delitos menores.
- A partir del segundo semestre del 2015 se ampliará a delitos graves.
- Su implementación en el DF equivale a la de 13 Estados o a la de Argentina.
En punto de la media noche del pasado 16 de enero, la Ciudad de México se sumó al resto de las entidades en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral. En un acto simbólico, en el Altar a la Patria en Chapultepec, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio el martillazo oficial para poner en marcha 40 salas dedicadas a la oralidad. Como testigos de honor lo acompañaron Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación; Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) y Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF.
De esta manera, el Distrito Federal entró de lleno en la oralidad, pues ya había iniciado en materia civil y mercantil en 2013 y familiar apenas en 2014, dando inicio la primera etapa de la instauración del nuevo sistema penal que por el momento sólo contempla los delitos perseguidos por querella o cometidos por negligencia; mismos que representan aproximadamente el 58% de la incidencia delictiva de esta capital. Es así que de acuerdo con estimaciones del gobierno capitalino, de cerca de 100 mil averiguaciones o procesos que pudieran llegar a instaurarse, se concluirán de manera anticipada. Cabe recordar que este esfuerzo de las instituciones de justicia capitalinas requirió además una inversión de 200 millones de pesos utilizada en los 9 mil 500 metros cuadrados de superficie en la calle Doctor Lavista de la colonia Doctores.
Se trata, de acuerdo con declaraciones del Presidente del TSJDF, de un ejercicio jurídico para encontrar posibles fallas y preparar a todos los actores, ya que en la segunda etapa de implementación, el nuevo sistema penal en la capital del país se extenderá a los delitos graves, lo cual sucederá a mediados de 2015 y en el segundo semestre de 2016 a todos los crímenes en la que será su última y tercera etapa. Con esta acción el gobierno capitalino llega de manera puntual a su cita con el mandato constitucional y confía para que el próximo 16 de junio de 2016 esté implementado en toda la República mexicana el sistema procesal acusatorio.
Implementar el sistema
acusatorio en el DF equivale
a hacerlo en 13 estados de la
República o en la totalidad de
países como Argentina y Chile.
En este nuevo escenario procesal el GDF se dio a la tarea de impulsar una serie de preparativos entre cada una de las instituciones que participan, desde la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia capitalina, el TSJDF y la Consejería Jurídica. El tribunal participa con 45 jueces y con 40 salas de oralidad que realizarán sus funciones y su tarea en el nuevo edificio de salas penales. Por su parte, las 33 fiscalías de la PGJDF encargadas de perseguir delitos culposos y por querella entran totalmente en funciones dentro de este nuevo sistema y se pone en operación una red de 20 módulos de atención oportuna y 8 unidades de mediación para fortalecer el acceso a la justicia y por supuesto la conciliación.
Los elementos de la policía preventiva han recibido una capacitación específica y estará encargada de la custodia, así como de la tarea previa en la preservación de lugares de los hechos y en la cadena de custodia para los efectos probatorios. Asimismo, se pusieron en marcha 18 centros de detención con módulos de medidas cautelares en cada uno de los reclusorios preventivos y en el Centro Femenil de Readaptación Social con una dirección ejecutiva de seguridad procesal, la cual tendrá a su cargo y bajo su tarea la vigilancia y resguardo en el interior de las salas de juicios orales y por supuesto de los traslados. Además, se capacitaron a 924 servidores públicos que se suman en esta tarea de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y la preparación de 360 defensores de oficio con lo que reconocemos la tarea de la Consejería Jurídica y de este órgano ocupado de la defensa de las personas en la Ciudad de México.
Los avances que presenta el nuevo sistema son muchos, pero entre los más importantes está que las personas en caso de accidentes viales podrán abstenerse de acudir al Ministerio Público (MP) cuando se vean impedidos de llegar a un acuerdo. En lugar de enfrentarse a la posibilidad de ser parte de un proceso penal, tendrán la opción de acudir frente a un árbitro que apoyado por muchos especialistas mediará entre las partes para alcanzar un acuerdo pronto y conveniente. Otro gran beneficio para los ciudadanos será disminuir la posibilidad de ser sentenciados de forma injusta por un juez, una vez que todos los procesos serán grabados en video, lo que se traducirá en una vigilancia constante para las decisiones judiciales. Asimismo, en sustitución de la frialdad de los juicios escritos, tanto víctimas como acusados podrán sentir el apoyo de sus familiares y amigos que quieran acompañarlos durante audiencias que además serán públicas para todo aquel que lo desee.
El Dr. Miguel Ángel Mancera señaló durante la ceremonia, que para iniciar el nuevo sistema, además de contar con juzgados con nuevo diseño o sistemas informáticos de apoyo, fue necesario un cambio de mentalidad de los funcionarios que lo operarán. Describió que esta tarea es una invitación a que los jueces y abogados colaboren en un sistema de justicia que refuerza la transparencia, el principio de inocencia, el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos (DH).
La Ciudad de México está lista, aseveró Mancera, con los mejores hombres y mujeres para poner en operación el nuevo sistema de justicia penal en la capital. “Así respondemos a un compromiso de garantizar la impartición de justicia transparente, eficaz y con pleno respeto a los DH, para todas y para todos”. Además, advirtió que con esta acción se despejan los nubarrones de escepticismo planteados sobre la posibilidad de la implementación del sistema acusatorio. “Quizá algunas de las razones de ese escepticismo tienen que ver con que implementar el sistema acusatorio en la Ciudad de México equivale a la de 13 estados de la República Mexicana o a la implementación total de países como Argentina como y Chile”.
El Jefe de Gobierno capitalino aseveró que desde la prevención del delito hasta la sentencia del iniciado, la puesta en marcha del nuevo marco jurídico asegura con mayor apego los principios del debido proceso. Protege en todo momento, aseguró, los derechos de las víctimas; procura, como marca la Constitución, los medios alternos para la solución de controversias, la reparación del daño y la reintegración de cualquier persona que haya sido sujeta a un proceso penal a la sociedad. El cambio radical que implica el tránsito a esta nueva forma de concebir la impartición y procuración de justicia, comentó, permite brindar de manera más sencilla su acceso a ella, así como de formas más justas y expeditas de entenderla.
Se trata, informó el Jefe del GDF, de un cambio de mentalidad que se refleja en el compromiso de las instituciones de gobierno de la ciudad, para llevar a cabo su instrumentación, gracias a la colaboración y cercanía con instituciones académicas y con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. “La transición no es producto de la casualidad, ha requerido una planeación y esto ha sido un factor fundamental para que hoy, de manera exitosa, estemos comenzando. Su inicio implica un esfuerzo para llevar a cabo y para continuar con la capacitación de estructuras orgánicas y por supuesto, con la habilitación de espacios de infraestructura”.
La justicia no se logra
violando la ley.
Reconoció y agradeció el apoyo del Secretario de Gobernación, de la Dra. María de los Ángeles Fromow, titular de la SETEC y de la ALDF, por armonizar en tiempo y forma 43 ordenamientos vigentes para adaptarse al nuevo sistema, destacando también la labor realizada por el Presidente del TSJDF, Dr. Edgar Elías Azar.
Durante su intervención, el Magistrado Elías Azar enfatizó que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio es un modelo que acercará a la sociedad con una manera de encarar los conflictos judiciales en forma abierta, sin tapujos, escondrijos ni vías de arrinconamiento o escape. Explicó que se cuenta ya con 40 salas de audiencia, salas para juzgados de control, salas de juicio oral, 4 unidades de gestión administrativa, una unidad de mediación, así como tecnología de punta que facilita a las autoridades grabar audio y video de las audiencias.
Destacó que este 2015 se visualiza como el año en que los paradigmas de la justicia mexicana deben cambiar, advirtiendo que es necesario estar atentos a una procuración e impartición de justicia cada vez clara, directa y transparente, se requiere dijo, democratizar el lenguaje jurídico para hacerlo más accesible para todos. El sistema penal acusatorio, comentó Elíaz Azar, se funda más en los jueces, en la ley, y no en el peso de la fuerza. Por eso, convocó a especializar los criterios judiciales para una mejor garantía y protección de los DH; a mantener los esfuerzos para implementar la oralidad en todas las materias, así como consolidar las que ya están en marcha.
El también Presidente del Consejo de la Judicatura capitalina aseguró que el país se dirige a ser un México más justo, eficaz y fuerte, y advirtió que estos esfuerzos desplegados no son ni pueden ser labor de un sólo hombre. El compromiso, agregó, tiene que ser asumido por todos; los ideales marcados no responden al capricho de un hombre, sino que representan el reclamo de una sociedad en su conjunto y son consecuencia directa de los nuevos órdenes mundiales.
Una Nueva Etapa de Legalidad en el País
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, refirió que el gobierno de la República asume como obligación y compromiso concretar la transición hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal para lograr el México seguro y próspero al que se aspira como Nación. Reiteró que el sistema permitirá combatir la delincuencia y erradicar la impunidad. “Nos permitirá abrir una nueva etapa a favor de la legalidad en nuestro país”.
Se requirió de una inversión
de 200 millones de pesos para
crear 30 salas de audiencia,
salas para juzgados de control,
salas de juicio oral y 4 unidades
de gestión administrativa.
El objetivo, recalcó, es claro e inamovible: lograr la transición al sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional en junio de 2016 para lograr que la justicia sea cercana, accesible y confiable para la ciudadanía. Destacó que el Distrito Federal se suma a los 24 estados en donde opera de manera parcial el nuevo sistema, a los 4 en donde funciona a plenitud, y a su vez, a los 19 que han puesto en marcha el Código Nacional de Procedimientos Penales. “Ahora en la Ciudad de México los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella, serán resueltos a través de un sistema penal garantista, y esto es posible gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades locales y el Gobierno de la República”, dijo.
Acciones Institucionales
Para estar acorde con el nuevo modelo de justicia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dispuso de nueva infraestructura para sus actuaciones. Entre ellas 8 unidades de mediación, 20 módulos de atención oportuna, 6 bodegas de evidencias, 18 unidades de control de detenidos y un sistema informático denominado Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP).
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales desarrolló el modelo de gestión del nuevo Sistema de Justicia Penal para la Defensoría Pública, área hoy regida por la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal. Esta institución también dispondrá de nuevo mobiliario en las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia, así como en su centro de asistencia jurídica en línea (call center) y las oficinas centrales.
Se cuenta con 3 mil 283 servidores públicos capacitados en diferentes áreas de la PGJDF, así como 360 defensores públicos y 924 personas integrantes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. A esto se suman 55 mil 419 elementos capacitados, de la Policía de Tránsito, Bancaria e Industrial y complementarias, todos ellos conocedores del nuevos sistema.
Las 16 Fiscalías Desconcentradas, así como el edificio central de la Procuraduría capitalina, el Búnker, contarán con personal autorizado para atender y orientar a la ciudadanía en el Módulo de Atención Oportuna (MAO) y conocer la viabilidad de conciliar o arreglar previamente las quejas. Entre los servidores públicos capacitados para este nuevo Sistema Procesal Acusatorio, destacan ministerios públicos investigadores, de judicialización, de estrategias procesales, de litigación, de salas penales, de ejecución de sanciones penales, elementos de la policía de investigación y peritos, entre otros, los cuales tendrán transparencia y respeto a los DH.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal cuenta con los protocolos de Actuación Policial para la Detención de Probables Responsables en el marco del Sistema Penal Acusatorio y el de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos o del Hallazgo y Cadena de Custodia. El objetivo es establecer los lineamientos que deben seguir sus elementos y respetar los DH de las personas involucradas en la comisión de delitos.
El primer protocolo establece los supuestos bajo los cuales la policía realizará la detención de probables responsables, esto es, cuando se emitan un mandamiento ministerial, un mandamiento jurisdiccional y exista flagrancia. Además, señala que al realizar las acciones para su detención en el marco del Sistema Penal Acusatorio, se deberán respetar los DH, abstenerse de infringir, instigar o tolerar actos de intimidación, discriminación, tortura y, en general, cualquier trato cruel, inhumano o degradante. También, hacer de su conocimiento los derechos que le asisten en términos de lo dispuesto en la Constitución. Entre otros, el ordenamiento incluye políticas de operación, obligaciones de la policía, procedimientos de detención, uso de la fuerza congruente, oportuno y racional, cartilla de derechos e informe policial; mecanismos de comunicación y coordinación de la Policía con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4i4) para efectuar la detención de los probables responsables, y la capacitación y actualización permanente de los elementos policiales.
En el caso de flagrancia, los elementos policiacos podrán realizar revisiones sobre las personas y lo que éstas lleven consigo. Asimismo, cuando no haya flagrancia, están obligados a recibir de cualquier persona la denuncia, tomar conocimiento de los hechos y registrarlos en el formato de recepción de denuncias.
El segundo protocolo, establece, entre otros puntos, la obligación de la policía de realizar la preservación de los indicios o evidencias del hecho delictuoso y de manera excepcional realizará el procesamiento de los mismos, cuando lo instruya el MP, así como la obligación de dejar constancia por escrito de su participación. Además, los elementos policiales que tengan conocimiento de un hecho probablemente delictivo, deberán trasladarse al lugar señalado para confirmar la información. Realizarán todas las acciones necesarias para preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, para evitar su contaminación. La policía efectuará la Cadena de Custodia de los indicios, en detenciones, en flagrancia, en la revisión preventiva de una persona y sus posesiones cuando existan indicios de que oculta objetos relacionados con el delito.
TSJDF
A días de darse el martillazo de inicio de los juicios orales en materia penal para delitos no graves, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal asignó número de juzgado a los 40 jueces que forman parte del nuevos sistema procesal en la Ciudad de México. También se asignó juzgado a 2 jueces orales de ejecución de sanciones penales, a 3 jueces orales de justicia para adolescentes, y a 2 jueces orales de justicia para adolescentes especializados en medidas sancionadoras. Los impartidores de justicia fueron sometidos a procesos de capacitación y evaluación rigurosos, confiables, transparentes y equitativos, en el que se puso especial énfasis en la valoración del perfil ético de los candidatos. Se trató de 620 horas de capacitación, y del proceso de selección quedaron 19 jueces en reserva, los cuales aprobaron los procesos de evaluación pero se mantendrán a la espera de la apertura de más juzgados.
El programa de capacitación, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales, cumplió el propósito de asegurar el perfeccionamiento de cada una de las competencias requeridas para el óptimo desempeño en el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio. Por otra parte, se requirió de una inversión de 200 millones de pesos para crear 30 salas de audiencia, salas para juzgados de control, salas de juicio oral, cuatro unidades de gestión administrativa, en donde estarán al menos 25 trabajadores administrativos y una unidad de mediación.
